El Tribunal de Cuentas acaba de iniciar una investigación por la falta de control en la gestión económica del Instituto de Turismo de España (Turespaña), dependiente del Ministerio de Turismo, al frente del que se encuentra Jordi Hereu, aunque la falta de rendición de cuentas por la que se abre el procedimiento se remonta a 2023, con Reyes Maroto como ministra, quien además nombró al actual director general del organismo, Miguel Sanz , en 2020. Por encima de él, como presidenta de Turespaña, se encuentra la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau. El órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha visto motivos para iniciar un procedimiento por la falta de información relativa a 1.414 pagos -de mayor o menor entidad- correspondientes al año 2023 que no fueron justificados en la cuenta general del Estado. El 15 de enero se nombró a la delegada instructora que se ocupará del asunto y tendrá que requerir información a Turespaña, el organismo público responsable de la promoción de España como destino turístico en el mundo con una amplia red de oficias en el exterior. El fiscalizador de las cuentas públicas ve motivos para iniciar el procedimiento de alcance contable porque Turespaña incumplió el término para la rendición y justificación de las cuentas sobre 1.414 pagos (algunos arrastrados desde 2014) que en el momento de cerrar el ejercicio de 2023 estaban pendientes de pasar por el informe de intervención. Otras 369 órdenes de pago ni siquiera se habrían sometido a la Intervención pública, según el auto del 15 de enero con el que se decidió continuar con el procedimiento y nombrar un delegado instructor al que ha tenido acceso ABC. El 4 de noviembre, Turespaña pidió el archivo de la causa alegando, entre otros motivos, que ha «venido haciendo un esfuerzo para mejorar la situación en lo que va de año y el resultado es que a fecha actual, el 96,3% de las cuentas libradas con fecha de vencimiento cumplida y pendientes de aprobar están remitidas a la Intervención Delegada y en espera de informe, y prácticamente el 100% de las cuentas que han sido aprobadas están remitidas al Tribunal de Cuentas». La Fiscalía, por su parte, también ha solicitado el archivo de las diligencias porque considera que el retraso en la revisión de las cuentas «solo podría dar lugar a un perjuicio para los fondos públicos si el resultado de la revisión resultara negativo y si el retraso hubiera hecho prescribir el derecho de la Administración a exigir los reintegros correspondientes, situaciones que no resultan de la información unida a la causa junto con las alegaciones citadas». La Abogacía del Estado reiteró el 14 de noviembre, en la línea de lo que argumentó en un informe previo del 3 de noviembre que no se oponía a que se nombre a un delegado instructor. El consejero que dictó el auto para continuar el procedimiento justificó la decisión en que «el incumplimiento del término para la rendición y justificación de las cuentas, el hecho de que sigan pendientes del informe de la Intervención 1.414 de ellas y la falta completa de noticias sobre las otras 369 aconseja someterlas al escrutinio previsto por el artículo 72.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para esclarecer si resulta justificado el archivo del procedimiento o si ha de abrirse un juicio contable por alcance porque concurran indicios de un perjudicio a los caudales públicos. Esa investigación, necesaria para determinar si se ha originado un perjuicio a los caudales públicos. Esa investigación, necesaria para determinar si se ha originado un perjuicio a los fondos públicos, requiere el nombramiento del delegado instructor previsto en el citado artículo».
