El Ejército de Nigeria rescata a 62 personas secuestradas en el norte del país
El miércoles 21 de enero, el ejército de Nigeria anunció la liberación de 62 rehenes retenidos por una banda armada en el noroeste del país. Según el comunicado emitido por los militares, el rescate se logró tras una incursión en un escondite de los secuestradores ubicado en el estado de Zamfara, en el norte del país. Una de las zonas donde el secuestro se ha convertido en una economía paralela que devora comunidades enteras.
La operación fue descrita como un asalto basado en inteligencia, y vuelve a poner el foco sobre una realidad que desde fuera suele contarse de manera simplista: "Nigeria" como un solo conflicto, "los islamistas" como una sola amenaza, "el norte" como un bloque homogéneo. Sin embargo, el episodio de Zamfara pertenece a una violencia con actores múltiples y motivaciones distintas. Entender quién secuestra y por qué es también una forma de reducir el ruido, evitar generalizaciones peligrosas y, sobre todo, mirar con mayor precisión el sufrimiento de las víctimas.
Según el relato del ejército, los rehenes estaban retenidos en un enclave asociado a bandas criminales. Este detalle es clave, porque el fenómeno que más golpea hoy al noroeste nigeriano no es tanto la insurgencia religiosa, sino el auge de los llamados bandits: bandidos, grupos armados rurales con bases en áreas boscosas y sin una agenda religiosa explícita. En Zamfara, Kaduna, Katsina o Sokoto, estas redes atacan aldeas, cortan carreteras, saquean cosechas y capturan a decenas (a veces cientos) de personas para pedir el rescate que convenga. La liberación de los 62 rehenes encaja en este patrón del secuestro como negocio.
Ese mismo día, en una acción separada, el ejército informó también que había completado con éxito una emboscada en el estado de Kebbi y que acabó con la muerte de dos militantes del grupo Lakurawa, cerca de la frontera con Sokoto. Otra vez, aunque a menudo se meten en el mismo saco a todas las amenazas de seguridad nigerianas, Lakurawa es un nombre que implica otro tipo de amenaza.
Se tratan de células con rasgos más cercanos a la insurgencia y a dinámicas transfronterizas, en una región donde la porosidad de las fronteras complica cualquier operación sostenida. Para un país que ya combate varias violencias a la vez, el riesgo no es solo que los "bandidos" se fortalezcan, sino que el mapa se llene de siglas y subgrupos que mutan y se mezclan según cambian las oportunidades.
La liberación de los 62 llegó en una semana marcada por otro secuestro masivo que sacudió a la opinión pública internacional. Fue el 18 de enero cuando hombres armados irrumpieron en varias iglesias del estado de Kaduna y raptaron a más de 160 personas durante los servicios religiosos. El ataque elevó la presión sobre el gobierno nigeriano y provocó nuevas reacciones internacionales.
La cuestión religiosa
Pero aquí conviene hilar fino. Aunque los secuestros en iglesias se leen rápidamente como violencia religiosa, en el noroeste nigeriano la lógica dominante suele ser económica: secuestran porque es rentable, y eligen objetivos vulnerables, no necesariamente por su fe, y centrando los ataques en grandes congregaciones de personas, ya sean iglesias, autobuses, mercados o mezquitas. Eso no quita gravedad al ataque, por supuesto, ni borra el terror de quienes rezaban mientras aparecieron los hombres armados a hundir sus vidas; solo evita una explicación única que, en la práctica, impide comprender el conjunto.
Nigeria arrastra desde hace años una crisis de seguridad con capas superpuestas. En el noreste, por ejemplo, el nombre que sigue pesando es Boko Haram y su escisión, ISWAP. Ahí sí existe una insurgencia yihadista de larga duración con ambición política, un objetivo claro de control de áreas rurales y una guerra abierta contra el Estado. Los secuestros son comunes también en este escenario, aunque traen objetivos y víctimas diferentes. Las víctimas pueden ser cristianas (como las famosas niñas de Chibok, secuestradas en 2014) o musulmanas (como el secuestro de 100 mujeres y 300 niños en Damasak, en 2015). Y buscan intimidar, castigar a comunidades que consideran colaboradoras de las fuerzas de seguridad del Estado, obtener rehenes valiosos.
Este conflicto, que arrastra ya decenas de miles de muertos y millones de desplazados, no es lo mismo que el bandolerismo del noroeste, aunque desde fuera se confundan porque ambos ocurren "en el norte".
En el centro del país, en lo que se conoce como el Middle Belt, la violencia suele estar cruzada por disputas sobre tierra, recursos y rasgos comunitarios, con choques entre grupos armados locales (fulani, tiv, berom…) y tensiones entre pastores y agricultores. Aquí también hay secuestros, pero a menudo se insertan en una dinámica de represalias y venganzas, cuando no tratan del control de caminos o, directamente, extorsión regional, antes que basarse en el modelo de "secuestro industria" que podía observarse en Zamfara.
Y en el sur, especialmente en el delta del Níger y en la zona ocupada por grandes corredores urbanos, existen redes criminales que practican un secuestro más "selectivo": objetivos de alto valor con rescates altos, negociaciones rápidas y grupos que mezclan el cristianismo, el islam y las creencias tradicionales como bases religiosas.
Esa diversidad de violencias explica por qué noticias como la liberación de los 62 rehenes pueden ser interpretadas de forma contradictoria. Para el gobierno sirven de prueba de su supuesta eficacia y de una ofensiva sostenida contra las bandas criminales que aterrorizan a la población. Para muchas comunidades, apenas se trata de una victoria puntual dentro de una guerra de desgaste, porque saben que otro grupo puede reocupar el mismo bosque en cuestión de semanas. Y para las familias de los afectados, supone un alivio que sigue a noches en vela y una agobiante extorsión que exige un precio de rescate… que a veces lleva al endeudamiento de los afectados.
La escena del rescate en Zamfara es un recordatorio de la magnitud del problema. Nigeria es hoy uno de los epicentros globales del secuestro, con una cifra que ronda los 7.500 secuestros al año, y buena parte de esa violencia no responde a un solo enemigo, sino a un ecosistema de actores armados que prosperan donde el Estado no llega y donde la pobreza hace que el crimen sea, para algunos, una salida. Porque cuando se generaliza, cuando todo atacante es "yihadista", cuando todo el país se reduce a una guerra religiosa, se distorsiona el diagnóstico y se empuja a soluciones que fallan.