El Gobierno a las autónomas: «Si decides ser madre, arréglatelas tú sola»
En España, ser madre autónoma y continuar dándole el pecho al bebé tras la baja por maternidad es casi un milagro. No porque falten ganas, información o compromiso, sino porque el sistema empuja a abandonar la lactancia a quien no tiene nómina fija ni empresa que la respalde. La Administración convierte un derecho del menor en una carrera de obstáculos burocráticos que muchas madres no pueden sortear. Estas se enfrentan irremediablemente al dilema de tener que elegir entre lactancias truncadas o carreras profesionales penalizadas. «El mensaje del Estado a las autónomas es claro: Si decides ser madre, arréglatelas sola», denuncia Marta Peña.
Marta se dedica a la comunicación corporativa. Su trayectoria le ha permitido construir una cartera de clientes estables. Sin embargo, su trabajo no entiende de horarios fijos ni de oficinas: modera mesas redondas, coordina gabinetes de prensa, acompaña a organizaciones en eventos o debe asistir a congresos que, muchas veces, duran varios días y se celebran fuera de su ciudad.
En julio de 2025 nació su bebé. Comenzó, entonces, una baja por maternidad que duró 16 semanas. Un mes antes de que terminara este periodo, con la lactancia ya instaurada y consciente de que su trabajo implicaba noches fuera de casa y desplazamiento durante varias horas, comenzó a tramitar la prestación por riesgo durante la lactancia. «Quería seguir dando el pecho y sabía que reincorporarme no me permitiría continuar. De hecho, ocho días después de que se terminara la baja de maternidad debía acudir a un congreso de tres días fuera de España para encargarme de la cobertura en redes sociales de varias sesiones en paralelo, lo que se traduce en sesiones maratonianas en las que no es posible contar con tiempo ni espacios para la extracción de la leche. Tampoco para su conservación. Ni en los palacios de congresos ni en los hoteles ni en el avión hay congeladores que eviten romper la cadena de frío», comenta.
Presentó la solicitud con antelación, convencida de que la previsión jugaría a su favor. No fue así. Recibió una llamada de la mutua en la que le indicaban que no debía haber presentado la solicitud antes de finalizar la baja por maternidad. Que tenía que hacerlo después. Y, casi sin darle margen a réplica, le adelantaron el desenlace: no se la concederían. Los argumentos fueron tan simples como demoledores. Según las declaraciones textuales del audio facilitado por Marta, desde la mutua le indicaron: «La incapacidad para amamantar no es debida a tu profesión, sino a una falta de organización. Además, solo concedemos la prestación cuando te dedicas a algo que pone en riesgo la composición de la leche».
Todo quedó reducido a esto: una acusación y una frase técnica, abstracta, imposible de rebatir porque la composición de la leche no estaba en peligro en su caso.
Marta colgó el teléfono con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Me han dicho que no me organizo bien? ¿Cómo se ciñen a la composición de la leche sin tener en cuenta que dejar de amamantar a demanda disminuiría la producción y desembocaría en un destete temprano? ¿Cómo me aseguran que pasar horas sin poder extraerse leche no derivaría en un problema de mastitis?
A partir de ese momento, le surgió el dilema. ¿Volvía al trabajo en las condiciones de siempre o seguía dando el pecho renunciando a facturar y a cobrar cualquier tipo de prestación? «Me di cuenta de que, cuando una mujer autónoma solicita una prestación por riesgo en la lactancia, lo que recibe habitualmente no es protección, sino sospecha: demuestre usted que su trabajo pone en peligro a su bebé o a usted misma, reorganice su negocio, asuma la pérdida de ingresos o renuncie», lamenta.
Así, el sistema convierte un derecho en un sacrificio personal. Traslada a la madre la responsabilidad de eliminar turnos, evitar desplazamientos, teletrabajar o reorganizar su negocio, como si la actividad profesional fuera totalmente flexible y sin impacto económico. «Cuando la madre tiene que asumir la pérdida de ingresos para proteger la lactancia, el Estado no está garantizando un derecho, sino exigiendo un sacrificio privado», denuncia Nuria Benito, abogada especializada en Derecho de Familia que colabora con la Asociación Amamanta.
