La Complutense admite que desconoce cuánto costó el trabajo de Indra con el software de Begoña Gómez
La Universidad Complutense de Madrid no ha podido cuantificar la cantidad exacta que Indra aportó a la cátedra extraordinaria que dirigía Begoña Gómez. La UCM así lo determina en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en el que desgrana el monto total que costó el desarrollo del software de dicha cátedra para que se resarza el importe en caso de que la mujer del presidente del Gobierno resulte condenada por un presunto delito de apropiación indebida.
La Secretaría General del ente, que cifró el coste total en 108.765 euros, explica que la filial de Indra, Minsait Business Consulting (MBC), firmó un compromiso de colaboración que consistía en el desarrollo de una herramienta tecnológica para empresas denominada "plataforma de medición de impacto recurrente". Según indicó, se comprometió a llevar a cabo dicho proyecto con recursos propios o con la sociedad de su grupo Flat 101 S.L. La UCM confirma al respecto que los trabajos comenzaron en marzo de 2022 y que hasta la fecha se completaron en un 80%. Los mismos consistieron en el diseño de la plataforma.
Sin embargo, sostiene que la universidad, en la que Begoña Gómez impartió también el máster de Transformación Social Competitiva (TSC), no tiene información sobre la aportación a la cátedra de la filial de Indra. "No consta en la documentación obrante en los expedientes económico-administrativos, valoración económica de esta aportación en especie que permita su cuantificación en el presente informe, la cual, de ser necesaria, debe solicitarse a la empresa colaboradora", recogen los documentos aportados al juzgado de Juan Carlos Peinado y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Sin rastro de las actas
La respuesta de la UCM se enmarca en el requerimiento del juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por cinco delitos en aras a esclarecer si cometió apropiación indebida con el software que se desarrolló para la cátedra de Transformación Social Competitiva. En ese sentido, Indra -que consta que aportó 148.400 euros al desarrollo de este programa- respondió al juzgado que "no existe" ningún acta levantada por los empleados del grupo "relativa al contenido de las reuniones mantenidas durante el desarrollo de la plataforma digital "transformatsc.org". Dicho instrumento se alojó en la web de la mujer de Sánchez.
No obstante, en otras ocasiones, la multinacional española indicó que invirtió los más de 12.000 en el software de Gómez de manera altruista. Con todo, tanto el juez instructor como las acusaciones populares, que actúan bajo la dirección letrada de Hazte Oír, sospechan que Gómez utilizó la cátedra "como lanzadera profesional" para canalizar relaciones con empresas privadas y con administraciones públicas. Además, le acusan de apropiarse indebidamente de las aportaciones destinadas a la cátedra puesto que registró a su nombre la marca de la misma en diciembre de 2020, así como el dominio "transformatsc.org" en septiembre de 2022.
Cabe recordar que en la financiación de la cátedra participaron Reale Seguros (que aportó 60.000 euros), la Fundación La Caixa (que contribuyó con 15.000 euros anuales), Google (que aportó 110.000 euros) y Minsait/Telefónica, cuya aportación ascendería a los 150.000 euros. Aunque la gestión se centralizó en la Complutense, consta acreditado que Gómez incluyó a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, en las reuniones y en los trámites de todo lo relativo a este proyecto así como al máster que impartió entonces en paralelo en la universidad.
Los pliegos de contratación
En ese sentido, Hazte Oír sostiene que el valor económico del software superaría "con creces" el medio millón de euros, más allá de los 108.000 apuntados por la propia universidad, dado que a estas cifras habría que sumar "toda la estructura que se generó para desarrollar la herramienta", además de las aportaciones de las empresas arriba mencionadas.
Con todo, la Complutense tampoco ha sido capaz de precisar al juez instructor cuántas personas suscribieron los pliegos de contratación sin tener titulación. Este es otro de los puntos que genera controversia, toda vez que Peinado sospecha que la mujer del líder de Pedro Sánchez no cumplía los requisitos para firmar los pliegos de condiciones de la cátedra. Por ese motivo, requirió entre otros, a la Asociación de Abogados del Estado, que informara acerca de las cualificación y titulación técnica que se exige "para cualquier proceso de selección de contratistas en procesos para la adjudicación de contratos públicos".
El ente respondió que para la elaboración de estos documentos no se reserva a un cuerpo concreto de funcionarios ni tampoco se precisa una titulación concreta para su redacción. En paralelo, reclamó a la Complutense que informara de las personas que, igual que la investigada, suscribieron estos pliegos sin tener titulación. La universidad pública responde ahora que la ley de contratos del sector público no especifica la obligación de firma de los pliegos por parte de ningún responsable. "Consecuentemente, y de conformidad con la normativa citada, la cual no exige la concurrencia de requisito alguno relativo a la titulación para la firma del pliego de prescripciones técnicas particulares, la Universidad no dispone de la información solicitada", concluye.