Los servicios policiales de Extranjería se encuentran en una revolución interna, expectantes a la llegada del mes de abril, cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene previsto abrir el proceso de regularización extraordinaria para extranjeros que se encuentran en situación ilegal en España y puedan demostrar, entre otros requisitos, al menos cinco meses de estancia previa al 31 de diciembre de 2025 en nuestro territorio. De manera paralela, las mafias se frotan las manos y ya empiezan a cebarse con la desesperación de cientos de miles de personas. Por lo pronto, informan fuentes policiales de primer orden, ya se ha registrado una merma del 80% en los llamados retornos voluntarios desde el anuncio de la legalización exprés: se trata de un servicio que facilita en regreso a sus países de personas foráneas que, normalmente, no han visto colmadas sus expectativas en España y no tienen medios propios para costearse el viaje de vuelta. Lo habitual, en estos casos, es acudir a la legación en cuestión y solicitarlo, mediante la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Cuando hay asientos disponibles, se habilitan plazas en vuelos comerciales. La cifra concreta es muy difícil de establecer, porque hay fluctuaciones dependiendo de los países y del momento del año; pero ese 80% sí está reflejado en las estadísticas internas que maneja la Policía Nacional , y no solo corresponde a quienes pudieran ir a solicitar el servicio, sino también a quienes ya habiéndolo pedido y estando a la espera han comunicado que finalmente van a quedarse en nuestro país, a pesar de tener concedido el viaje gratuito. Todo ello, desde el anuncio de la medida pactada entre el PSOE y Podemos a finales de enero, mediante un real decreto. Las diversas fuentes consultadas ponen de ejemplo este dato como lógica consecuencia del efecto llamada creado, pese a la negativa a reconocerlo del Gobierno central. Es más, en Interior se manejan informes que hablan de entre 1,2 y 1,5 millones las personas que accederán a esta regularización masiva. Nada que ver con las 400.000 que se determinaban en la iniciativa legislativa popular y el calculo de 500.000 del propio Ejecutivo , que asimila un crecimiento por el tiempo que ha pasado desde que la ILP fue tomada en consideración. «Lo único real es que es una cifra negra; pero nosotros nos basamos en la que ofrece Funcas [Fundación de Cajas de Ahorros], que habla de 840.000 personas. Pero hay que tener en cuenta a los peticionarios de asilo, que pueden llevar dos años esperándolo y se van a acoger a la medida. Luego, a los que vengan por reagrupación familiar en los tiempos posteriores, y, además, a los que están ya entrando desde otros países europeos», insiste un experto en el asunto. Ciñéndonos a la Comunidad de Madrid , hay un parámetro relevante: en 2025, hubo 190.000 (frente a las 135.000 del ejercicio anterior) personas sin permiso de residencia que acudieron al Servicio Madrileño de Salud, de carácter público. Esas son 35.000 más que en 2024. Nuestra región aglutina entre el 20% y el 25% de la población extranjera de España (mayoritariamente extracomunitaria e hispanoamericana en esta autonomía, y luego de origen africano), lo que supondría entre 300.000-350.000 inmigrantes en situación irregular quienes podrían entrar en este proceso de legalización en la región, atendiendo a los entre 1,2 y 1,5 millones de beneficiarios en todo el país. Es una cifra tirando por lo bajo, pero también teniendo en cuenta de que son previsiones y cálculos. Aquí serán sobre todo venezolanos, colombianos, marroquíes y argelinos, detallan las fuentes consultadas. ABC ya contaba en enero el colapso total existente en el sistema de petición de citas para el empadronamiento en cualquiera de los 21 distritos de la capital. La culpa la tienen los grupos organizados que, mediante piratería informática, arrebatan los turnos al resto de la población para revenderlos a terceros, casi todos extranjeros. Pues ese agotamiento va a ser mayor. La población inmigrante legalizada es de 700.000 personas (un 20% del municipio, con 3,5 millones de habitantes en total), un 7% del conjunto nacional de personas de fuera; si ese baremo se mantiene entre quienes van a regularizarse, supondrían en el menor de los casos 35.000 citas previas más para el padrón. Si en vez de medio millón de habitantes nuevos se llega al pico de 1,5 millones de la Policía