¿Es legal que mi empresa me vigile durante mi jornada laboral? Esto dice el Estatuto de los Trabajadores
En los últimos años la vigilancia en el entorno laboral se ha convertido en una práctica cada vez más habitual. Muchas empresas recurren a distintos sistemas de control con el objetivo de supervisar la actividad diaria de su plantilla, mejorar la productividad y garantizar la seguridad dentro del centro de trabajo. Esta realidad ha abierto un debate social y jurídico sobre hasta dónde puede llegar el control empresarial sin invadir la esfera personal de quienes trabajan.
Entre los mecanismos más frecuentes se encuentran las cámaras de videovigilancia instaladas en zonas de acceso o áreas comunes, los sistemas de control horario mediante huella dactilar o reconocimiento facial y los programas informáticos que registran el uso del ordenador corporativo. A estos se suman métodos más tradicionales como la supervisión directa por parte de responsables o los registros de entrada y salida en papel, que siguen presentes en muchos sectores. La diversidad de herramientas refleja la creciente preocupación de las empresas por combinar eficiencia y seguridad sin exceder los límites legales.
Las empresas suelen justificar estas medidas como una forma de proteger los bienes internos, prevenir robos o garantizar que se cumplen las obligaciones laborales. Sin embargo, la implantación de estas técnicas no está exenta de polémica, ya que puede generar una sensación de control permanente y afectar al derecho a la intimidad del trabajador. La cuestión clave es cuándo estas prácticas son legales y en qué momento cruzan la línea de la vulneración de derechos laborales. En muchos casos el debate se centra en la proporcionalidad y la necesidad de que el empleado esté claramente informado.
Esto es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores
El Estatuto de los Trabajadores reconoce la facultad de control del empresario, pero también impone límites claros. Por su parte, el artículo 20.3 establece que "el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad", detalla el escrito legal. Esto implica que la vigilancia no puede ejercerse de manera arbitraria y debe respetar siempre la dignidad del trabajador.
Por tanto, para que el uso de cámaras de vigilancia sea legal deben cumplirse una serie de requisitos. La empresa tiene la obligación de informar previamente a la plantilla de su existencia y finalidad, las medidas deben ser proporcionales y justificadas y nunca pueden instalarse en espacios que afecten a la intimidad como vestuarios, aseos o zonas de descanso. Además, las grabaciones están sujetas a la normativa de protección de datos y no pueden conservarse indefinidamente. El incumplimiento de estos criterios puede derivar en sanciones legales y en la nulidad de pruebas obtenidas mediante la videovigilancia.
Los derechos del trabajador frente a la vigilancia
En este sentido, las personas trabajadoras cuentan con derechos frente a la videovigilancia, por supuesto, tienen derecho a saber que están siendo grabadas, y, también, a que las imágenes no se utilicen para fines distintos a los informados y a que su dignidad sea respetada en todo momento. Si consideran que la empresa ha incumplido la normativa pueden acudir a la Inspección de Trabajo o a la Agencia Española de Protección de Datos para presentar una reclamación. Estas vías permiten que los empleados protejan su intimidad sin comprometer la seguridad ni el funcionamiento de la empresa.
Un caso de vulneración de derechos por parte de la empresa
Por otro lado, especial atención merece la grabación directa o constante de una persona trabajadora. Cuando una cámara enfoca de manera continua a un empleado sin una causa justificada o sin la información previa adecuada, puede suponer una vulneración de derechos fundamentales como la intimidad y la propia imagen. En estos casos, incluso las sanciones basadas en dichas grabaciones pueden ser anuladas por los tribunales, reforzando la idea de que el control empresarial tiene límites claros establecidos por la ley. La protección legal busca equilibrar la necesidad de vigilancia con el respeto irrestricto a los derechos individuales de cada trabajador.