El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza la contratación del nuevo servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual. El nuevo tendrá una duración de 36 meses y un presupuesto base de licitación de 71 millones de euros, que podría elevarse hasta los 111 millones. Si se dieran las dos prórrogas anuales, la duración máxima será de 60 meses, según ha informado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial. Entre las novedades del nuevo contrato, que han sido introducidas para mejorar el sistema después de las incidencias en junio y noviembre del año pasado, estará asegurar que los dispositivos sean en su mayoría tobilleras, en vez de brazaletes, «por su mayor dificultad para ser manipuladas». El Ministerio de Igualdad explica además que está prevista la implantación de «mecanismos de protección contra la manipulación con material antivandálico». Así como también se ha mejorado la resistencia al agua y sensores de movimiento o de temperatura corporal. Además, tanto la tobillera como el teléfono móvil que completa el sistema del inculpado deberá disponer de una tarjeta electrónica eSIM para que no pueda ser extraída, y contarán con pantallas de cristal reforzado. (En ampliación)
