El pasado 17 de octubre de 2024 expiró el plazo para que España, y los demás estados de la UE, transpusieran la directiva de Resiliencia de las Entidades Críticas, que obliga a reforzar la seguridad en las infraestructuras , como el transporte ferroviario. Sin embargo, el Gobierno español hizo caso omiso al mandato europeo y, a día de hoy, sigue sin haber adoptado una norma que impone a los gestores públicos y a las empresas nuevas exigencias para aumentar la «prevención y protección» de los servicios esenciales frente a riesgos tecnológicos, sabotajes, ataques terroristas, fenómenos naturales o cualquier amenaza que pueda ponerlos en peligro. La directiva se aplica a todo el transporte, la energía, la industria química, el ciclo del...
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