La jueza investiga la asistencia de la cúpula de Emergencias a una reunión burocrática en plena alerta roja de la dana

La jueza de la dana ha abierto una nueva vía de la investigación sobre la causa en la que figuran como imputados la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La magistrada ha acordado requerir a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) la documentación sobre la reunión de su consejo de administración celebrada la mañana del 29 de octubre de 2024, en plena alerta roja por la dana. A la reunión, tal como desveló elDiario.es el pasado 17 de septiembre, asistieron tanto Emilio Argüeso como el entonces director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla.

La instructora, en una providencia dictada este viernes, acuerda pedir a la SGISE las convocatorias de la reunión, “con indicación de las personas convocadas y con aportación del mecanismo de comunicación de la misma”. También requiere el orden del día del consejo de administración de la empresa pública de Emergencias, así como el acta de la reunión (publicada por este diario).

Por otro lado, en una segunda providencia, la jueza Nuria Ruiz Tobarra también requiere a la SGISE un informe en el que conste la “identificación personal de cada uno” de los bomberos forestales que fueron movilizados para vigilar el caudal del barranco del Poyo a instancias del Centro de Coordinación de Emergencias el día de la dana, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

La magistrada otorga un plazo de tres días a la sociedad pública para identificar a los efectivos desplegados, que posteriormente fueron desmovilizados por orden del Consorcio Provincial de Bomberos.

Además, la instructora ha denegado, en un auto dictado este viernes, la prueba que solicitaba la defensa de Emilio Argüeso sobre el “documento oficial de autoprotección frente a inundaciones vigente y aplicable” tanto el día de la dana como la víspera.

La magistrada responde que ya estaba aclarado. La guía de autoprotección “se elaboró con posterioridad a octubre de 2024”.

La defensa del exalto cargo del Consell de Carlos Mazón no aporta “ningún elemento probatorio” que indique lo contrario, según recuerda el auto.