Diez días después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional abriera diligencias de investigación contra Julio Iglesias por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico, el mismo organismo ha decidido archivarlas ante la «falta de competencia» del tribunal para conocer los hechos. Tras conocerse la noticia, fuentes del equipo jurídico del cantante han dicho sentirse «satisfechas con la resolución» , aunque han lamentado «el linchamiento público» del artista «fruto de la orquestación de un montaje mediático». Estas mismas fuentes explican a ABC que el daño ocasionado a Julio Iglesias ha sido «enorme e irreparable» , al afectar «no solo a su imagen pública, sino también a él y su entorno familiar». En este sentido, detallan que siguen trabajando «con firmeza en pro de la justicia, la verdad y el completo restablecimiento de la honorabilidad» del cantante. En cuanto a la decisión, recalcan que se ha basado «en la legalidad y en la jurisprudencia vigente» . Se pronuncian en estos términos después de que el Ministerio Público hablara de la «falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados». En base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Fiscalía recuerda: « No corresponde a España investigar hechos cometidos allende sus fronteras cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello, y no existe motivo para no iniciar las correspondientes acciones penales en el mismo». El decreto de archivo de Marta Durántez, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, señala también que, aunque el delito de trata de seres humanos -uno de los investigados- se persigue extraterritorialmente, necesita que el procedimiento se dirija contra un español y que existan elementos de conexión material con España, como que las víctimas sean nacionales o residan en el país. Por su parte, las dos extrabajadoras han avanzado más acciones legales ante el archivo de la investigación. «Seguirán luchando por justicia», han asegurado Women's Link -la asociación que asesora a las denunciantes legalmente- y Amnistía Internacional, que han calificado de «lamentable» la decisión de la Fiscalía. En un comunicado conjunto, ambas asociaciones han denunciado que «no ha existido un análisis de fondo sobre la culpabilidad o no del denunciado» . Para Women's Link y Amnistía Internacional, con esta decisión, la Fiscalía «pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia». Ambas asociaciones han recalcado que el Ministerio Público tenía «seis meses» para conducir la etapa preprocesal, pero ha tomado una decisión «en menos de dos semanas, sin tener en consideración todos los elementos probatorios ». No acaba ahí la crítica: «La idea de que un ciudadano español podría ser eximido de afrontar un proceso de justicia si los presuntos delitos de los que es acusado no ocurrieron en España y fueron cometidos contra mujeres no españolas, desconoce el principio de extraterritorialidad».
