El acuerdo Gobierno-Iglesia sobre la pederastia no existe: no está elaborado ni firmado
El pasado 8 de enero se celebró una comparecencia informativa en la que se anunció la firma de un acuerdo entre la Conferencia Episcopal Española y el Gobierno para atender la reparación de víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo.
La protagonizaron Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal; y Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER. Hubo foto, firma y apretón de manos a tres bandas.
“La Iglesia paga”
En la rueda de prensa posterior, el ministro Bolaños se dedicó a repetir el eslogan de que “la indemnización la fija el Estado y la Iglesia paga”. Añadió: hoy “se salda una deuda histórica con las víctimas”, como si la Iglesia no hubiera hecho nada hasta ese momento, olvidando por tanto el Plan PRIVA.
Insistía en que “en este acuerdo no se recoge referencia alguna sobre las víctimas al margen de la Iglesia”.
Portal de Transparencia
Religión Confidencial ha informado, en exclusiva, que el anunciado acuerdo Gobierno-Conferencia Episcopal en realidad no existe. No está redactado ni, por tanto, firmado.
A través del Portal de Transparencia, RC dirigió una pregunta al ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes acerca de qué recursos caben, en vía administrativa, contra el convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal Española de 8 de enero de 2025.
Ni redactado ni firmado
Mercedes Murillo Muñoz, Directora General de Libertad Religiosa, respondió que se inadmitía la pregunta, por referirse a “información que está en curso de elaboración o de publicación general”.
Pero añadió que la solicitud de información realizada por Religión Confidencial se refiere a un “convenio suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal que, a la fecha actual, no ha sido elaborado ni suscrito por las partes, sino que el acuerdo alcanzado el 8 de enero de 2026 se limitó a expresar la voluntad de las partes firmantes de negociar y formalizar, a través de un futuro convenio, las bases del referido acuerdo”.
Nada obliga a la Iglesia
La respuesta de la Subsecretaría del ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes confirma que no hay nada firmado que obligue a la Iglesia con el Gobierno.
Aunque el ministro Bolaños alardeó de que la Iglesia iba a pagar las indemnizaciones y de que se abría un cauce nuevo independiente del Plan PRIVA, donde las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia pueden acudir para pedir su compensación, la realidad es que eso aún no existe.
Tal y como reconocieron ambas partes en el acuerdo del 8 de enero, tanto el ministerio como la CEE se comprometían a formalizar este sistema “en un convenio negociado”, convenio que todavía no ha visto la luz.
Religión Confidencial ha podido saber que se han producido ya varias reuniones de trabajo entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno para la elaboración de un convenio, conversaciones que se están prolongando, por la divergencia de pareceres y por la complejidad de la materia.