Los agentes de inmigración de EE UU pueden allanar viviendas sin orden judicial
Desde hace semanas los vecinos de Minneapolis, en Minnesota, conviven con la tensión constante que ha provocado el despliegue de cientos de agentes federales por las calles de su ciudad. Poco a poco muchos barrios se han ido vaciando no solo por las bajas temperaturas que se están registrando, sino también ante el miedo de muchos vecinos a quedarse atrapados en medio de una redada migratoria. Ahora, según un memorando interno que la agencia Associated Press ha hecho público, es inquietud podría llegar incluso al interior de sus propios hogares.
El documento distribuido entre agentes de ICE data del 12 de mayo de 2025, menos de cuatro meses después del inicio del segundo mandato de Donald Trump, y está firmado por el director interino del Servicio de Inmigración de Aduanas (ICE), Todd M. Lyons, que deja la puerta abierta a que sus agentes y oficiales puedan ingresar en un domicilio particular, sin una orden judicial, para arrestar a una persona con una orden de deportación. Para hacerlo, los agentes federales solo necesitan un formulario, llamado I-205, que autoriza la entrada por la fuerza en caso de que el inquilino les niegue el acceso, ignorando que este tipo de entradas solo pueden ser autorizadas por un juez, y no basta con una orden administrativa del departamento de Seguridad Nacional. La Oficina del Asesor Jurídico General del DHS (departamento de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) ha determinado recientemente que la Constitución de EE UU, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben el uso de órdenes administrativas para este fin, añade el escrito que se habría distribuido solo internamente.
El memorando también detalla cómo debe llevarse a cabo la actuación por parte de la autoridad federal, haciendo hincapié en que se debe llamar a la puerta y anunciarse, y a continuación, los agentes deben identificarse e indicar el motivo de su presencia dando a las personas que se encuentran en la vivienda el tiempo suficiente para cumplir la orden. La actuación quedaría limitada a unas horas específicas que van desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, y solo se permite utilizar la fuerza necesaria y razonable para acceder a la vivienda, en caso de que el futuro detenido oponga resistencia, sin especificar más detalles.
El texto ha salido a la luz después de que la organización sin ánimo de lucro Whistleblower Aid (WA) lo enviara a varios senadores, entre ellos el demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, para que investiguen el caso, manteniendo en el anonimato los nombres de los dos funcionarios que han filtrado la información. Según la denuncia de WA, la directriz estaría ignorando al mismo tiempo el material didáctico escrito que indica lo contrario, ya que el propio manual de políticas del DHS se habían limitado a lugares públicos. La organización sostiene que, además, le consta que varios agentes han sufrido represalias tras expresar su preocupación por estas indicaciones.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la actuación de los agentes federales en un comunicado en el que sostiene que los inmigrantes indocumentados sujetos a un formulario I-205 han tenido acceso a todas las garantías del debido proceso y cuentan con una orden final de expulsión emitida por un juez de inmigración. Añadió además que los agentes que emiten estas órdenes administrativas también han encontrado causa probable. Organizaciones y juristas
críticas con el memorando denuncian que una orden final en el expediente migratorio de una persona no equivale, por sí sola, a una autorización judicial para entrar por la fuerza en una vivienda, un ámbito especialmente protegido por la Cuarta Enmienda de la Constitución. Por su parte, la organización Whistleblower Aid sostiene que capacitar a los nuevos reclutas, muchos de los cuales no tienen ni experiencia ni formación previa en materia de aplicación de la ley, para que aparentemente ignoren la Cuarta Enmienda, debería ser motivo de preocupación para todos, y describe estas actuaciones como una política legal y moralmente abominable que ejemplifica el tipo de abusos peligrosos y vergonzosos que EE. UU. está presenciando en tiempo real.
El senador Bluementhal ha asegurado en un comunicado que, según la denuncia que han recibido, el memorando, que está dirigido a todo el personal de ICE, se implementó de forma secreta, ya que a algunos agentes se les informó verbalmente, mientras a otros se les permitió verlo sin conservar una copia, y que quedó claro que cualquiera que se opusiera abiertamente a esta nueva directiva, sería despedido.