Partiendo del hecho irrebatible e incuestionable de que la falta de vivienda es desde hace un tiempo el primero y gran problema de España , tanto a nivel social, institucional y político, independientemente incluso de si hablamos de zonas tensionadas como en otras caracterizadas por la despoblación, el panorama en el primero de los casos se antoja insoportable y necesitado de que se pongan en marcha todas las medidas más eficaces para hacer frente a la inaccesibilidad a una vivienda, en propiedad o en alquiler, tanto por su escasez como por sus precios prohibitivos. En este lado del problema se encuentra, de manera especial desde la última década o 15 años, una zona de la provincia de Toledo con un gran potencial de crecimiento por su condición de vecina colindante con la parte sur de la Comunidad de Madrid, desde hace tiempo es la más desarrollada demográficamente. Nos referimos a la amplia comarca toledana de La Sagra, integrada por 27 municipios que conforman dos mancomunidades (Sagra Alta y Baja) que no solo a nivel regional, sino incluso nacional, ha experimentado uno de los mayores crecimientos de población, propiciado por el crecimiento líder en sectores económicos como el logístico, ya que varios de estos municipios albergan algunas de las mayores empresas de logística creadas en los últimos años en España. Esto ha derivado en un crecimiento de población que hace que en estos momentos el conjunto de toda La Sagra alcanza ya casi los 200.000 habitantes (191.893), con algunos municipios en los que se ha triplicado su número de habitantes en unos 20 años, sobre todo en el eje de la autovía Madrid-Toledo. Aquí destacan sobre manera Illescas y Seseña, con 33.301 y 30.907, respectivamente. Del análisis de la situación demográfica de la provincia según datos de 2025 se observa que de los 204 municipios de la provincia de Toledo, que suman 750.815 habitantes, los 27 que conforman la comarca sagreña acumulan algo más de una cuarta parte de todos habitantes de la provincia. Su población es la que más ha crecido de toda la provincia, sumando más de 27.000 en los últimos siete años. Al margen de Toledo y Talavera, las dos únicas poblaciones toledanas que superan los 30.000 habitantes están en esta comarca. A eso hay que sumar también una numerosa población laboral de miles de personas que desde distintos lugares del sur de Madrid se mueve por toda la comarca para acudir cada día al trabajo en La Sagra. Son trabajadores que de momento no encuentran una vivienda para poder residir más cerca de su puesto de trabajo. Esto provoca al mismo tiempo una elevada presión de tráfico que en determinadas horas es inasumible por la autovía A-42 Madrid-Toledo, una vía que sufre habituales embotellamientos y retenciones mientras se sigue esperando un tercer carril en todo su recorrido enlazando con Madrid, aunque también el alto tráfico se extiende a las carreteras colindantes. Precisamente en la localidad de Illescas se produjo la semana pasada un acto revelador de la situación de necesidad acuciante de vivienda en la comarca. En un encuentro celebrado con la asistencia de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y del consejero de Fomento, Nacho Hernando, el alcalde illescano, José Manuel Tofiño, anunciaba la próxima construcción de nada menos que de 4.500 viviendas más en el barrio oeste de la localidad, junto a al carretera de Ugena. Unas obras que se realizarán en tres fases y en la inicial se desarrollarán cerca de 1.900, de las cuales más del 60 por ciento contarán «con algún tipo de protección». Este es un caso concreto, pero podría hacerse extensivo, cada uno en su justa medida, al resto de municipios de esta próspera comarca toledana. Consciente de lo que este problema implica en el día a día, desde hace ya años las dos mancomunidades de municipios en las que se agrupa toda la comarca sagreña llevan año promoviendo medidas para ir haciendo más liviano y dar respuesta a lo que hoy día en un problema de gran magnitud. El último episodio para alcanzar este objetivo tuvo lugar el pasado mes de noviembre con la celebración por parte de la Mancomunidad de la Sagra Alta de las IV Jornadas de Vivienda. A la misma asistieron más de sesenta gestores municipales en materia de desarrollo de políticas activas de vivienda (alcaldes y concejales de los ayuntamientos de las Mancomunidades de Municipios), personal técnico de ayuntamientos (arquitectos, aparejadores, etc.), personal de los servicios sociales de las entidades locales y administración regional, así como empresas que desempeñan su actividad en el ámbito del desarrollo de la vivienda y otros colectivos como la sanidad, educación o la defensa de los consumidores. Entre los participantes a estas jornadas de la mancomunidad que preside Julián Torrejón, alcalde de Pantoja, destacó la presencia de la