La factura de España por las renovables no deja de crecer: 2.300 millones pendientes y nueva condena en EE UU por 75 millones
España afronta ya una factura de 2.300 millones de euros derivada del conflicto internacional por los recortes a las energías renovables aprobados hace más de una década. Una deuda millonaria que no deja de crecer por intereses, costas judiciales y nuevas condenas en tribunales extranjeros, y que amenaza con traducirse en embargos de activos públicos en distintos países. El último revés judicial llega desde Estados Unidos, donde la Corte Federal del Distrito de Columbia ha ratificado una nueva condena contra España que eleva en 75 millones de euros (88,4 millones de dólares) el montante a pagar a los acreedores internacionales.Golpe en EE UU: pago inmediato
La resolución, firmada el pasado 3 de febrero por el juez Carl J. Nichols, rechaza la última apelación presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez y ordena ejecutar el laudo arbitral como si se tratara de una sentencia firme de un tribunal federal estadounidense.
El fallo supone un duro correctivo para el Ejecutivo, al eliminar cualquier margen de maniobra para retrasar el pago. Además, el tribunal advierte de que la deuda seguirá incrementándose con intereses de demora hasta que España abone la totalidad del importe.
El caso se remonta a 2013, cuando el fondo RREEF decidió acudir al arbitraje internacional tras la retirada de las primas a las energías renovables aprobadas durante la crisis económica.
En 2019, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, dio la razón al inversor y fijó una indemnización inicial de 59,6 millones de euros, que con los intereses acumulados supera ya los 75 millones.
El Gobierno español ya había sufrido un primer varapalo en noviembre, cuando la Corte de Columbia condenó al Estado al pago. Sin embargo, el Ejecutivo intentó frenar la ejecución alegando inmunidad soberana, argumento que ahora ha sido rechazado de forma definitiva.
Bélgica: embargos por casi 500 millones
El pulso judicial entre España y los inversores internacionales se extiende por varios continentes. En Bélgica, los acreedores han logrado ya el embargo de 482 millones de euros vinculados a indemnizaciones impagadas relacionadas con el mismo conflicto energético.
Estas decisiones judiciales han incrementado la presión sobre el Estado español, al demostrar que los tribunales extranjeros están dispuestos a ejecutar medidas coercitivas para garantizar el cobro de las compensaciones.
Australia da vía libre a los embargos
La batalla legal también ha alcanzado Australia, donde una decisión del Tribunal Supremo ha abierto la puerta al embargo de bienes españoles por valor de 469 millones de euros.
La resolución supone un nuevo frente judicial para España, que ve cómo el riesgo de incautación de activos públicos se expande fuera del ámbito europeo.
Reino Unido, tras el Instituto Cervantes
En el Reino Unido, los tribunales han dictado condenas que incluyen la posibilidad de embargar bienes del Estado español. Entre los activos señalados figura incluso la sede londinense del Instituto Cervantes, uno de los principales instrumentos culturales de la acción exterior española.
El conflicto por los recortes a las renovables se ha convertido en uno de los mayores litigios internacionales a los que se ha enfrentado España. La retirada de los incentivos aprobada en plena crisis económica provocó una cascada de demandas por parte de inversores extranjeros que consideraron vulneradas sus garantías jurídicas.