No podemos hacerlo solos
Mientras que el IMV protege más y con mejores resultados, las rentas mínimas autonómicas están desapareciendo. Las comunidades han dejado de invertir en la lucha contra la pobreza unos 600 millones de euros desde 2020
La pobreza se reduce en España. La última Encuesta de Condiciones de Vida confirma la mejora de todos los indicadores de pobreza y desigualdad de la última década en nuestro país. Es la noticia que todos los que trabajamos en el ámbito de la inclusión deseábamos leer. En días así, me reafirmo en que las políticas públicas que funcionan son las que se diseñan con vocación social.
Un gran ejemplo es que los hogares siguen recuperando poder adquisitivo. En estos siete años en los que hemos desarrollado políticas de integración, como el Ingreso Mínimo Vital, y medidas para mejorar la estabilidad y la calidad en el empleo, la renta de las familias ha crecido un 34%, 14,5 puntos por encima de la inflación. Sólo en este último año, la renta de los hogares ha crecido más que en los siete años del gobierno del Partido Popular.
Y es aquí donde quiero recuperar el concepto de convicción. Los datos de pobreza han mejorado mucho, pero siguen estando lejos de donde nos gustaría. Y solo si nos convencemos de que este reto mayúsculo es común, podremos ver resultados.
El Ingreso Mínimo Vital es una política -no me gusta calificarla de prestación porque es mucho más- que en sus seis años de vida ha conseguido disminuir las tasas de pobreza y desigualdad, y contenerlas en contextos complicadísimos que estaban destinados a aumentar enormemente las brechas: pandemia, crisis inflacionistas, inundaciones o guerras comerciales a las puertas de Europa.
Los recientes datos que hemos comentado no se entenderían sin el IMV. Y no lo digo yo. Esta misma semana, el informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) confirmaba que el Ingreso Mínimo Vital ha reducido la brecha de pobreza en un 30% en los hogares beneficiarios.
Mirando otros indicadores, como la desigualdad de ingresos o la tasa de riesgo de pobreza, vemos que en España nunca había sido tan bajas. Y no puedo evitar pensar en hasta dónde hemos llegado: el IMV protege a casi 2,5 millones de personas, de las cuáles más de un millón son niños y niñas. De hecho, la pobreza infantil, aunque sigue en niveles altos, es la que más se reduce en este último año.
El número de beneficiarios del IMV ha crecido un 20% en el último año. No significa que haya más gente que lo necesita, sino que llegamos donde antes no lo hacíamos y seguimos trabajando para que sea más fácil de solicitar y más ágil en su gestión. Además, cada año, el Ministerio de Inclusión lo revaloriza. En 2026 será un 11,4% más y un 59% en total desde que se puso en marcha en plena pandemia.
Pero no podemos hacerlo solos.
Mientras que el IMV protege más y con mejores resultados, las rentas mínimas autonómicas están desapareciendo. Las comunidades han dejado de invertir en la lucha contra la pobreza unos 600 millones de euros desde 2020. Hay regiones como Madrid donde la renta mínima casi no existe: ha pasado de proteger 24.415 hogares en 2020 a proteger 207 a finales de 2025. Un 99% menos. Y no es la única, aunque su caso es especialmente grave.
El Ingreso Mínimo Vital se diseñó para sumar esfuerzos. El IMV debía ser un suelo común que igualara a todos los ciudadanos, vivieran donde vivieran. A partir de ahí, las comunidades, Aragón, Galicia, Murcia o Andalucía, debían seguir yendo casa a casa, familia a familia que lo está pasando mal, para darles un mínimo. Pero no ha sido así. Por el camino han dejado de proteger a 264.000 personas y a más de 126.000 hogares vulnerables.
Imaginemos por un momento cuáles serían los datos de la Encuesta de pobreza si esos 600 millones siguieran usándose para este objetivo urgente. Imaginemos ahora cuáles serían si, además, no existiera el Ingreso Mínimo Vital.
Servicios sociales, vivienda, educación, sanidad… son políticas cuya competencia recae fundamentalmente en las comunidades autónomas y están directamente relacionadas con la lucha contra la pobreza. Ampliar sus rentas mínimas, tanto en número de beneficiarios como en cuantía, debería ser una prioridad.
Desde el Gobierno de España no nos cansaremos de pedir colaboración, de pedir que asuman su papel y que se pongan al lado de las personas. La ciencia nos ha demostrado que el dinero que se destina a política social no es un gasto, sino una inversión que retorna en forma de más prosperidad para todos. Hagámoslo posible.