La Fiscalía Superior del País Vasco ha abierto una investigación por el caso de la inoculación de vacunas caducadas a 253 personas (la mayoría bebés) en distintos centros de la red sanitaria autonómica tras una denuncia del Defensor del Paciente. Un «error grave», según reconoció ayer mismo el consejero de Salud, Alberto Martínez, que ha motivado, que ha motivado la incoación de diligencias de investigación preprocesales por parte del Ministerio Fiscal para «acreditar la existencia o no de un delito contra la salud pública» por parte de Osakidetza (el servicio de salud del País Vasco). (Noticia en ampliación)
