El Tribunal de Instancia número 1 de Bilbao ha acordado suspender el desahucio de las exmonjas de Belorado del monasterio de Orduña (Vizcaya), uno de los tres conventos sobre los que las exreligiosas cismáticas reclaman derechos de propiedad. De acuerdo a la decisión del juzgado, la suspensión está condicionada hasta que exista una sentencia firme que determine si el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ostenta o no la representación legal de la comunidad de Clarisas de Derio -la que realizó la compra del inmueble- en su condición de comisario pontificio designado por la Santa Sede. El procedimiento de desahucio de Orduña es uno de los tres iniciados por el comisario pontificio y es independiente del de Derio (en el que el juzgado de Instancia 11 de Bilbao todavía no se ha pronunciado) y del desalojo fijado para el próximo 10 de febrero en el monasterio de Belorado (Burgos), ordenado por el juzgado de Briviesca, en un auto que ya no se puede recurrir. En el caso de Orduña, el lanzamiento estaba pendiente de la celebración de la vista oral, después de que en noviembre el juzgado notificara a las exmonjas la demanda de desahucio en precario presentada por el comisario pontificio en 2024. En un auto fechado el pasado 26 de enero, según ha podido conocer ABC de Fuentes cercanas al caso, la jueza considera necesario aclarar previamente si el arzobispo Mario Iceta ostenta la representación legal de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio antes de continuar con la tramitación del procedimiento. El auto subraya que «en aras a evitar que se den pronunciamientos o resoluciones contradictorias procede que previamente se decida si don Mario Iceta ostenta la representación legal del Monasterio Santa Clara de las Monjas Clarisas de Derio -al que pertenece el de Orduña-, puesto que resulta imprescindible conocer previamente dicho extremo para la continuación o no del presente proceso». La resolución judicial vincula esta suspensión a la demanda presentada por las exmonjas el 31 de julio de 2024, en la que defendían su derecho a separarse de la Iglesia católica y solicitaban que se declarase ineficaz el nombramiento de Mario Iceta como comisario pontificio, así como su capacidad para representar y administrar los monasterios afectados. Esa demanda fue inadmitida a trámite por el Juzgado de Instancia de Briviesca el pasado 19 de diciembre, pero el tribunal de Bilbao recuerda que no se trata de una resolución firme, puesto que todavía puede ser recurrida por los abogados de la exreligiosas. Por este motivo, ha decidido paralizar el procedimiento de desahucio del monasterio de Orduña hasta que esa inadmisión sea definitiva. Por su parte, el abogado de las exmonjas, Florentino Aláez, ha reconocido a ABC que presentarán un recurso «en los próximos días» por lo que hasta llegar a una resolución firme, «aún pasará mucho tiempo». Además, ha valorado muy positivamente que el juzgado de Bilbao haya acordado la suspensión del lanzamiento por «prejudicialidad civil», una circunstancia que, según ha señalado, no fue tenida en cuenta por el juzgado de Briviesca en relación con el desahucio del monasterio de Belorado . De hecho, ese fue el principal argumento con el que se intentó frenar el desahucio, en la vista oral del pasado julio. Según su criterio, antes de juzgar cualquier otro aspecto, debe dilucidarse si el nombramiento de Mario Iceta como administrador de los tres monasterios es lícito, algo que ellos niegan. Aláez también pone en duda que el lanzamiento se puede llevar adelanteel día 10 de febrero, tal como señala la sentencia del juzgado, puesto que la repleción «solo ha sido notificada a cuatro» de las exmonjas, de las siete que todavía siguen en el convento, puesto que la octava, -sor Myryam, la cocinera en el «restaurante de clausura» de Arriondas (Asturias) abandonó el grupo en diciembre . Además, según Alaez, las notificaciones se hicieron el 21 y 22 de enero, por lo que el 10 de febrero tampoco se cumpliría «el plazo de 30 días concedido por el propio juzgado para un desalojo voluntario». Por esa razón, las exmonjas han solicitado la suspensión del desahucio forzoso previsto para el 10 de febrero en Belorado.
