Motociclistas rechazan prohibición de llevar acompañante y tachan de populista medida de Jerí: "Le dio un caramelo a los transportistas"

La reciente decisión del Ejecutivo de prohibir que dos personas circulen en una misma motocicleta ha generado un fuerte rechazo entre los motociclistas del país, quienes consideran que la medida es arbitraria, discriminatoria y carente de sustento técnico. El anuncio, realizado por el presidente José Jerí como parte de una estrategia para enfrentar la ola de criminalidad, tomó por sorpresa al gremio, que advirtió un impacto directo en el derecho al trabajo y al libre tránsito de millones de ciudadanos.

Desde la Asociación de Motociclistas del Perú, su vocero Ricardo Millones, dirigente gremial, sostuvo que la disposición no solo no reducirá la delincuencia, sino que perjudica exclusivamente a los usuarios formales. “Esta medida solo perjudica a los ciudadanos de bien que manejan motos, mas no a la delincuencia. El delincuente va a seguir siéndolo”, afirmó en conversación con La República.

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“Una medida arbitraria y estigmatizadora”

El gremio cuestionó que el decreto supremo contemple sanciones administrativas y el retiro del vehículo sin un análisis previo ni diálogo con los motociclistas. Para Millones, la norma parte de una generalización injusta. “Es totalmente arbitraria, discriminadora y estigmatizadora contra el ciudadano que maneja un vehículo de dos ruedas”, señaló. Y recalcó que los motociclistas también son víctimas de la inseguridad ciudadana. “Somos los primeros afectados. Primero nos roban la moto y de ahí salen a delinquir. Después botan la moto o la venden por partes, y los culpables terminamos siendo nosotros”, sostuvo.

“¿Cuándo la Policía no ha podido intervenir a personas en moto? Nosotros estamos de acuerdo con la fiscalización, que se sancione a los malos conductores y que se capture a los delincuentes, pero no que se generalice por unos pocos”, enfatizó.

Asimismo, advirtió que la prohibición afecta directamente actividades económicas que dependen de la motocicleta. “Conozco muchos técnicos que van de dos en moto para hacer servicios a empresas. Esas empresas facturan, pagan impuestos, pero ahora no van a poder operar o van a tener que elevar sus costos”, explicó Ricardo. “Están vulnerando el derecho al trabajo y al libre tránsito. Somos aproximadamente 4 millones de motociclistas a nivel nacional y entre 6 y 7 millones de usuarios si consideramos a los copilotos”, precisó.

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“El facilismo y el aplauso fácil”

Desde el gremio, la prohibición es vista como una respuesta improvisada frente a la presión social y al paro de transportistas. “Cuando no se tiene una buena estrategia, se busca lo fácil: prohibir. Eso da aplauso fácil. Son medidas mediáticas”, cuestionó Ricardo. Recordó, además, que no existe evidencia de que esta restricción funcione. “No hay ningún estudio técnico que garantice que esto reduzca la criminalidad. En Colombia se prohibió el parrillero y no funcionó. En ningún otro país se ha aplicado una medida similar”, subrayó.

También criticó que no se haya consultado al sector. “Esto salió de un momento a otro. Estábamos reunidos con el MTC porque hay más de 30.000 motos sin placa desde diciembre de 2025, y de pronto aparece esta prohibición. El presidente le dio un caramelo a los transportistas para tranquilizarlos y los perjudicados somos los motociclistas”, sostuvo.

Pese a su rechazo, la asociación reiteró su disposición al diálogo: “Hemos enviado oficios al MTC y a la PCM. Esperamos respuesta en las próximas horas. Apelamos al diálogo”. No obstante, advirtió que, de no ser escuchados, ejercerán su derecho a la protesta. “Si salimos a las calles, será de forma pacífica. Así como el Ejecutivo tiene derecho a emitir normas, nosotros tenemos el derecho legítimo de protestar”, puntualizó.

¿Cuáles fueron las medidas designadas por José Jerí?

El presidente José Jerí anunció la prohibición de que dos personas circulen en una misma motocicleta como parte de las acciones para enfrentar los recientes atentados contra choferes de transporte público. La medida, que ya había sido aplicada en 2025 y luego derogada por el rechazo del gremio motero, fue restituida ante el incremento de hechos violentos y la amenaza de un nuevo paro de transportistas.

Con la publicación del decreto supremo, el Ejecutivo busca otorgar a la Policía Nacional un marco legal que permita intervenir y sancionar, inicialmente con multas económicas, a quienes incumplan la norma. Según el mandatario, el objetivo es reforzar el principio de autoridad y evitar que situaciones consideradas de riesgo pasen desapercibidas.

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