Según Benito, lo primero que hay que considerar aquí es que «todas las medidas de conciliación, en las que se incluye la prestación por riesgo en la lactancia, tienen como sujeto protegido al niño». «No es un beneficio para la mujer, es un beneficio del menor. Y cualquier sistema de protección que ignore esta premisa está, en la práctica, desprotegiendo a los niños de madres autónomas», insiste la abogada.
De hecho, los riesgos para la lactancia están reconocidos en la jurisprudencia, pero se ignoran. «La nocturnidad, la turnicidad, los grandes desplazamientos y la imposibilidad de extraer y conservar la leche adecuadamente han sido reconocidos por los tribunales como riesgos reales para la lactancia, pero las mutuas siguen negándolos en el caso de las autónomas», sostiene Nuria Benito. Así, el principio protector de la infancia se diluye en trámites y negativas administrativas «incluso cuando vemos que la madre se encuentra en una situación idéntica a la de empleadas públicas o trabajadoras por cuenta ajena».
«Negar, no favorecer o impedir que una madre acceda a su permiso por lactancia es inmoral y una falta de ética increíble. Pero también tiene riesgos para la salud física, emocional y mental de los niños y de las madres», sostiene Salomé Laredo, presidenta de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN). Y recuerda que la OMS recomienda seis meses de lactancia materna exclusiva y hasta los dos años complementaria.
¿La composición de la leche?
Como en el caso de Marta, los argumentos que alegan las mutuas suelen estar vinculados, entre otros, con la composición de la leche. «Como la leche materna está poco estudiada, las mutuas alegan que no está demostrado que ciertos riesgos alteren su composición o producción, pero tampoco pueden demostrar lo contrario. La duda científica se traduce en desprotección jurídica», sentencia. De la misma opinión es la presidenta de IHAN: «La composición no es igual de un día a otro, ni siquiera de la mañana a la noche, con lo cual ese argumento cae por su propio peso».En definitiva, se les exige demostrar que su actividad profesional entraña un riesgo, asumir costes económicos y afrontar procedimientos largos y complejos que, en la práctica, hacen inviable la reclamación.
Y es que, para tramitar la solicitud, es imprescindible aportar un informe de riesgos elaborado por un servicio de prevención ajeno, un documento individualizado que analice en detalle la actividad profesional de la madre y que suele implicar un desembolso de entre 200 y 300 euros. A ello se añade, en muchos casos, la necesidad de recurrir a asesoramiento jurídico si la mutua deniega la prestación, con reclamaciones previas y, en última instancia, un procedimiento judicial que puede suponer al menos otros 400 o 500 euros, sin garantía de éxito inmediato.
Al final, si el proceso da la razón a la madre, esta recibe el 100% de la base reguladora. «Este es otro dilema. La prestación, incluso cuando se concede, es económicamente insuficiente porque no tiene en cuenta sus ingresos reales. Esto supone cobrar 700 u 900 euros al mes aunque facture mucho más, lo que introduce una discriminación económica clara frente a otros regímenes laborales», apunta la abogada.
Todo ello mientras la madre sigue criando, cotizando y, en muchos casos, sin poder trabajar con normalidad. «El sistema está diseñado para que tiren la toalla», denuncia la abogada. No solo por el dinero, sino por los tiempos: resoluciones que tardan semanas, reclamaciones que se alargan meses y juicios que pueden llegar cuando el bebé ya ha cumplido un año. Para entonces, la lactancia ya se ha interrumpido y el reconocimiento, si llega, lo hace tarde. «Esto no es una protección real, es una carrera de obstáculos que muy pocas pueden permitirse», indica.
La abogada atribuye esta mala praxis al Gobierno. «El problema no es una mala interpretación de las mutuas, sino un fallo estructural del sistema, un error en el modo en que la Administración ha legislado. Y es que, lo ha hecho con carácter general y desde la ignorancia, dejando a las mutuas un amplio margen de discrecionalidad que acaba jugando en contra de las madres autónomas. Eso nos perjudica», afirma.
La abogada califica la situación a la que se enfrentan las autónomas como una «perversidad». Y lamenta que no hay voluntad política de corregir el problema. «Si el legislador quisiera, podría adaptar plazos, cuantías y procedimientos a la realidad del trabajo autónomo. El hecho de que no lo haga demuestra falta de prioridad política», concluye.