directora general de planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda, Inés Sandoval. Las jornadas celebradas en Pantoja se han consolidado ya como un espacio de análisis, reflexión y debate en torno a la situación de acceso a la vivienda en la comarca de La Sagra, lo que ayuda a identificar problemáticas comunes y líneas de actuación. Todo ello tras analizar unas ponencias en las que se han abordados asuntos como el derecho a la vivienda y colaboración público-privada, el impacto sanitario de hacinamiento, situación de los jóvenes y las familias para el acceso a una vivienda; el coste, suelo y urbanismo; la crisis para acceder a un alquiler y compra de una vivienda; el papel de los ayuntamientos; la situación de la mujer en el acceso a la vivienda; o la prefabricación e industrialización de la vivienda. Tras la celebración de estas jornadas, la Mancomunidad ha elaborado un reciente documento con el análisis y las conclusiones del debate al que ha tenido acceso ABC. De inicio se resalta la importancia de la problemática de la vivienda en la comarca, ya que se asegura que «se puso de manifiesto la situación crítica del acceso a la vivienda, derivada principalmente del crecimiento demográfico acelerado de la comarca, la elevada presión del mercado inmobiliario y la insuficiente intervención pública para garantizar una oferta de vivienda adecuada y asequible. A partir de aquí, se ha destacado «la necesidad de avanzar hacia un sistema de vivienda equilibrado, accesible y socialmente justo, especialmente orientado a jóvenes, familias con ingresos que no tienen posibilidad de acceder a una vivienda ni para compra ni de alquiler, familias con dificultades económicas, y colectivos en riesgo de exclusión residencial (jubilados con pensiones bajas). Durante el debate, uno de sus ejes centrales fue «la urgencia de reforzar el parque público de vivienda, tanto a través de la construcción de nuevas viviendas como mediante la adquisición, rehabilitación y movilización de inmuebles existentes. Se subrayó la importancia de una planificación basada en la demanda real de vivienda, incorporando criterios de equidad territorial entre municipios para evitar desequilibrios y garantizar un acceso homogéneo en toda la comarca». Por eso, en este contexto, destaca el acuerdo prioritario para «la creación de un Observatorio Comarcal de Vivienda, que permita disponer de datos actualizados y fiables sobre precios, demanda, oferta y disponibilidad de vivienda, como herramienta de apoyo a la toma de decisiones». Asimismo, se planteó «la necesidad de una planificación urbanística coordinada, capaz de anticipar el crecimiento poblacional y evitar la saturación de infraestructuras y servicios públicos». Asimismo, «se destacó la importancia de que el desarrollo residencial vaya acompañado de una adecuada dotación de equipamientos, servicios básicos y redes de comunicación, apostando por la cooperación intermunicipal e interinstitucional como elemento clave para una gestión eficiente del territorio». También se dedicó buena parte del debate a la necesidad de estimular «la agilización administrativa en los procedimientos relacionados con la promoción y construcción de vivienda», y se puso de relieve que «la reducción de plazos y la simplificación de trámites administrativos resultan fundamentales para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos residenciales y contribuir a la contención de los costes finales de la vivienda». Las jornadas también resaltaron «el papel estratégico de la innovación constructiva y la industrialización de la edificación como herramientas clave para reducir costes, acortar los tiempos de ejecución y mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad del parque residencial. Así como la necesidad de fomentar estos modelos constructivos desde las administraciones públicas, integrándolos en las políticas de vivienda y en los procesos de contratación pública». Eso conduce a la importancia de «reforzar la coordinación política y la colaboración público-privada». Finalmente, se abordaron diversas cuestiones transversales vinculadas a la vivienda, como la relación entre vivienda y salud pública, el acceso de la juventud a la vivienda, la atención específica a mujeres víctimas de violencia de género, la flexibilización del empadronamiento como herramienta de acceso a derechos y recursos, y la necesidad de preparar a los municipios ante el Plan Estatal de Vivienda 2026–2030, adaptando sus estrategias y estructuras a los nuevos marcos normativos y de financiación. En definitiva, la necesidad de «impulsar una estrategia integral, coordinada y sostenida en el tiempo, orientada a garantizar el derecho a una vivienda digna, fortalecer la cohesión social y promover un desarrollo territorial equilibrado y sostenible en la comarca de La Sagra».
