Montero se excusa en la Constitución para justificar un Gobierno sin presupuestos: esto es lo que dice realmente la Carta Magna

El Senado ha vuelto a convertirse este martes en el escenario de una disputa política que amenaza con enquistarse: la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que la prórroga se ampara en la Constitución Española y cumple con la ley. Sin embargo, la literalidad de la Carta Magna dibuja un marco más complejo.

Todo ha comenzado cuando la senadora del Partido Popular, Alicia García, ponía la siguiente cuestión sobre la mesa: "¿Es digno de un Gobierno constitucional vivir permanentemente sin presupuestos?" Seguidamente, la diputada ha recalcado que "España no puede vivir en prórroga permanente, mientras ustedes viven en prórroga del poder", haciendo referencia al Ejecutivo.

"Récord en años sin presupuestos, récord de mentiras, récord de cesiones. Un Gobierno que no trae los presupuestos no gobierna, resiste. Un Gobierno sin presupuestos no es fuerte, es rehén. Si es rehén no gobierna, sobrevive. Señora Montero... sin Bildu, sin los independentistas, sin la extrema izquierda, este gobierno no existiría. Sánchez no estaría en La Moncloa ni usted en el banco azul. ¿Va a presentar presupuestos? ¿Sí o no?", ha cuestionado la senadora.

"La prórroga de los presupuestos cumple con la Constitución"

María Jesús Montero ha aprovechado su intervención para defender que "la Constitución prevé que no haya presupuestos nuevos". La vicepresidenta primera se ha escudado en el artículo 134.4, que establece que si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

En este sentido, la ministra de Hacienda ha pasado por alto el resto de artículos referentes a los presupuestos que marca la Carta Magna. Como por ejemplo el artículo 134.3 que determina que "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Algo que, por supuesto, no han hecho.

Qué dice la Constitución sobre los Presupuestos Generales

La Constitución Española regula los Presupuestos Generales del Estado en el artículo 134, donde establece un marco claro sobre su elaboración, tramitación y límites:

• Artículo 134.1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.
• Artículo 134.2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
• Artículo 134.3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
• Artículo 134.4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
• Artículo 134.5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
• Artículo 134.6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.
• Artículo 134.7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

En este contexto, puede observarse cómo la vicepresidenta se ampara en un precepto concreto de la Constitución Española para sostener su argumento, pero evita aludir a otros apartados del mismo artículo que imponen obligaciones claras al Ejecutivo.