Luz verde al decreto que regulas las condiciones de teletrabajo para los funcionarios de la Junta de Castilla y León. Un texto que se ha aprobado este jueves en Consejo de Gobierno y que establece la «prioridad» para esta modalidad laboral para quienes residan en el mundo rural o lo soliciten para conciliar su vida familiar . Se fija, además, una combinación dos días de trabajo presencial y otros tres a distancia. Se trata de una norma que busca impulsar una administración «moderna y digital», vinculando el acceso al teletrabajo «a la capacitación en competencias digitales» , según ha indicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha expresado que la intención es también garantizar «un modelo equilibrado, seguro y orientado a resultados para los empleados públicos de Castilla y León». El decreto se refiere a los funcionarios de la administración autonómica y los organismos autónomos, pero no afecta al personal docente ni al personal estatutario de los servicios sanitarios (SACyL), ni a todos aquellos que trabajen «24 horas» ni a los que sus funciones les requieran labores puramente presenciales. Así, las condiciones para acceder al teletrabajo se reservan para aquellos cuyas funciones «puedan desarrollarse plenamente a distancia y garantizando siempre la adecuada atención a las necesidades del servicio». Entre los requisitos, se exige haber desempeñado de forma presencial el puesto de trabajo, u otro con funciones equivalentes en el mismo órgano o unidad administrativa, durante «un periodo mínimo de seis meses consecutivos inmediatamente anteriores a la solicitud», lo que asegura un «conocimiento previo suficiente del puesto», ha detallado. El nuevo texto presta, además, «una atención especial a los colectivos de mayor protección, que tendrán prioridad» en el acceso. Entre estos, ha citado a víctimas de violencia de género , las personas que hayan sufrido agresiones o situaciones de acoso sexual o laboral, el personal con un grado de dependencia reconocido o discapacidad que afecte a la movilidad, quienes soliciten el teletrabajo por razones de conciliación de la vida personal y familiar, y quienes residan en municipios de Castilla y León c on menos de 2.000 habitantes , «contribuyendo así a la cohesión territorial, a la lucha contra la despoblación, y a la cobertura de los puestos más periféricos». La norma vincula además el teletrabajo a la capacitación digital, al requerir la posesión del certificado de competencias digitales del personal al servicio de la Administración de la Comunidad, recientemente creado por la Junta de Castilla y León, ha explicado. La modalidad de teletrabajo tendrá una duración inicial máxima de un año, con la posibilidad de hasta dos prórrogas adicionales, y se articulará con carácter general mediante una distribución de la jornada que combine «dos días de trabajo presencial y tres días de trabajo a distancia». Cada autorización se sustentará en un «plan individual de teletrabajo», en el que se fijarán los objetivos, la organización del trabajo, los mecanismos de seguimiento y evaluación, las franjas horarias de disponibilidad y los días concretos de prestación de servicios a distancia, reforzando la orientación a resultados y la transparencia en la gestión.
