El caso del asesinato del canónigo emérito de la Catedral de Valencia llega a juicio con un único acusado del que no se han encontrado huellas ni muestras de ADN en la escena del crimen. Alfonso López Benito, Don Alfonso , murió por asfixia tras ser inmovilizado y estrangulado sobre su cama el pasado 21 de enero de 2024. Un trágico suceso que conmocionó a toda una ciudad y, al mismo tiempo, destapó la doble vida de un sacerdote que mantenía encuentros sexuales con jóvenes vulnerables a cambio de dinero, hospedaje y comida. Uno de ellos pudo acabar con su vida . El juicio oral arranca este próximo lunes 26 de enero en la Sala número 19 de Audiencias de Causas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se alargará durante siete sesiones hasta el 3 de febrero. Un jurado popular, sorteado hace tres meses, deberá decidir si Miguel T. V. , único procesado, es culpable del asesinato del religioso o si bien su responsabilidad penal se limita a un delito de estafa tras haber utilizado dos tarjetas de crédito del fallecido para sacar dinero de cajeros automáticos. Conforme informó ABC , la Audiencia de Valencia acordó recientemente prorrogar la prisión provisional del procesado al apreciar un riesgo real de fuga ante la proximidad del juicio, ya que hubiese quedado en libertad a sólo tres días de la vista oral. La Fiscalía pide para el único detenido por el crimen del canónigo 28 de cárcel por asesinato, robo con violencia y estafa continuada , mientras que su defensa sólo reconoce el último de ellos. De acuerdo con el relato de los hechos que describe el ministerio público en el auto de hechos justiciables al que ha tenido acceso este periódico, el acusado, de origen peruano y sin antecedentes penales, se dirigió sobre las 23.00 horas al domicilio de Don Alfonso, ubicado en la céntrica calle Avellanas de Valencia, propiedad de la diócesis y donde tiene su sede la delegación de Misiones. Según la versión acusatoria, ambos mantenían una relación de amistad hacía meses y, en unión de otra persona no identificada y «con la que actuaba de acuerdo», logró que Alfonso les franqueara la entrada, «ya que confiaba en él». En ese momento, al conocer donde guardaba el dinero y las tarjetas, lo tiró a la cama, le tapó la boca mientras le ahogaba con la otra mano apretándole el cuello, consiguiendo «acabar con su vida sin que el anciano tuviera oportunidad alguna de defenderse». Asimismo, el jurado popular deberá determinar si, acto seguido, los presuntos asaltantes se apoderaron del móvil del ya fallecido y de varias tarjetas bancarias, una de El Corte Inglés y otra de Cajamar, con las que en horas y días posteriores realizaron reintegros en cajeros y compras por un valor superior a 2.300 euros . Parte de ese dinero le fue intervenido al acusado en el momento de la detención. El auto judicial señala que el procesado actuó presuntamente de acuerdo con una persona no identificada, en ejecución de un plan previo cuyo objetivo era acabar con la vida de Don Alfonso para apropiarse de sus bienes. Sin embargo, la versión exculpatoria de la defensa sostiene que el acusado no participó en el crimen, ni siquiera estuvo en el domicilio la noche de la muerte del sacerdote. De hecho, apuntan sus letrados, no se hallaron huellas ni ADN del acusado, aunque sí restos genéticos y dactilares de un varón desconocido que no ha sido identificado. Manuel, un temporero de origen colombiano . Estos son los únicos datos aportados sobre el presunto segundo autor, descritos por el procesado, a quien acusa de haberle citado durante la madrugada en el parque de la plaza del Patriarca para entregarle el móvil y las tarjetas. A la noche siguiente, de acuerdo con esta interpretación, le entregó parte del dinero al varón desconocido, quien le informó que Don Alfonso estaba muerto. Asustado, le planteó ir a la Policía a contarlo, a lo que este segundo implicado le advirtió de que si decía algo «tenía que atenerse a las consecuencias». Así, se fue a un pub latino a tomar unas copas y pasó la noche en un hostal. Todo ello pagado con el mismo dinero sustraído. A la mañana, se topó con cuatro agentes dirección a la comisaría quienes le interceptaron y detuvieron, puesto que ya estaba en el punto de mira policial por haber sido identificado por cámaras de seguridad de los bancos donde extrajo el dinero del religioso. Además, habría enviado mensajes para suplantar su identidad y hacer creer que estaba vivo. Durante las inspecciones oculares del piso hallaron múltiples dispositivos electrónicos, cuyo contenido analizado no ha sido incluido en la instrucción, por lo que hoy día se desconoce. Se trata de tres teléfonos móviles y hasta siete memorias USB , una de ellas guardada bajo llave en la habitación capilla ubicada junto al dormitorio. Los investigadores descubrieron que el canónigo habría mantenido presuntamente encuentros sexuales con jóvenes vulnerables, a los que alojaba y daba comida, incluso 200 o 300 euros , a cambio de relaciones. Algo de lo que existían quejas vecinales y que llegó a confirmar su amigo, chófer y guardaespaldas que ejercía al mismo tiempo de protector. Incluso un joven con discapacidad intelectual viajó días antes desde Badajoz para verse con el cura. Le pagó el billete y tuvieron un encuentro sexual. Los vecinos se habían quejado en muchas ocasiones de los problemas que ocasionaban las visitas de personas con antecedentes o con síndrome de abstinencia al piso de Don Alfonso para que éste les prestase dinero. En alguna ocasión, años atrás, el sacerdote llegó a recibir amenazas de una de ellas. El Arzobispado de Valencia, que renunció a ser parte del proceso como acusación particular, detalló que «apercibió» dos años antes al canónigo emérito por las «quejas verbales» de algunos vecinos acerca de las personas que acudían al edificio, pero «en ningún caso» aludieron a hechos de la naturaleza que se narran». Así, manifestó su confianza «plena» en la acción de la justicia, puesto que son «los más interesados en el pronto esclarecimiento de los hechos». Alfonso López Benito fue nombrado canónigo de la Catedral de Valencia en julio de 2015, cuando era arzobispo el cardenal Antonio Cañizares, con el que mantenía una estrecha relación. Hasta su muerte, el religioso estaba jubilado y mantenía el cargo de canónigo emérito de la Seo. Asimismo, fue doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y experto en la historia de los mártires valencianos. También profesor en el Instituto de Estudios Jurídicos de Valencia y en la facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de la capital del Turia. Además desempeñó durante años funciones en el Tribunal Eclesiástico de la archidiócesis de Valencia.
