¿Tensión en el Gobierno? Paz frente al retorno del poder sindical de la COB

La gobernabilidad del presidente Rodrigo Paz atraviesa “tal vez” una de sus pruebas más complejas desde el inicio de su mandato, que comenzó el 8 de noviembre de 2025.

La reciente movilización de la Central Obrera Boliviana (COB), que forzó al Ejecutivo a retroceder parcialmente con el Decreto Supremo 5503, no solo reabrió un frente de conflictividad social que parecía contenido, sino que volvió a colocar al movimiento obrero organizado como un actor político de primer orden.

Eso —según analistas— se debió a que las anteriores directivas de los trabajadores se convirtieron “en un tentáculo más” del gobierno de los expresidentes Evo Morales y Luis Arce, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Rodrigo Paz

Con la COB en estado de alerta y sectores afiliados como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) declarados en emergencia, el escenario confirma que el ciclo político boliviano ingresó en una fase de reacomodo estructural del poder.

Para el analista político y exministro Reymi Ferreira, Bolivia no enfrenta una crisis coyuntural, sino que “estamos frente a un cambio de ciclo económico y político”, sostiene. A su juicio, la historia boliviana demuestra un movimiento pendular entre Estado y mercado, y el país estaría dejando atrás el estatismo keynesiano que caracterizó a los gobiernos del MAS para avanzar hacia un modelo liberal. “Hoy, de acuerdo al discurso y a las medidas del gobierno, pero además por la composición política de la Asamblea Legislativa, se está produciendo un cambio de ciclo”, remarca.

Ese giro estructural ocurre, además, en un contexto de fragmentación política. Sin embargo, Ferreira relativiza la idea de que la conflictividad social sea consecuencia directa de la debilidad del oficialismo o de la oposición. “La conflictividad social en nuestro país es un fenómeno permanente; lo único que cambia son los objetivos de la lucha”, afirma. En una sociedad heterogénea como la boliviana, añade, la desaparición del conflicto es prácticamente imposible, independientemente de la fortaleza partidaria.

Poder sindical

El elemento novedoso, esta vez, es el rol de la COB. Tras años de alineamiento con el poder, la central obrera volvió a encabezar movilizaciones de alcance nacional. Para Ferreira, esto no debería sorprender. “La COB es un instrumento que siempre ha tenido fuerza, pero pasó inadvertida porque asumió una posición de aliada del gobierno”, explica, aunque admite que parte de su dirigencia “cayó en el prebendalismo y el electoralismo”.

Hoy, en cambio, la COB parece buscar una posición más independiente, recogiendo demandas de sectores sindicalizados y no sindicalizados.

En esa línea, el exministro destaca que el actual protagonismo sindical no se tradujo en posiciones extremas. “Pese a las tensiones, han asumido posturas de diálogo y no se encerraron en posiciones maximalistas”, señala, al referirse a la negociación que derivó en la modificación del Decreto 5503.

Desde otra perspectiva, el politólogo Carlos Saavedra describe el momento como una “crisis sistémica, integral en el sistema político, en la economía, en la institucionalidad y en la moral”. Para él, el derrumbe del MAS como fuerza hegemónica dejó un vacío que el nuevo gobierno intenta llenar. “El MAS se ha derrumbado y ha dejado un gran espacio vacío; hay nuevos actores y un nuevo gobierno que va a trabajar para construir una nueva hegemonía de poder”, afirma.

COB

Proceso. Ese proceso, advierte Saavedra, será largo y complejo. “Estamos en un periodo de transición, pero con la seguridad de un reacomodo estructural del poder”, sostiene. Pese a la fragmentación oficialista y la disputa política, identifica un factor clave para entender la relativa estabilidad actual: “Hay una conciencia colectiva mayoritaria que busca darle cierta estabilidad al país”. Según el analista, tras años de confrontación intensa, existe un deseo social de evitar una crisis paralizante.

Ese marco explica, en parte, el desenlace del conflicto con la COB. Saavedra lo define como un “empate democrático”. “El gobierno ganó lo central de lo que buscaba, que era la suspensión de la subvención, y la COB logró generar un equilibrio para que no se aplique todo el decreto 5503”, resume. A su criterio, la central obrera actuó como un actor interpelador que ayudó a modular la decisión gubernamental.