Nacional , hablaríamos de casi 100.000 más. Ese trapicheo se da desde hace años también en las oficinas de Extranjería, sin que nadie solucione nada. Y, claro, las mafias de tráfico de personas se están poniendo las botas. «En las redes sociales y en la 'dark web' hace semanas que las mafias están ya moviendo a gente desde el Reino Unido hasta España, pasando por el Canal de la Mancha y Francia. Son, sobre todo, paquistaníes e indios», que llegan primero a Cataluña (tienen consulado en Barcelona) y luego se mueven hacia la capital y otros puntos. «Aunque también existe la opción de que, al conseguir los papeles, regresen al lugar de donde vinieron, porque allí es donde tienen su puesto de trabajo», afirma. «El movimiento está siendo bestial -indica una fuente policial-. Estamos viendo cómo las organizaciones criminales también están al máximo rendimiento entre marroquíes, argelinos y subsaharianos». Hasta 14.000 euros se pagan por una plaza en una barca con motor para cruzar el Estrecho. De ahí vienen los primeros casos de denuncias falsas de desaparición, pérdida y robos de pasaportes. Por no hablar de quienes están siendo timados por pagar para que «alguien» le borre su registro de antecedentes penales. «Esto último es absurdo. Porque si en un mes no los presenta, puede hacer por escrito una declaración de buena voluntad de que tiene el historial limpio como una patena y le van a dar los papeles igualmente», critican otros. Efectivamente, el proceso que se está poniendo en marcha abre esa posibilidad, lo que en medios policiales se considera una falta de seguridad jurídica «apabullante», que dará lugar «a numerosos fraudes de ley». Los primeros cuatro detenidos por falsear ese documento han sido argelinos apresados en Alicante. De lo que apenas se está hablando es de un aspecto fundamental: de nada servirá tener una sentencia judicial condenatoria si el caso ha sido recurrido: «Porque en la base de datos de penales solo comienzan a grabarse cuando hay un fallo firme. Si se ha apelado y no se está a la espera de una resolución definitiva, por ejemplo, de un caso de violencia sexual, de género o un robo con violencia, no constan. Y los antecedentes policiales solos de por sí no valen para denegar la regularización, según ha explicado el Gobierno». Cinco fuentes distintas se quejan de lo mismo: «Nadie sabe cómo se hará al final, porque no nos informan, más allá de lo publicado». De ahí que ya se estén ofertando en el mercado negro «tiques de compra de Ikea y Mercadona, por ejemplo, y facturas de la luz y el agua» para falsificarlas y poner como titulares a los peticionarios. Es una treta muy burda e incluso ineficaz para hacer creer que ya llevaban al menos cinco meses en España a final de año. «Las mafias se los prometen a sus potenciales clientes. Nosotros lo que trabajamos son falsificaciones de documentos de viajes e identidad, además de tener una base de datos con Europol para carnés de conducir. Pero cuando lleguen a nuestras manos 15.000 filiaciones a cada uno, aunque sea exagerando, no vamos a dar abasto», señala otro agente. «En la regularización de 2005, el concepto era distinto, porque la legalización venía del Ministerio de Trabajo, pues se ofrecían contratos laborales a quienes ya estaban aquí ilegales», recuerda. Y de ahí pende otro enorme problema, el de falta de personal, en lo que coinciden sindicatos policiales como Jupol y la UFP: «¿Vamos a tener que sacar a agentes de la calle, de investigaciones, para dedicarlos a labores administrativas? Eso sería una locura, pero es que los catálogos de las plantillas son los que ya hay. No se han reforzado las unidades de Extranjería, y el colapso va a ser total». Reconocen que los primeros días tras el anuncio «hubo avalancha en consulados, en comisarías…»: «Se ha generado una expectativa pero hasta primeros de abril no se pueden empezar los trámites. Hubo problemas en el consulado de Argelia en Alicante, donde se tuvieron que desplegar los antidisturbios, pues la gente estaba muy nerviosa». «Conseguir la documentación en un mes [tiempo máximo para tener respuesta de terceras naciones en la petición de penales] va a ser imposible. Por no hablar de los países subdesarrollados, que no tienen capacidad para enviar los antecedentes en un mes. Si es que tienen esos registros. Siempre les quedará la argucia de la declaración jurada de estas libres de delitos, claro», ironiza otra fuente.
