El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , reapareció este jueves en un acto en el Ateneo de Madrid, donde diversos juristas han presentado un manifiesto crítico con la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. El acto, que comenzó con un aluvión de aplausos mostrando su apoyo al ex fiscal general del Estado , fue introducido por la abogada laboralista Paquita Sauquillo, quien señaló la «dignidad» con la que ha llevado García Ortiz todo el procedimiento. En el evento intervinieron diferentes magistrados, siendo el primero en hacerlo el primer alcalde de Fuenlabrada (Madrid) tras la Transición y consejero de Educación bajo la Presidencia de Joaquín Leguina (PSOE), Manuel de la Rocha Rubí . Este señaló que la sentencia es «indignante» y tildó como un «hecho bochornoso» que García Ortiz fuese cesado. La vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Pepa Berdugo García-Maestro, hizo énfasis en su intervención en que todo el procedimiento penal ha sido «inquietante», así como lo ha sido la sentencia. También quiso transmitir el «maltrato institucional» al que ha sido sometido el ex fiscal general del Estado. Por otro lado el exmagistrado del Supremo, Joaquín Giménez, --que también tildó de «decepcionante» la sentencia- -, señaló que los jueces han de ser independientes de su ideología en el momento de hacer su trabajo: «Lo que es evidente es que cuando se pone a la hora de enjuiciar tiene que ser independiente de su propia ideología para ponerse al servicio de la ley democráticamente votada en las Cortes.» Por último, tomó la palabra el abogado, político, periodista y cofundador de CCOO, Nicolás Sartorius, quien defendió en todo momento la presunción de inocencia de García Ortiz y señaló que le parece una «aberración» la resolución del Tribunal Supremo. Además ha enfatizado en la parte de la sentencia en la que la culpa recae sobre el acusado o su «entorno». «No tenían ni idea de quién había sido, nunca he visto nada parecido a esto», ha concluido. Con todo, el acto finalizó con la lectura del manifiesto de apoyo llamado 'Una sentencia inquietante' y firmado por 150 juristas, entre los que figuran catedráticos, abogados y fiscales, pero también magistrados jubilados. En dicho documento se califica de «inaceptable» la condena del Supremo al fiscal general por revelación de secretos, denunciando una vulneración grave del principio de presunción de inocencia y del derecho 'in dubio pro reo'. El documento sostiene que el fallo carece de pruebas directas y se fundamenta en «conjeturas» e indicios insuficientes que no superan el umbral de la «mera sospecha». Ante lo que consideran un «golpe a la confianza institucional» y un «menoscabo» al secreto profesional periodístico, los autores concluyen que la sentencia debe ser anulada en instancias superiores al no haberse acreditado la culpabilidad más allá de toda duda razonable.
