El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín recuperó este jueves por la noche su libertad, después de que un juez penal ordenara su salida de prisión preventiva en uno de los procesos penales que enfrentaba desde la cárcel militar Mariscal Zavala. Inicialmente, Zamora Marroquín había dicho que estaba a la espera de la resolución de un segundo caso, pero finalmente la justicia guatemalteca le ha permitido el arresto domiciliario, ha confirmado EFE. Zamora Marroquín, de 69 años y principal crítico de la gestión del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), ha abandonado el centro de detención tras permanecer 1.295 días en prisión preventiva. «Yo ya pegué mis penas de delitos que no cometí», ha expresado Zamora Marroquín en declaraciones a la prensa tras salir de la prisión. «La mentira corre muy a prisa, pero la verdad siempre la alcanza», ha dicho, para añadir que su salida de la cárcel significa «una pequeña ventana de esperanza». La decisión ha sido tomada por el juez Segundo Penal, Maximino Morales, quien ha determinado que el tiempo de reclusión del comunicador superaba la posible pena que se le podría imponer por los delitos de obstrucción a la justicia o falsificación de documentos. La defensa del periodista ha argumentado que los riesgos procesales han desaparecido, dado que el Ministerio Público (Fiscalía) ya entregó el acto conclusivo de la investigación. Asimismo, han subrayado el arraigo de Zamora en el país como garantía para enfrentar el resto de sus procesos legales desde su domicilio. Zamora fue detenido en julio de 2022, apenas días después de publicar fuertes críticas sobre corrupción en el entorno de Giammattei. Diversos organismos internacionales y asociaciones de defensa de la libertad de prensa han denunciado su caso como una represalia política por su labor de investigación sobre la corrupción estatal en el país centroamericano. Con esta medida, el comunicador podrá aguardar el desarrollo de los procesos pendientes en su contra fuera de las celdas militares y cierra un capítulo de más de tres años de encarcelamiento por acusaciones no probadas de lavado de dinero, obstrucción a la justicia y presunta alteración de documentos migratorios.
