La Audiencia de Sevilla no ha necesitado finalmente las dos sesiones que tenía previstas para este miércoles y el jueves, para juzgar a una mujer responsable del club de alterne Opium del polígono Store de la capital andaluza y varias personas más, por cargos no autorizados en tarjetas bancarias de clientes del local que previamente habían quedado semiinconscientes, por el consumo de una sustancia indeterminada supuestamente administrada para tal fin. Y es que todo ha quedado resuelto en una sesión de apenas una hora, en la que la Fiscalía ha retirado sus cargos por supuestos delitos de robo con violencia y contra la salud pública , manifestando que «no ha quedado acreditado quién suministró las sustancias narcotizantes» a los clientes del prostíbulo afectados por los hechos. El fiscal ha mantenido exclusivamente su acusación por un delito de estafa en su modalidad continuada contra tres mujeres inculpadas en la causa, incluyendo la encargada del local, que han reconocido tal extremo y han aceptado una pena de seis meses de prisión cada una de ellas. Empero, dicha pena ha quedado finalmente suspendida siempre que las encartadas no vuelvan a delinquir en un periodo de dos años y que cumplan su compromiso de pago de las indemnizaciones acordadas respecto a los clientes que han reclamado un resarcimiento. En el escrito inicial de acusación de la Fiscalía, el Ministerio Público detalla que los hechos habrían acontecido en el citado establecimiento del polígono Store, donde « se ejercía la prostitución por un número indeterminado y rotatorio de mujeres» , negocio «regentado y controlado» por la principal acusada, una ciudadana de origen colombiano viuda del que fuera titular de la actividad de la sala, fallecido en 2016. El mencionado club de alterne, recordémoslo, f ue objeto en 2013 de una operación policial saldada con 13 arrestos por una supuesta organización que explotaba sexualmente a mujeres procedentes de distintos países latinoamericanos y de Europa del Este; siendo además descubiertas numerosas dosis de cocaína, marihuana y éxtasis en el local, precintado a cuenta de la actuación policial. Según la Fiscalía, la citada mujer principal acusada en la causa «era la encargada de admitir a las chicas que iban a ejercer la prostitución en el local , abonar a las mismas el porcentaje de dinero pactado que les correspondía del importe de las consumiciones que realizaban los clientes y de cobrar los pagos con tarjetas de crédito de los mismos, tanto por servicios sexuales como por las bebidas», una función esta última que también desempeñaban otros dos acusados que resultaban ser un ciudadano ucraniano y un búlgaro. En ese marco habría pesado u n plan «para realizar cargos en las tarjetas de clientes que se encontraban en un estado de semiinconsciencia a causa de sustancias indeterminadas que previamente hubieran ingerido en compañía de algunas de las mujeres que trabajaban en el local y cuyos servicios habían solicitado, obteniendo el PIN de las tarjetas gracias a los pagos previos voluntariamente realizados por los perjudicados». Así, la Fiscalía describe hasta nueve situaciones acontecidas entre 2012 y 2013, como una ocasión la madrugada del 9 de febrero de 2013, cuando un cliente realizó un pago de 308 euros y subió a una habitación con dos de las mujeres que ejercían la prostitución en el local, tras lo cual c ayó «dormido de forma repentina« y al día siguiente descubrió cargos fraudulentos en su tarjeta por importe global de 7.287 euros. Tras una intervención policial acometida en junio de 2013 en el local, l os agentes intervinieron diferentes dosis de cocaína, metanfetamina y cannabis a cuatro ciudadanas extranjeras para su venta a los clientes del local con el supuesto conocimiento de la encargada del local y principal acusada, según el escrito inicial de acusación de la Fiscalía, que apreciaba en principio dos presuntos delitos de robo con violencia, uno más de estafa y otro contra la salud pública, solicitando dos años y medio de prisión por cada uno de los dos primeros delitos, tres años de cárcel por la estafa y por el delito de drogas, siete años y medio. La responsable del local afrontaba así una petición inicial de pena global de 15 años y medio de cárcel ; frente a seis años y medio en el caso de las otras cuatro acusadas; mientras los dos acusados varones afrontarían peticiones de pena de ocho años de privación de libertad cada uno de ellos. Pero todo ha cambiado en la vista celebrada la mañana de este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia, donde s ólo han comparecido cuatro de los acusados, al detalle tres mujeres y un varón, siendo declarados en rebeldía el resto de inculpados. A continuación, las tres acusadas han desligado al hombre acusado junto a ellos de toda participación en cualquier hecho, porque se limitaba a «vigilar como portero» el local, con lo cual la Fiscalía ha retirado los cargos en su contra, siendo posteriormente absuelto de manera definitiva al no quedar probado que tuviese un papel activo en los hechos. Después, el fiscal ha retirado sus cargos de robo con violencia y contra la salud pública al no quedar acreditado «quién suministró las sustancias narcotizantes» a los clientes afectados ni que las drogas intervenidas en el local fuesen destinadas a su venta a terceros, con lo que su acusación se ha reducido a un presunto delito continuado de estafa con la atenuante de dilaciones indebidas, con relación a las tres inculpadas. Las tres han reconocido dicho delito y han aceptado sendas penas de seis meses de prisión, si bien tal condena privativa de libertad ha quedado finalmente suspendida , siempre que las encartadas no vuelvan a delinquir en un periodo de dos años y que cumplan su compromiso de pago de las indemnizaciones acordadas respecto a los clientes que han reclamado un resarcimiento.
