El Tribunal Supremo lo deja muy claro: no es posible aumentar judicialmente la cuantía de la indemnización por despido improcedente
El Tribunal Supremo ha consolidado de manera firme la doctrina que impide a los jueces incrementar la indemnización legalmente establecida para los despidos declarados improcedentes.
En una decisión adoptada en julio de 2025, el alto tribunal ha reiterado que no existe margen para que la vía judicial module al alza la cuantía fijada por el Estatuto de los Trabajadores, cerrando además la puerta a utilizar la Carta Social Europea como fundamento para dicha reclamación. Esta sentencia viene a confirmar y ampliar los argumentos ya expuestos en una resolución anterior de diciembre de 2024.
La nueva sentencia aborda un recurso en el que se pretendía precisamente esa revisión al alza, argumentando circunstancias concretas del caso y la necesaria adecuación de la indemnización a estándares internacionales.
El Tribunal Supremo desestima estas pretensiones con un razonamiento de gran calado. En primer lugar, declara que la indemnización tasada por la ley española es ya de por sí "adecuada", en los términos que exigen tanto el artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el artículo 24 de la Carta Social Europea. El tribunal subraya que esta fórmula legal garantiza seguridad jurídica y uniformidad en el trato a todos los trabajadores que se encuentran en una situación idéntica.
Fundamento jurídico y límites internacionales
Además, el Supremo realiza un análisis exhaustivo sobre la aplicabilidad de la Carta Social Europea en este ámbito. Considera que la expresión "derecho a una indemnización adecuada" contenida en la Carta es "literalmente inconcreta", por lo que la califica como una declaración programática de interpretación abierta, no como un mandato directamente aplicable que obligue a los tribunales nacionales a sobrepasar los límites legales.
Esta postura se refuerza con un argumento institucional crucial: las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), órgano que supervisa el cumplimiento de la Carta, no son jurídicamente ejecutivas ni directamente aplicables entre particulares.
El alto tribunal aclara que, a diferencia de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia de la UE, el CEDS no es un órgano jurisdiccional.
Por tanto, sus resoluciones no vinculan ni al Comité de Ministros del Consejo de Europa ni, de manera directa, a los tribunales internos de los Estados miembros, con esta argumentación, el Supremo español se alinea con la jurisprudencia de cortes constitucionales y supremas de otros países, como Francia e Italia, que han llegado a conclusiones similares sobre la no vinculación directa de dichas decisiones.
La sentencia, por tanto, cierra de manera prácticamente definitiva cualquier vía para reclamar en los juzgados españoles una indemnización por despido improcedente superior a la establecida por ley.