Financiamiento de campaña: el elefante en la habitación electoral, por Eliana Carlín
El escándalo que estalló esta semana con relación a la franja electoral no es una anécdota aislada: es la prueba más reciente de que el dinero público asignado por la ONPE para la propaganda televisiva y radial sigue siendo capturado por intereses particulares. En el caso de Primero la Gente, más de S/ 464 mil del presupuesto asignado al partido fueron direccionados, de manera unilateral, a Nativa Televisión, canal vinculado directamente a su fundador. El hecho obligó a la renuncia del candidato y abrió la puerta a denuncias similares en otras tiendas políticas. Cuando el dinero del Estado termina en los bolsillos de los propios dueños de los medios que deben informar, la democracia se convierte en un negocio privado disfrazado de campaña.
Este tipo de irregularidades obliga a mirar de frente el problema de fondo: el financiamiento de los partidos, sea público o privado. El financiamiento público, que se justificó para evitar la dependencia de donantes ocultos, ha demostrado ser también vulnerable a la captura interna y a los conflictos de interés, aunque, gracias a que tiene mecanismos de fiscalización, podemos enterarnos de situaciones como la ocurrida esta semana. El financiamiento privado, por su parte, nunca desapareció del todo; solo cambió de forma. Sigue revelando, con nitidez meridiana, quién financia a quién y qué intereses económicos esperan cobrar la factura una vez instalados en el poder. En ambos casos, el dinero termina definiendo agendas mucho más que los programas o las promesas.
No es la primera vez que esto ocurre. En elecciones anteriores se denunció la entrega directa de dinero en efectivo de un partido político a un medio de comunicación a cambio de cobertura favorable, práctica que la ley prohíbe. También quedó registrado cómo un banco transfirió millones a las arcas de ese mismo partido político, operación que luego fue investigada por la Fiscalía y que dejó en evidencia la porosidad del sistema. Esos episodios, lejos de ser excepciones, ilustran un patrón: la corrupción electoral no es un accidente, es el combustible que mantiene en marcha la “máquina”.
La norma vigente respecto al financiamiento de partidos es el artículo 31 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, en donde se explicita la prohibición de aportes de parte de confesiones religiosas de cualquier denominación y personas jurídicas con fines de lucro (nacionales o extranjeras), así como personas jurídicas nacionales sin fines de lucro. En cuanto a las confesiones religiosas, estas organizaciones (en su mayoría vinculadas a iglesias evangélicas radicales) tienen actualmente diversos candidatos ya en carrera, y resulta poco creíble que no entreguen dinero a ciertas candidaturas, por alguna vía que logre sacarle la vuelta a la ley. Lo mismo ocurre con las figuras jurídicas, que deben tener múltiples representantes, tal vez menos evidentes que los candidatos “religiosos”.
Al final, lo más grave es que estos millones —públicos y privados— terminan por secuestrar el debate. En lugar de discutir propuestas serias para reducir la pobreza, mejorar la educación pública o generar empleo digno, la campaña se reduce a una pelea por presupuestos, comisiones y franjas. Mientras tanto, los más pobres siguen esperando que alguien hable de su futuro. Cuando el costo de entrar en la contienda es tan alto, la política deja de ser un servicio público y se transforma en un lujo que solo pueden pagarse quienes ya tienen poder económico. Y eso, al final, es lo que realmente empobrece al país.