Los empresarios catalanes sellan la paz a favor del pacto de financiación PSOE-ERC
El mundo económico catalán llevaba enzarzado en una ardua discusión sobre el acuerdo de financiación alcanzado entre el gobierno, el PSC y ERC. Foment del Treball, la gran patronal catalana, fue la voz discordante en las primeras valoraciones del acuerdo, pero también se registraron discrepancias entre los miembros del denominado G8 formado por PIMEC, Cámara de Barcelona, Círculo de Economía, Barcelona Global, Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), Fira de Barcelona, Colegio de Economistas y la patronal independentista FEMCAT. Después de semanas de negociaciones fumata blanca.
El acuerdo reconoce que «la propuesta de nuevo modelo de financiación presentada por el Gobierno de España representa una mejora importante respecto del modelo actual, pero no se puede considerar suficiente» porque no da respuesta a las demandas del mundo económico catalán. Todos los firmantes parece que han cedido en sus planteamientos iniciales para alcanzar un punto de encuentro.
Un consenso equidistante de los firmantes, que, en su momento, tensó las relaciones entre Salvador Illa y Josep Sánchez Llibre, pero también alejándose de la postura intransigente de Junts. Los de Puigdemont se han reunido estos días con todas las entidades defendiendo su propuesta de concierto económico. En el mundo económico catalán, aun considerando que la propuesta es insuficiente, lanzan un claro mensaje a Junts per Catalunya en el último párrafo del comunicado: «Urgimos a los partidos catalanes a trabajar unidos para mejorar el modelo propuesto y garantizar que los cambios se consoliden en el futuro». Un nítido mensaje para que Junts apruebe tramitar el proyecto en el Congreso para incluir enmiendas.
Y añaden: «Nos alegramos de que finalmente se inicien los trámites para reformar un modelo de financiación caducado». Un jarro de agua fría para Alberto Núñez Feijóo, que lleva meses tratando de acercar posturas con el empresariado catalán que lo ve como alternativa, y con quien sintoniza en temas sensibles como la fiscalidad, pero mantiene posiciones enfrentadas en materia de desarrollo autonómico.
Los empresarios catalanes y las entidades firmantes hacen un metódico repaso al acuerdo y recuerdan que ellos mantienen las reivindicaciones que firmaron en marzo de 2024, justo antes de las elecciones autonómicas. El documento destaca que todos los cambios normativos en materia de financiación, «todas las mejoras del sistema, siempre han sido lideradas desde Cataluña y han sido graduales y acumulativas». Y exige que estos cambios se revisen cada 5 años con «mecanismos de revisión no discrecionales», como siempre ha defendido Josep Sánchez Llibre. El mundo económico catalán celebra que el acuerdo «reduzca la discrecionalidad de la administración central» con un sistema más justo que favorezca a las comunidades más perjudicadas por el anterior modelo, como Cataluña, Murcia y Valencia.
El acuerdo de las 9 entidades demanda «capacidad de gestión y corresponsabilidad fiscal», eliminando los adelantos del Estado para permitir «la recaudación en tiempo real» de las CCAA. También se celebra la inclusión del concepto de la ordinalidad y el nuevo modelo de redistribución y solidaridad, aunque se echa en falta «la no incorporación del coste de la vida como criterio de ajuste». lo que entienden como una carencia del acuerdo entre socialistas y republicanos.
La cúpula empresarial catalana siempre se ha quejado del déficit inversor del Estado en Cataluña y, aunque la inversión no se incluye en el modelo de financiación, sí lo han incluido en su comunicado conjunto. «Aumentar las inversiones del Estado en Cataluña, en línea con su peso en el PIB y su condición de motor económico del conjunto del Estado, es una vía igualmente efectiva que contribuye simultáneamente a la reducción del déficit fiscal y a la mejora del progreso y del bienestar del país», reza el comunicado que, en la línea de lo reiterado por el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, destaca también que «la situación de las infraestructuras catalanas es crítica, como es de actualidad, poniendo en evidencia un déficit acumulado de infraestructuras que se ha calculado en 42.500 millones de euros en 14 años».
De hecho, recuerdan que «Cataluña vuelve a ser en 2023, por tercer año consecutivo, la CCAA con el grado de ejecución más bajo de todo el Estado». Para superar esta situación los empresarios proponen «la creación de un consorcio de inversiones entre la Generalitat y la administración central». Por último, se quejan de que no se concrete la propuesta para avanzar «en la gestión, recaudación, liquidación e inspección de impuestos a través de agencias tributarias propias», instando a poner en marcha la Agencia Tributaria Catalana que reconoce el Estatut y que contempla «establecer fórmulas de coordinación entre administraciones tributarias» para la gestión de tributos».
El acuerdo empresarial interpela a todos los actores políticos. A PSOE, PSC y ERC para que vayan más allá del acuerdo, y a Junts a permitir la tramitación en el Congreso. También marca muy bien su posición ante un PP que se ha opuesto con rotundidad al nuevo modelo. Ahora empieza «el baile», como decía a LA RAZÓN un dirigente empresarial.