Responsables de UGT y del Comité de Empresa del centro de menores Zambrana, en Valladolid, han pedido la destitución de la directora del centro, Ana Lasalle, por hacer de él un «infierno» y no prorrogar la concesión a la gestora, Adis Meridianos, al tiempo que ha denunciado la «dejadez absoluta» de la Junta en sus labores de «vigilar» que se cumplan los pliegos de licitación. «El Centro de Menores Zambrana de Valladolid es hoy un símbolo de una gestión pública externalizada fallida cortesía de la Junta», han criticado abiertamente, según recoge Ep. «Lo que debiera ser un centro de referencia para la reeducación juvenil y su reinserción social, se ha convertido en un escenario de vulneración continua de derechos fundamentales, laborales y de violencia impune», ha resumido la secretaria de Acción Sindical, Sara Molledo, en una rueda de prensa donde ha estado acompañada de representantes del sindicato y del Comité de Empresa. Para Molledo la «inacción» de la Consejería de Familia no solo es una «negligencia administrativa, es una dejación de funciones que pone en riesgo la vida de los trabajadores» que prestan sus servicios en el centro, «así como de los menores a su cargo». En este contexto, la dirigente sindical ha advertido de que «el modelo de beneficio a costa de seguridad ha llegado a su fin». «No vamos a permitir más agresiones sin respuesta ni más recortes de derechos bajo el pretexto de eficiencia económica», para tildar de «degradación absoluta» la situación del Zambrana derivada, a su juicio, del «lujo empresarial de Adis Meridianos, de la desprotección física de la plantilla y de la desidia institucional de una Junta que maquilla la realidad mientras el centro se encamina al desastre». Durante la atención a medios también ha participado el secretario de Servicios Públicos de gestión privada UGT SP CyL, David López, que ha puesto números a la «dejadez» de la Junta. «Nos hemos encontrado con que en 2025 no se han cubierto más de 7.500 horas , más de 900 jornadas que los trabajadores no han acudido ni han sido suplidos. Y más de 206 días el que el pliego no se ha cubierto con lo mínimo que marcaba el ratio. Es decir, de cada dos días, uno, los trabajadores estaban indefensos porque no tenían los compañeros adecuados que un pliego técnico marca. Y eso no se puede tolerar», ha denunciado. De ahí que haya incidido en solicitar que no se prorrogue la concesión a la actual gestora -el contrato se acaba en julio si bien tienen derecho a un prórroga- y se saque «una nueva licitación». «Pero se tienen que cumplir las condiciones laborales de los trabajadores y tener en cuenta, sobre todo, a los menores, que al final son los que se ven más perjudicados por este servicio», ha añadido. El Comité de Empresa ha recordado que, en la actualidad, hay cerca de 90 trabajadores en el centro, mientras que los internos permutan entre los «60-70». Ha habido «multitud» de agresiones, hasta 16 han cuantificado, y se han impuesto 32 denuncias a la Inspección de Trabajo , entre ellas las relativas a la no adaptación del puesto de trabajo a una educadora embarazada, el cambio de cuadrantes y vacaciones sin respetar las condiciones marcadas por la ley, la falta de prevención, el total incumplimiento del protocolo de desconexión digital o la no apertura del protocolo de acoso interpuesto por una trabajadora, según han citado. Una situación que ha derivado en bajas por «estrés y depresión» a una veintena de empleados y el incumplimiento durante «206 días» de las ratios, que marcan un mínimo de 48 trajadores al día en los diferentes turnos, han puntualizado. Por último, el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez ha evidenciado que el problema, «al final», no es de la empresa, que está «a ganar dinero», sino de la Junta, que «no vigila» que los pliegos de la licitación se cumplan. «Si la Junta no se toma en serio que privatizar va acompañado de vigilar no está privatizando, está abandonando», ha resumido. Al hilo de estas palabras ha avanzado que UGT pedirá una cita con la Inspección de Trabajo para saber «qué está pasando» con las 32 denuncias presentadas y prepararán un calendario de movilizaciones.
