La conflictividad en el Conservatorio de Segovia tensiona el ambiente: "La Inspección educativa siempre ha mirado a otro lado"

En el conservatorio de Segovia hay un problema de convivencia enquistado desde hace años: algunos profesores denuncian imposiciones por parte de la Dirección del centro y reprochan que ni Inspección ni la Junta de Castilla y León hacen nada para solventarlo. De hecho, hay en marcha varios procesos judiciales por lo Social —y no se descartan otros nuevos— sobre Responsabilidad Civil derivada de incumplimiento de la Prevención de Riesgos Laborales, de los cuales uno ya se ha resuelto. El Tribunal Superior de Justicia ya ha condenado a la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León y al Conservatorio de Segovia a que evalúe los riesgos psicosociales que puedan existir en el puesto que trabajo del actor y en el centro de trabajo y adopte las medidas preventivas derivadas de dicha evaluación después de que un profesor hubiera denunciado acoso laboral, cuyo procedimiento penal fue sobreseído en 2024.

Otros profesores —que han preferido mantener el anonimato— denuncian situaciones similares —con “formas autoritarias y una nula capacidad de diálogo”— y aseguran que se han visto obligados a marcharse del centro, a coger bajas por salud mental o a jubilarse de manera anticipada, pero que se está intentando 'vender' que hay 'dos bandos' de profesores.

“La gente se quiere ir, hemos tenido varios traslados de gente que no podía más. Y gente que está en expectativa de hacerlo, también”, apunta uno de los profesores, que calcula que ha habido meses en los que han coincidido hasta seis profesores de baja que requerían apoyo psicológico. “Queda mucho interino que se queda un año y se va y el que sufre es el alumnado, porque no nos dejan trabajar”, denuncia otra docente. “No hay dos bandos. Cuando te acosan, viene una persona a ayudarte y nos vamos ayudando. Pero no es que estemos luchando contra nadie, yo he luchado por sobrevivir”, zanja ella, quien ejemplifica algunas de las prácticas del Conservatorio: le propusieron dar una clase, pero que otro docente pusiera las notas.

Un representante del Consejo Escolar de Padres y Madres de Alumnos del Centro, Jorge Albillo, se ha puesto en contacto con este medio, reconoce que ha habido momentos “de mucha tensión” en algunas reuniones, aunque asegura que la situación ha mejorado desde 2024. “Hay que vivirlo en primera persona para ver que no es normal, pero hay un grupo minoritario que hace mucho ruido, alguno con mucha inquina”, relata el representante del Consejo, que pide dirigir los esfuerzos en el centro y pide que, si hay discrepancias, se resuelvan en el juzgado. “Afortunadamente, los chicos no viven estas cosas, pero sí pagan algunas consecuencias porque si se necesita unanimidad y hay una o dos personas que votan en contra o se abstienen... Puntualmente se ha perjudicado a algún alumno, pero solo puntualmente”, explica.

Escritos al Procurador del Común desde 2016

Los problemas vienen desde hace años. El director actual entró en 2016 con su equipo de gobierno y ha ganado los procesos electorales en 2020 y 2024. En 2018 la Dirección del Conservatorio decidió “mantener conversaciones con todos los trabajadores para conocer sus inquietudes” y “constatar el estado de la convivencia a modo de autoevaluación” después de que seis empleados enviaran un escrito a la Dirección Provincial “en el que se denigra al equipo directivo”. En las conclusiones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla la relación de trabajadores y de los comentarios de cada uno de ellos: algunos negaron un “mal ambiente” en el centro, aunque varios coincidieron en que el cese de un jefe de estudios había provocado “malestar”, y otros atribuyeron esta carta a una “venganza”. Estas conclusiones fueron acompañadas de unas “consideraciones” del equipo directivo, que calculó que 15 personas de los 58 miembros del equipo se negaron a opinar o manifestaron su oposición al equipo directivo, “deslegitimando su gestión, desprestigiando a sus miembros y acusándoles de crear mal ambiente en el centro”.

“Tras haber analizado las inquietudes de los trabajadores del centro, en opinión del equipo directivo, hay determinados compañeros que se dedican a desprestigiar el estado de gestión y convivencia del centro, (tanto dentro como fuera del mismo) y pretenden menoscabar el honor personal y laboral de los miembros del equipo directivo, mediante la difusión de rumores falsos e imprecisos y descalificaciones personales”, concluyó el equipo directivo en 2018, que consideró que los miembros del Consejo Escolar que firmaron el escrito evaluaban “de manera parcial, injusta y malintencionada” la labor del equipo y actuaban “de acuerdo a intereses particulares y/o de afinidad personal”.

