La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmó la incapacidad permanente total de un trabajador con cáncer de la empresa de Valladolid Lingotes Especiales deriva de una enfermedad profesional causada por la exposición continuada a productos químicos en su puesto de trabajo. La sentencia del TSJ desestimó los recursos interpuestos tanto por la compañía como por la Mutua Montañesa y ratifica las resoluciones previas del Juzgado de lo Social número 4 de Valladolid, que ya en diciembre de 2019 reconoció el origen profesional de la patología, así como las posteriores resoluciones judiciales dictadas tras la intervención del Tribunal Supremo. UGT explicó que el procedimiento se ha prolongado durante más de seis años, desde el inicio del expediente administrativo y la posterior vía judicial, «obligando al trabajador a afrontar sucesivos recursos y dilaciones pese a que los tribunales han confirmado de forma reiterada la existencia de una relación directa entre la enfermedad y las condiciones de trabajo». El sindicato valoró que, finalmente, las resoluciones judiciales consideran probado que, durante décadas de actividad laboral en distintas secciones de la empresa -especialmente en machería y acabados-, el trabajador estuvo expuesto de forma habitual a aminas, resinas, limpiametales y otros contaminantes químicos, entre ellos sustancias como dimetilformamida, dimetiletilamina y fenol, recogidas en el cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006 por su potencial cancerígeno. De hecho, los tribunales concluyeron que concurren todos los elementos exigidos legalmente -diagnóstico, agente y actividad- para aplicar la presunción legal de enfermedad profesional, descartando que otros factores personales alegados puedan romper el nexo causal con la exposición laboral. Por eso, la Sección Sindical de UGT FICA en Lingotes Especiales valoró «muy positivamente» el fallo definitivo, ya que «supone un reconocimiento a una larga lucha en defensa de la salud laboral y de los derechos del trabajador, así como un respaldo a la labor sindical desarrollada en la empresa». La nota, recogida por Ical, añadió que el caso pone de manifiesto el «elevado» coste personal y temporal que soportan los trabajadores cuando se cuestiona de forma sistemática el origen profesional de enfermedades graves, y consideró que esta sentencia firme constituye un precedente «relevante» para el conjunto del sector industrial y de la fundición.
