Restaurar después del fuego: por qué la reforestación post incendios no puede improvisarse

Los incendios forestales dejan tras de sí una pérdida que va mucho más allá de lo visible. Además de las crecientes emergencias, Chile ha tenido que enfrentar un problema silencioso que comienza una vez controlados los siniestros: la crucial etapa de la restauración de los ecosistemas dañados.

Para Suzanne Wylie, directora ejecutiva de Fundación Reforestemos, este proceso es “fundamental” y no se debe tomar a la ligera. Asimismo, recalcó que requiere una mirada profundamente técnica.

“La pérdida es inmensa, especialmente en los recursos naturales y los ecosistemas. La recuperación tiene que hacerse de manera muy metódica, con mucho estudio”, explicó en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile.

“Todo lo que se invierte, se tiene que invertir en un proyecto que después sea viable en el tiempo. Y que sea adaptado a las nuevas condiciones que estamos viviendo como país, sobre todo en función de cómo han cambiado muchos indicadores a raíz del cambio climático”, prosiguió Wylie.

Uno de los errores más frecuentes tras los incendios es asumir que reforestar equivale a plantar árboles inmediatamente después del control del fuego. Para Wylie, esa lógica es equivocada. “Aquí el gran error es partir como caballo de carrera, reforestando apenas se controla el incendio”, señaló.

Antes de cualquier intervención, explicó, es indispensable evaluar el estado del suelo, su composición química, física e hídrica, así como definir si incluso es necesario rehabilitar la capa vegetal antes de plantar.

“Hay dos cosas importantes: por un lado, el concepto del ordenamiento territorial, que tiene que ver con estudiar un poco las zonas donde se dan los incendios. Una vez que eso ocurre, hay que volver a mirar cómo se ordena ese territorio, donde tienen que haber viviendas, donde tiene que haber cortafuegos”, planteó.

Por otro lado, sostuvo que, una vez que el incendio está controlado, lo que deben hacer las autoridades y personas involucradas en estos procesos es “identificar factores de alteración, es decir, causas que han degradado ese ecosistema, definir metas claras y objetivos“.

“En función de eso se hace un diagnóstico del sitio, de cuáles son las condiciones iniciales, cómo está el suelo, como es el clima, la vegetación del entorno. En función de todas esas variables diseñar un proyecto de restauración y de reforestación que sea compatible con el lugar y las condiciones a futuro”, detalló.

Este enfoque, según Wylie, cobra aún más relevancia considerando que no todos los incendios son iguales. Existen incendios superficiales y otros que afectan capas más profundas del suelo, lo que obliga a aplicar medidas distintas. A esto se suma una variable clave: el tipo de ecosistema afectado.

Bosque nativo versus productivo

Desde la experiencia de Fundación Reforestemos, que trabaja exclusivamente con bosque nativo, Wylie subrayó que los procesos de restauración varían radicalmente según el tipo de bosque. “La rehabilitación de un bosque nativo es completamente distinta a la de un bosque productivo”, afirmó.

En zonas como el Maule y el Biobío —donde se ha concentrado más del 80% de los mega incendios de la última década— esta distinción es crítica. “Se trata de territorios con un alto valor de biodiversidad, considerados zonas de transición ecosistémica, donde la pérdida de bosque nativo implica un daño difícil de dimensionar en términos de servicios ecosistémicos”, planteó.

Por ello, uno de los desafíos actuales es integrar especies nativas en los territorios. “El bosque nativo tiene mucha más resiliencia frente al cambio climático y a los incendios: el fuego se propaga más lento y de manera distinta. Son pulmones verdes que finalmente van a compensar altas temperaturas, van a poder brindar servicios ecosistémicos que hacen que el cambio climático sea menos agresivo”, explicó Wylie.

No obstante, las intenciones chocan con la realidad: el alto costo y tiempo que requieren este tipo de proyectos. La restauración de bosque nativo es cara y de largo aliento, lo que obliga a pensar en alianzas público-privadas sostenidas en el tiempo. “No se trata de parches, sino de soluciones que sean sostenibles y que se vayan alimentando unas de otras durante los años”, sostuvo la especialista.

Políticas públicas y rol estatal

Ante el desafío que suponen para el país los incendios forestales, la directora ejecutiva de Fundación Reforestemos si bien reconoce avances en prevención, lamentó la tardanza en materia de restauración ecológica. “El proceso ha sido lento, mucho más lento de lo que a todos nos gustaría”, afirmó.

Mientras destacó el aumento de inversión en combate de incendios y la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Wylie advirtió que aún falta una apuesta decidida por la restauración.

“Necesitamos muchos más fondos destinados a restauración y reforestación, y cambios profundos en las políticas públicas”, aseguró. En particular, apuntó a la necesidad de apoyar a pequeños propietarios, entregando herramientas más modernas y ordenadas para administrar sus tierras.

La directora de Reforestemos también enfatizó respecto a la intencionalidad de los incendios. “El 99,7% de los incendios son provocados por el ser humano”, mencionó, enfatizando que sin sanciones efectivas y un cambio cultural profundo, cualquier esfuerzo de restauración pierde sentido.

En este contexto, el debate por el cambio de uso de suelo se vuelve central. Para Wylie, la pérdida de bosque nativo está directamente asociada a la priorización del beneficio económico, inmobiliario o agrícola. La solución, señaló, no pasa solo por prohibiciones, sino por incentivos. “Hay que premiar a los propietarios que destinan sus predios a la conservación”, expuso, mencionando mecanismos como bonificaciones y beneficios tributarios.

“Si como país queremos enfrentar seriamente los incendios y la degradación de nuestros ecosistemas, tenemos que ponernos metas mucho más concretas y ambiciosas”, concluyó. La restauración ecológica, advirtió, no es una tarea secundaria ni inmediata: es una política de Estado de largo plazo, indispensable para la resiliencia ambiental y social.