El abogado de la denunciante contra el ex-DAO de la Policía asegura que no informaron al Ministerio hasta el martes

El abogado de la denunciante por presunta agresión sexual contra el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha manifestado este miércoles que la primera información que trasladaron sobre el caso al Ministerio fue el martes, en el momento en que la demanda fue admitida a trámite. El letrado Jorge Piedrafita ha abierto además la puerta a que haya nuevos encausados y ha mencionado directamente a la mano derecha del ex-DAO, el comisario Óscar San Juan: “Ha tenido una participación activa en los hechos y tendrá que dar su versión”.

Piedrafita ha hecho estas manifestaciones en una entrevista concedida a Aragón Radio. Ha asegurado que la víctima está “muy mal”, una situación que se ha visto acrecentada por el “tsunami mediático y la repercusión” del caso, y también “por los múltiples ataques que está recibiendo sobre su intimidad”. “Ella y su entorno están sufriendo cada vez más, por desgracia en este tipo de casos son habituales y seguiremos dándole fuerza y la máxima protección posible”, ha incidido.

El abogado ha confirmado que los hechos sucedieron el 23 de abril del año pasado, cuando la agente estaba de servicio. En un momento determinado recibió la orden del DAO de acudir a su residencia oficial. Allí, González le habría intentado “forzar” hasta llegar a hacerlo “violentamente, arrastrándole la ropa”. Tras unos minutos de “resistencia”, la mujer habría logrado “zafarse y huir del domicilio”. En ese momento, siempre según el relato del abogado, es cuando comenzaron los supuestos acosos. Así, el ex-DAO le habría recriminado su “actitud” no directamente sino “por medio de su brazo ejecutor, el comisario San Juan”, y le habría presionado para que no denunciara. “Le llegaron a ofrecer que pidiera el destino que quisiera. Finalmente, la víctima ”explota psicológicamente“ y tuvo que ser atendida para iniciar un ”proceso de recuperación“ que según Piedrafita ”aún sigue“.

En este tiempo, la acusación ha trabajado “muchos meses con discreción” para “armar” una querella -presentada el 9 de enero- “que fuera directamente al Juzgado, sin interferencias policiales”. Por este motivo, Piedrafita ha reconocido que el Ministerio no estaba al tanto de la denuncia, al menos por la parte denunciante. “Lo hemos llevado todo con la máxima discreción, el asunto ha entrado directamente al Juzgado”, ha insistido. No fue hasta el martes cuando, una vez confirmada la admisión de la querella, cuando la presunta víctima habló “directamente con la subdirectora general de Personal, Gemma Barroso”, quien -ha detallado Piedrafita- “se quedó literalmente de piedra” cuando le explicó los hechos. “Ese es el único contacto que por nuestra parte hay con el Ministerio”, ha destacado el letrado, que ha abundado en la cuestión: “Si (el ministro Marlaska) lo conocía por otras vías es algo que yo desconozco, desde luego por nosotros no”.

Piedrafita no ha descartado que haya “más personas implicadas” en el momento en el que se empiece a “depurar la responsabilidad de todas las personas que han intervenido”. En este contexto, ha apuntado al número dos del ex-DAO, a quien ha atribuido una presunta “participación activa en los hechos” como “brazo ejecutor” de González. “El comisario Óscar San Juan tendrá que dar su versión y habrá que valorar si tiene algún tipo de responsabilidad penal”, ha manifestado el abogado de la denunciante. De hecho, Piedrafita ha dejado caer que les están llegando “rumores” de que este “puede no ser un hecho aislado”, sino que haya “más casos de mujeres que hayan pasado por la misma situación”. En esta tesitura, les ha animado a que, aunque es un proceso “muy duro”, “sean valientes” y denuncien: “Estas cosas se tienen que saber y bajo ningún concepto pueden permitirse en un cuerpo policial”.

Finalmente, respecto a la presunta malversación de caudales que denuncia, Piedrafita ha explicado que está relacionada con el hecho de que para “consumar la acción” utilizara medios públicos, como un vehículo y un conductor para trasladar a la víctima y la vivienda propiedad del Ministerio, “para finalidades que no son el servicio público” sino la “única satisfacción e interés personal” del acusado.