Conflicto

Sin embargo, Saavedra es cauto respecto al futuro del movimiento sindical. “No diría que la COB ha superado totalmente la crisis de credibilidad que tiene en el sistema político boliviano”, advierte. Recuerda que durante años las organizaciones sociales fueron vistas como instrumentalizadas, lo que afectó su legitimidad. “Va a pasar un tiempo largo para que se reinventen y vuelvan a ser actores políticos de peso”, añade.

Por su parte, Marcelo Arequipa, también analista político, coincide en que Bolivia atraviesa un reacomodo estructural del poder. “El gobierno de Rodrigo Paz no va a administrar el país como se hacía antes; está intentando buscar un punto intermedio”, afirma.

Sin embargo, alerta que la conflictividad se desplazó al terreno de la representación social. “Hoy la representación social que no había está otra vez en manos de la Central Obrera Boliviana y de los sindicatos campesinos”, sostiene.

Análisis

Para Arequipa, el problema central radica en la debilidad de la gestión política del Ejecutivo. “El gobierno no está logrando gestionar la política; no está administrando los conflictos de fondo, sino intentando contener los problemas por ahora”, cuestiona. Incluso sugiere que el resurgimiento de la COB fue, en parte, subestimado por el propio Gobierno. “Quienes han hecho resurgir a la COB han sido también los del gobierno, que no midieron la magnitud de su capacidad de presión”, sostiene.

Pese a las críticas, Ferreira destaca el manejo inmediato del conflicto. “Me parece prudente la política de no utilizar la violencia y priorizar el diálogo”, señala, y añade que esa estrategia “por lo menos hoy dio fruto”. A su juicio, la experiencia de algunos ministros permitió evitar una escalada peligrosa y sentar las bases para transformar el conflicto sin derivar en episodios violentos.

Gobierno de Paz

En cuanto a los riesgos institucionales, Ferreira descarta amenazas graves en el corto plazo. “Si existe alguna amenaza, no viene desde la COB; podrían ser más internas o entre los integrantes del bloque parlamentario”, sostiene. Recuerda que intentos anteriores de eliminar la subvención a los combustibles casi provocaron estallidos sociales. Subraya que “haber logrado la eliminación de la subvención sin muertos era lo más difícil”.

Saavedra refuerza esa idea y apunta a la necesidad de acuerdos. “El gobierno tiene que generar pactos mínimos con los sectores económicos, sociales y con los otros poderes del Estado”, afirma. Desde su perspectiva, la estabilidad de mediano y largo plazo dependerá de un gran acuerdo nacional. En su criterio, se necesita “un pacto legislativo, social, económico y territorial para darle certidumbre al país”.

En ese escenario, la COB podría desempeñar un rol clave, siempre que evite la radicalización. “Puede jugar un rol importante si se desprende de los radicalismos y defiende de verdad los derechos de los trabajadores”, señala Saavedra. El reciente conflicto, concluye, dejó una señal alentadora: “Ojalá este empate democrático sea el preludio de un escenario de acuerdo en Bolivia”.

Alerta

Con la COB en alerta permanente y sectores estratégicos en emergencia, la gobernabilidad de Rodrigo Paz se juega en un equilibrio delicado. El desafío no es eliminar el conflicto —una constante histórica—, sino administrarlo mediante diálogo, pactos y consensos que permitan transitar este nuevo ciclo político sin que la estabilidad vuelva a depender exclusivamente de la presión de la calle.

A este escenario de presión social se suma una tensión política interna que también amenaza la gobernabilidad del presidente Rodrigo Paz. El vicepresidente Edmand Lara se ha convertido en un factor de ruido permanente dentro del propio Ejecutivo, con declaraciones y gestos que evidencian fisuras en la conducción del Gobierno y debilitan la cohesión del poder.

Además de eso, se agrega la acción de sectores políticos y sociales afines al expresidente Evo Morales, que, pese al debilitamiento como estructura partidaria, mantienen capacidad de articulación y movilización territorial.

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