La Fiscalía anuncia que pedirá la inhabilitación de Le Pen durante cinco años
La Fiscalía francesa pedirá la inhabilitación de Le Pen en el caso de desvío de fondos de la Unión Europea por cinco años, pero no su aplicación inmediata, algo que habría impedido la carrera electoral de la líder ultraderechista por el palacio del Elíseo en 2027. Esa puntualización en la aplicación puede ser la clave para que la líder ultraderechista concurra por cuarta vez a la presidencia francesa cuando todos los sondeos le son favorables.
El Ministerio Público solicitó además una pena de cuatro años de prisión, tres de ellos condicionales y uno firme con libertad vigilada mediante pulsera electrónica para Le Pen, así como una multa de 100.000 euros y una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años. "Solicitaremos penas de inhabilitación. No hace falta disimular un falso suspense", declaraba Thierry Ramonatxo, el primero de los dos representantes del Ministerio público en intervenir ante el Tribunal de Apelación de París al inicio la requisitoria tras la que seguirán en las próximas jornadas los alegatos finales que pondrán punto y final al juicio en apelación que se celebra en París desde hace tres semanas y cuyo veredicto se espera a principios de verano.
"Desde el momento en que la organización está estructurada, el sistema existe", sostiene Thierry Ramonatxo. Según el fiscal general, "al cabo de tres semanas, la vista revela una organización fraudulenta destinada a financiar al FN, un sistema concebido para desviar fondos públicos, en contravención de las normas y funcionamiento público".
La Fiscalía ha reprochado a los miembros del Reagrupamiento Nacional los "ataques mediatizados" en primera instancia a la institución judicial citando las "amenazas explícitas de muerte" que sufrieron los magistrados que dictaron la condena en primera instancia. En este sentido, el fiscal se congratuló de que, los debates de estas últimas tres semanas en el juicio en apelación se hayan desarrollado en un contexto más sereno. "Este es un cambio notable de tono y atmósfera", enfatizó. Aunque la líder del RN estaba presente en la sala del tribunal, ha decidido no intervenir al final de la jornada. "No soy yo quien decide, no tengo las cartas en la mano", ha declarado a los periodistas poco antes de entrar, consciente de que su futuro político se juega en este proceso.
Condena en primera instancia
La líder del Reagrupamiento Nacional ya fue condenada en primera instancia en marzo de 2005 a una dura pena que incluía cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata para ejercer cargo público, lo que bloquearía por el momento su ambición de presentarse por cuarta vez a las elecciones presidenciales, para las que, según todos los sondeos publicados hasta ahora, es clara favorita. Además de la inhabilitación, Le Pen fue castigada por el mismo caso a cuatro años de cárcel —dos exentos de cumplimiento— por malversación de fondos públicos de la Eurocámara.
En este juicio de apelación, Le Pen ha cambiado radicalmente de estrategia con un tono menos frontal y argumentando involuntariedad y la buena fe. "Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho", afirmó la semana pasada, subrayando que no existió intención de establecer un sistema para financiar ilegalmente su partido con fondos europeos. Argumentó que todas sus actuaciones fueron públicas y que el Parlamento Europeo nunca les advirtió de posibles irregularidades.
En primera instancia, los magistrados consideraron probado que ella había heredado de su padre e impulsado una trama de desvío de fondos del Parlamento Europeo para financiar su partido. En total, más de 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016 con los que pagaron con la atribución para asistentes parlamentarios a personal que trabajaba para el partido, como su propio guardaespaldas.
Desde que dictó la condena contra Le Pen, la jueza Bénédicte de Perthuis recibió amenazas de muerte y fue puesta bajo protección policial. En su fallo, especialmente en lo relativo a la inhabilitación con aplicación inmediata, la magistrada tuvo en cuenta tanto la defensa como la actitud de la diputada de extrema derecha. La jueza explicó además que la ejecución inmediata de la inhabilitación respondía a la necesidad de "garantizar que los cargos electos, como cualquier otro ciudadano ante la justicia, no se beneficien de un trato de favor", algo que, según afirmó, sería incompatible con la confianza que los ciudadanos esperan de la vida política.