El 75% de los nuevos alquileres de temporada de las ciudades son fraudulentos
El 75% de la nueva oferta de alquileres de temporada de las grandes ciudades que sale al mercado es fraudulenta. Así lo estiman desde el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez.
Aunque este tipo de alojamientos están regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la vivienda no debe destinarse a vivienda habitual y permanente del arrendatario –no tienen un límite máximo o mínimo de duración del contrato, aunque se recomienda incluir en el mismo el tiempo de duración y la residencia habitual del inquilino–, lo cierto es que se ha extendido cada vez más en los últimos años en las grandes urbes precisamente para esquivar las limitaciones de precios introducidas por la Ley de Vivienda y usarse, en muchos casos, como domicilio habitual. Una circunstancia que está minando la oferta de alquiler tradicional, tensionando más sus precios.
Según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda, en Madrid, la oferta de alquileres de temporada se ha triplicado respecto a 2023. En ciudades como Barcelona, Cádiz o San Sebastián, los contratos de temporada representan ya en torno a ocho de cada diez anuncios que recogen los portales inmobiliarios.
Idealista asegura que, en el segundo trimestre de 2025, el último periodo del que ha ofrecido datos, el peso de este tipo de alquileres –distintos a los turísticos– ya había llegado hasta el 15% del mercado, con un incremento interanual de la oferta del 26%.
Para frenar el fraude en esta modalidad de arrendamientos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la semana pasada que en los próximos días se aprobará un decreto ley que, entre otras medidas, contempla la protección de los inquilinos e inquilinas frente a contratos inestables de corta duración que se renuevan cada año, evitando «subidas anuales indiscriminadas del alquiler cuando haya una voluntad de residencia habitual». Además, el Gobierno extenderá el control de precios a los contratos temporales en aquellas comunidades autónomas que hayan declarado zonas tensionadas y se creará un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.
El Gobierno ha optado por la alternativa del decreto ley para ordenar este sector para dar un empujón definitivo a la modificación de la LAU que hay en tramitación en el Congreso y que incluye la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones. «Tenemos un texto de acuerdo en el Congreso de los Diputados que llevado al Consejo de Ministros será ley y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)», según ha asegurado la ministra. Según Rodríguez, el interés del Ministerio de Vivienda y del Gobierno es «acabar con el fraude que se está produciendo en el ámbito del alquiler, contener los precios, bajar los precios y dar estabilidad a los contratos y eso solo se consigue si abordamos ese proyecto que en estos momentos estaba en el Congreso».
La ley, registrada por los sindicatos de inquilinos en la Cámara Baja, cuenta con el compromiso del PSOE y el PNV, que se sumaron el pasado noviembre, y de los partidos que ya se habían posicionado a favor –ERC, Bildu, Sumar, Podemos y BNG–. Sin embargo, no parece tan al alcance de salir adelante como pudiera parecer.
Para empezar, necesita de los votos de Junts para que sea aprobada. Y recabar el apoyo de los secesionistas catalanes no parece tarea fácil para el Gobierno dado el alejamiento actual entre ambas partes. Además, el proyecto que está en el Congreso no recoge la medida estrella anunciada por Sánchez y contemplada en el decreto ley del Ejecutivo, la desgravación del 100% del IRPF para los propietarios que congelen las rentas al renovar los alquileres. Y este punto no cuenta para empezar con el apoyo de su propio socio de gobierno, Sumar.
Sumar asegura que no apoyará la desgravación fiscal del 100% en el IRPF de los alquileres
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha advertido de que no apoyará «nunca» una solución para la crisis de vivienda que pase por las bonificaciones fiscales a los caseros. «Le hemos reiterado al PSOE que no estamos de acuerdo con esto y no hemos visto a otros socios apoyar tampoco esta decisión», ha avisado Bustinduy.
Las medidas anunciadas por Sánchez no son las primeras tendentes a tratar de acabar con el fraude en el mercado de los alquileres de temporada. Desde el 2 de enero de 2025, todos los alquileres de temporada deben contar con un NRA (Número de Registro de Alquiler), expedido por el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles. Desde esa fecha, y con un plazo adicional que finalizó el 1 de julio de 2025, dichos alojamientos tienen la obligación de contar con un NRA y comunicar cualquier cambio.