Los presidentes de Empresa Familiar (EFCL), Isidoro J. Alanís, y la Asociación de la Industria Alimentaria (Vitartis), Santiago Miguel Casado, han entregado este lunes al máximo responsable de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco , un estudio que contempla «más de cien medidas concretas y factibles, que van desde una mayor iniciativa pública hasta una mayor simplificación administrativa, con la búsqueda de colaboraciones público-privadas y algunas reformas legales para mejorar el desarrollo industrial en los pequeños municipios». Mañueco ha recibido a los dos representantes empresariales en la sede de la Presidencia del Gobierno regional, donde Alanís y Casado trasladaron sus propuestas «con el objetivo de contribuir a dinamizar la actividad empresarial en el medio rural». Los presidentes de EFCL y Vitartis han explicado que «este trabajo responde a una necesidad cierta, objetiva y urgente: las empresas que operan o quieren establecerse en el medio rural de Castilla y León se enfrentan a procedimientos administrativos tediosos, prolongados en el tiempo, con excesiva dispersión normativa y escasa coordinación entre administraciones. Y sin empresas no será posible que nuestros pueblos puedan sobrevivir», informa la agencia Ical. Se trata, por lo tanto –han dicho–, de un asunto de «gran interés» para la Comunidad, «que tiene que ver con su propia capacidad para competir en Europa y en el mundo», por lo que han anunciado que prevén mantener encuentros con los dirigentes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria en Castilla y León, «con el fin de que contribuyan a lograr este objetivo de Comunidad». Durante el encuentro con el presidente Fernández Mañueco, los presidentes de EFCL y Vitartis han reconocido los «esfuerzos» de la Junta en el apoyo al sector agroalimentario y han señalado que con este documento se pretende «continuar en la línea de luchar contra la despoblación y reforzar las inversiones y el empleo en las zonas rurales». Sin embargo, han indicado que «la complejidad y lentitud de los procedimientos administrativos frenan la inversión, resta competitividad, genera incertidumbre, desmotivación y costes innecesarios para quienes apuestan por emprender e invertir en el medio rural, además de reflejar una injustificada falta de confianza en el empresario». Por ello, han considerado que «es necesario actuar con decisión para simplificar los procedimientos administrativos que, sin aportar valor, dificultan o incluso impiden el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, particularmente en sectores estratégicos como el agroalimentario, que tiene una vinculación directa con el territorio y un elevado efecto tractor sobre otras actividades». Han recordado, en este sentido, que en Castilla y León el 45 por ciento de las industrias agroalimentarias se ubica en el medio rural –en localidades de menos de 2.000 habitantes–, que concentran el 35 por ciento del empleo del sector y el 40 por ciento de su cifra de negocio. A la reunión, también asistieron la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral; la directora general de la Industria y la Cadena Agroalimentarias, Cristina Frías; el director de Empresa Familiar de Castilla y León, Eduardo Estévez; y la directora de Vitartis, Cristina Ramírez.