En 2024 una veintena de trabajadores envió varias quejas al Procurador del Común —el Defensor del Pueblo autonómico— por supuestas irregularidades en el proceso de selección del director. De las tres quejas, una fue rechazada, una aceptada parcialmente y otra aceptada. El Procurador del Común defendió que la normativa autonómica podría ser “más exigente” para evitar futuros conflictos de intereses que podrían surgir, puesto que la regulación no era muy concreta. También proponía supuestos de incompatibilidad como los que hay en Aragón, donde un miembro del equipo directivo no puede representar al profesorado en el Consejo Escolar, algo que sí está permitido en Castilla y León.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Junta de Castilla y León y con la Dirección del Conservatorio, que han declinado hacer valoraciones o comentarios para este artículo. En ocasiones anteriores, reconocieron que había un “conflicto laboral y elevados riesgos psicosociales” en el centro desde hace varios años y no descartaban ejercer acciones penales ante las “denuncias falsas” que dicen sufrir por parte de “un grupo anónimo de profesores”. En un comunicado remitido por fuentes cercanas a la Dirección, y después de publicar una información sobre una primera sentencia judicial, aseguraban que sufrían “denuncias falsas” por parte de “un grupo anónimo de profesores”, contra los que no descartaban iniciar acciones legales. También destacaron que la denuncia penal por acoso de uno de los profesores fue archivada “por falta de justificación”.

Denuncian la falta de diligencia de la Junta de Castilla y León

Otro de los profesores con los que ha contactado elDiario.es recuerda que ha presentado múltiples escritos ante Inspección, pero que “casi nunca” resuelven a su favor con “falta de investigación y diligencia”. “Al final han tomado como acoso la suma de denuncias que yo he presentado, y yo me siento totalmente atropellado”, asevera. “Me han dicho que han propuesto un expediente disciplinario por falta grave, pero no han llegado a hablar conmigo, no se me ha comunicado de qué se me acusaba exactamente... Una vez me citaron a una reunión, pero no vi el correo, así que no pude acudir. Y ese mismo día cerraron la comisión y me declararon culpable”, resume.

“La Inspección educativa siempre ha mirado a otro lado, no ha tomado cartas en el asunto. A algunos nos han eliminado del Teams para que no nos llegue la información, a un compañero le cambiaron su contraseña para que no pudiera entrar en su perfil... Muchos compañeros se han dejado pisotear, lo normal es que la gente no se enfrente. La gente no quiere meterse en líos”, protesta.

Otro trabajador se tuvo que jubilar porque la situación era “insostenible”.“No encontré otra salida por mi salud mental y la de mi familia”, asegura. “Quieren hacer pasar esto como si aquí hubiera dos bandos y nosotros acosamos al director. Les van a obligar a hacer un curso de mediación porque lo que pasa es que nos llevamos mal. No es que yo me lleve mal con los compañeros, es que el director me obliga a hacer unas cosas que no quiero y que son ilegales”, apunta otro de los docentes.

Estos empleados denuncian una gestión “sin la más mínima capacidad de diálogo” y un constante “trato despectivo”, con descalificaciones personales y profesionales hacia algunos docentes. “Por más que hemos pedido ayuda a Inspección y la Dirección Provincial, lejos de encontrar un mínimo apoyo (no digo que te den la razón), ha sido todo lo contrario. Nos han machacado y nos han dejado absolutamente solos”, protesta uno de ellos, que reprocha que después de todo no se haya abierto ni un expediente informativo a ningún miembro del equipo directivo.

Este grupo de profesores cree que la Dirección Provincial ha tomado partido por el equipo directivo pese a que llevan años pidiendo que se hiciera una evaluación psicológica de riesgos psicosociales. “Por fin el curso pasado se hizo una evaluación, pero no hemos tenido acceso a ella, solo nos han dejado ir a leerla. Han dado un curso en septiembre u octubre sobre mediación en conflictos, pero nadie toma medidas de verdad”, reprocha un docente.

La sentencia del Juzgado de lo Social de Segovia, que ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia, reconoce que hay “un conflicto vivo y manifiesto en el centro educativo” y por eso obliga a la Administración a tomar medidas para resolverlo. “En el ámbito de esta conflictividad laboral, debe presumirse que cada una de las partes implicadas actúa en la creencia de que le asiste la razón en sus reclamaciones, en la que ni siquiera ha existido una mediación”, señala.