Funcas estima que el total de personas extranjeras que se encontraban en España en situación irregular a 1 de enero de 2025 –de lo que no hay datos oficiales– podría haberse multiplicado por ocho con respecto a 2017 . Eso refleja, han indicado, «un crecimiento notable y sostenido» de esta inmigración, al pasar a 840.000 personas, desde las 107.000 de entonces. En palabras de María Miyar, la directora de Estudios Sociales de Funcas, para realizar estas estimaciones, han considerado como población en situación regular a aquellos que poseen un permiso de residencia (o se encuentran renovándolo). También a quienes tengan un permiso de estudios (o un permiso para familiares cercanos derivado de este), o a los que tienen pendiente la resolución de su petición de asilo. Tras sumar a los integrantes de todas estas categorías, la población en situación irregular se obtiene restando las personas consideradas en situación regular de las cifras oficiales de población. Así, la Fundación ha señalado que la irregularidad afectaría a un 17,2% de la población extranjera no comunitaria que vive en el país. Por nacionalidades, el informe asegura que el 90,4% de estas personas , esto es 760.000 inmigrantes, proceden del continente americano . De ellos, los colombianos son mayoría, 290.000; seguidos de los peruanos, 110.000; y de los hondureños, 90.000. Por otro lado, los procedentes de África son unas 50.000 personas ; de Asia, unas 15.000 ; y de Europa, 14.000 . «Esta cifra se explica por el fuerte incremento de la población con nacionalidades de países no comunitarios en los cinco últimos lustros, y muy notablemente desde 2017 con las nacionalidades americanas como responsables del crecimiento», señala Funcas. Al mismo tiempo, ha subrayado que este es el motivo por el que los extranjeros de países no comunitarios suponen el 91% de la población en situación administrativa irregular. Esta cifra, dada a conocer por Funcas este lunes, es anterior a la entrada en vigor en mayo de 2025 de la última reforma del Reglamento de Extranjería. En este sentido, Funcas prevé «en principio» que la cifra mencionada se habría reducido , aunque precisa que es todavía pronto para estimarlo. Para directora de Estudios Sociales de Funcas, «este modelo asume que una proporción notable de los inmigrantes pasan por un largo periodo en la irregularidad antes de conseguir la regularización administrativa, de modo que se producen grandes aumentos de la población en esa situación cuando crecen con intensidad los flujos de entrada, como en la actualidad». Además, Miyar ha recordado que hasta 2005 se recurrió a regularizaciones extraordinarias dirigidas a contingentes de población en situación irregular próximos o superiores al millón de habitantes y que, desde entonces, se ha confiado en las medidas de arraigo (social, familiar, laboral y de formación) como «una especie de regularización extraordinaria continua». «Este mecanismo, aunque ha prevenido la aparición de volúmenes de población en situación irregular similares a los anteriores a 2005, no ha logrado evitar los notables crecimientos que se producen en periodos de llegadas abundantes», comenta el centro de análisis, que también critica «la escasa planificación de política migratoria española , sin una estrategia clara sobre el volumen de inmigrantes que se reciben ni sobre sus características». Este martes, el Gobierno ha aprobado una regularización extraordinaria de inmigrantes , de la que podrían benefiarse medio millón de personas, tras pactarlo por decreto con Podemos . Según ha explicado la formación morada, tendrán papeles todas aquellas personas que puedan demostrar al menos cinco meses viviendo en España antes del 31 de diciembre del año pasado. Para ello, se puede aportar como pruebas un certificado de empadronamiento, un informe médico, algún recibo de la luz o un certificado de envío de dinero. Estas personas no pueden tener antecedentes penales y podrán presentar su solicitud desde principios de abril hasta el próximo 30 de junio de 2026. Para resolver las peticiones la administración tiene un plazo de hasta tres meses, aunque simplemente con que se haya admitido a trámite, en un tope de 15 días, los solicitantes ya podrán trabajar. El permiso de trabajo que obtendrán es válido en toda España y en todos los sectores. Si los solicitantes obtienen una respuesta a favor, recibirán una autorización que estará vigente durante al menos un año , con la que podrán regularizar para ese plazo su estancia en el país. Funcas ha afirmado que facilitar la regularización por arraigo «puede contribuir» a la integración social de muchos inmigrantes «que pasarán menos tiempo en un limbo administrativo y que tendrán acceso al empleo regular», pero insiste en que «sigue sin implicar planificación». En este sentido, la entidad apunta que en materia de planificación habría que implementar medidas que se enmarquen en «una estrategia amplia de crecimiento económico y productividad, orientando la inmigración hacia sectores de la economía con escasez de mano de obra, y, en mayor medida, con requerimientos de cualificación». Según Funcas, esto contribuiría a consolidar «procesos de llegada regulares y se evitaría que tantos trabajadores foráneos estuviesen largos periodos en situación irregular». Además, afirma que permitiría «una mejor integración laboral y social de los inmigrantes, reduciéndose su vulnerabilidad , aumentando su autonomía económica y su contribución al sostenimiento del sistema de bienestar».
