Siendo legal, el hecho de que los ministros Montero y Puente reciban una mal llamada «indemnización» (debería denominarse plus) para vivienda en Madrid mientras habitan en residencias oficiales supone el enésimo caso de dislocación moral del Ejecutivo de Sánchez. Que sus señorías reciban del erario una bonificación por ser diputados por otras provincias de la madrileña carece de todo sentido teniendo una vivienda a su disposición pagada por los españoles que se hacen cargo de este coste por duplicado. No debería hacer falta puntualizar en la norma que quien perciba un beneficio no debería optar al otro. Que se aprovechen de este dinero público va más allá del defecto estético y queda cerca del ardid para engordar su salario en un país donde los ciudadanos que pagan esa prebenda con su esfuerzo fiscal tienen dificultades para hallar una modesta «solución habitacional». Si en Madrid hay gente que no encuentra casa, difícilmente van a comprender que a los ministros se les paguen dos.
