Israel aprueba medidas para anexar de facto Cisjordania; ONU acusa cambio de demografía en Palestina
Recientes medidas aprobadas por Israel para expropiar tierras en Cisjordania, entre otras decisiones, son “pasos acelerados para cambiar de forma permanente la demografía de los Territorios Palestinos Ocupados”, alertó este miércoles el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk.
Con esta estrategia Israel busca “despojar a los palestinos de sus tierras y forzarles a abandonarlas”, afirmó en un comunicado el alto comisionado, quien subrayó que, con sus medidas, Israel está violando sus obligaciones como potencia ocupante, por lo que deben ser revocadas.
Türk criticó entre otras decisiones la tomada el 8 de febrero por el Gabinete de Seguridad de Israel, que amplió la autoridad civil israelí en las áreas A y B de Cisjordania, pese a que los Acuerdos de Oslo estipulan que algunas competencias correspondían a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Las medidas permitirían entre otros aspectos que autoridades e individuos israelíes adquieran tierras en esas zonas, “consolidando aún más el control de Israel” y creando más asentamientos ilegales, advirtió Türk.
El alto comisionado también alertó que las decisiones tomadas por Israel privan a la ANP de competencias de planificación en áreas de importancia histórica y religiosa como la Cueva de los Patriarcas de Hebrón o la Tumba de Raquel en Belén, violando los derechos culturales de los palestinos.
Estas decisiones, recordó Türk, se producen en un contexto de crecientes ataques de colonos israelíes y fuerzas de seguridad israelíes contra palestinos en Cisjordania, acompañados de traslados forzosos, desalojos, demoliciones de viviendas, apropiaciones de tierras y restricciones de movimiento.
Las nuevas medidas israelíes en Cisjordania ocupada, una “anexión de facto”
Las medidas aprobadas por el Gobierno israelí el domingo 8 de febrero para expandir su control sobre el territorio palestino de Cisjordania, que Israel ocupa desde 1967, han despertado la alarma entre la comunidad internacional y expertos en derecho, que la consideran una “anexión de facto” de algunas de sus zonas.
“Comprometen el bienestar de los palestinos, obligándoles a abandonar sus tierras y privándolos de sus propiedades. Tampoco responden a una necesidad esencial de seguridad israelí. Por el contrario, sirven a un proyecto que beneficia ilegalmente a los ciudadanos israelíes en detrimento de los palestinos”, explicó a EFE Eitan Diamond, experto del Centro Internacional de Derecho Humanitario (IHL, en inglés).
Esta batería de medidas choca con los Acuerdos de Oslo y permite, entre otras cosas, que los israelíes compren libremente tierras en la Cisjordania ocupada tras dejar sin efecto una ley jordana de 1953 que lo impedía, así como la apertura de los registros de propiedad para facilitar la venta, la ampliación del control israelí sobre Hebrón y la creación de gobiernos locales paralelos para colonos.
Medidas que consolidan la ocupación israelí
Diamond, experto en Derecho Internacional, subraya que la presencia de Israel en Cisjordania fue declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024, lo que respaldó una resolución de 2024 de la Asamblea General de la ONU, que exigió la retirada israelí antes de septiembre de 2025.
“En lugar de poner fin a la presencia ilegal de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, estas medidas la consolidan”, sostiene el abogado.
La ONU y la Corte Internacional de Justicia consideran Cisjordania un territorio bajo ocupación y dan a Israel el estatus de potencia ocupante.
Según este experto, la ‘ley de ocupación’ (el conjunto de normas del derecho internacional humanitario que regula la administración temporal de un territorio por una potencia extranjera) se basa en la premisa de que las situaciones de ocupación son temporales y obligan al ocupante a administrar el territorio para beneficio de su población civil.
Dado que no tiene soberanía sobre el territorio, la potencia ocupante debe abstenerse de introducir cambios legislativos que favorezcan a sus propios nacionales en el territorio ocupado.
El especialista detalla que las medidas no se justifican bajo las excepciones permitidas por este conjunto de normas, que solo permiten cambios legislativos cuando son esenciales para cumplir obligaciones del ocupante, mantener el orden o garantizar su seguridad.
Invalidar la ley jordana y facilitar que los colonos israelíes compren tierras, advierte Diamond, contraviene estos principios y pone en riesgo derechos fundamentales, como “la vivienda, la propiedad, la libertad de movimiento” y la “autodeterminación” de la población palestina en Cisjordania.
Este experto agrega que las medidas suponen una “anexión de facto” de zonas cada vez mayores de territorio palestino al transferir competencias de la Autoridad Palestina a la Administración Civil israelí, lo que contraviene la prohibición de adquirir territorio por la fuerza.
En el mismo sentido, la Autoridad Palestina advirtió de que estas medidas suponen un avance en el intento de Israel de anexionar el territorio, Jordania alertó de que tienen el objetivo de imponer su soberanía y la Unión Europea destacó que violan el Derecho Internacional.
En contraste, Eugene Kontorovich, director del Centro para Oriente Medio de la Facultad de Derecho George Mason de Estados Unidos, justificó que Israel tendría derecho a derogar la legislación jordana porque Cisjordania sería un “territorio en disputa”.
“Si Jordania estaba autorizada a promulgar una ley que prohibía a los israelíes comprar tierras, entonces Israel ciertamente puede cancelarla”, dice a EFE, argumentando que el territorio nunca perteneció oficialmente al Estado jordano.
Su aprobación se produce tras el debate en octubre de 2025 en una comisión de la Knéset (Parlamento israelí) de un proyecto para anexionar formalmente Cisjordania.
La iniciativa, promovida por Avi Maoz del partido ultraderechista Noam, planteaba aplicar la ley, la administración y la soberanía israelí sobre todo el territorio palestino.
Un proyecto al que se opuso frontalmente el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien Netanyahu tiene previsto reunirse esta semana en Washington.
Sin embargo, la aprobación de estas medidas por el gabinete israelí permitirá su aplicación sin necesidad de ser aprobadas por el Parlamento, algo que, según afirmó este domingo uno de sus impulsores, el ministro de Finanzas ultraderechista Bezalel Smotrich, tendrá lugar antes de las elecciones nacionales en octubre de 2026.