El Gobierno activa una campaña contra el acoso sexual con carteles en Moncloa
El Gobierno ha colocado en distintas dependencias del Palacio de la Moncloa carteles informativos con mensajes de prevención y actuación frente al acoso sexual por razón de sexo. La iniciativa parte de los protocolos internos de igualdad del Ministerio de Presidencia y responde a la voluntad del departamento de reforzar los canales de denuncia y protección para el personal que trabaja en el complejo presidencial.
Los mensajes recuerdan la existencia de canales de denuncia y asesoría confidenciales: asesoriaconfidencial@mpr.es y asesoriaconfidencial@mjusticia.es
Los carteles aparecen en un momento políticamente delicado, marcado por una sucesión de episodios que han situado el debate sobre el acoso y las agresiones sexuales en el centro de la agenda pública y han tensionado tanto al Gobierno como al PSOE.
El “caso Salazar” fue el detonante. El exalto cargo de Moncloa Paco Salazar fue denunciado por dos compañeras socialistas por supuestas conductas de acoso sexual. Aunque él lo niega, el caso ha reabierto un debate interno en el PSOE sobre los mecanismos de control y las respuestas ante comportamientos impropios en estructuras orgánicas y entornos institucionales vinculados al partido. Ya que las feministas del partido acusaron a la dirección de querer dar carpetazo al tema.
El PSOE ha afrontado en los últimos meses varias denuncias públicas y conflictos internos relacionados con comportamientos inapropiados en agrupaciones territoriales que han afectado a algunos cargos orgánicos y se han saldado con dimisiones y ceses.
La dirección federal ha reiterado en distintas ocasiones su compromiso con los protocolos de prevención y con la actuación inmediata ante cualquier denuncia formal, pero cada nuevo episodio ha tenido impacto reputacional en un partido que ha hecho bandera de la agenda feminista y de la ampliación de derechos en materia de igualdad.
La crisis más reciente afecta directamente al Ministerio del Interior. El hasta ahora director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, dimitió este martes tras conocerse una denuncia por presunta agresión sexual de una subordinada.
El ministro Fernando Grande-Marlaska aseguró este miércoles en el Congreso que no tuvo conocimiento previo de los hechos y defendió que, una vez conocidos, se actuó “de inmediato”. Interior abrió además una investigación interna para esclarecer posibles responsabilidades adicionales. La oposición ha exigido explicaciones políticas, mientras el Gobierno ha tratado de acotar el caso al ámbito estrictamente judicial y administrativo.
Este encadenamiento de crisis ha generado un clima de especial sensibilidad en el Ejecutivo. La colocación de carteles en Moncloa se interpreta, en este contexto, como un gesto de refuerzo institucional: una señal interna dirigida a funcionarios, asesores y altos cargos de que existen vías formales para denunciar y de que la prevención es una prioridad declarada.
Al mismo tiempo, evidencia que la cuestión del acoso sexual ha dejado de ser un asunto periférico para convertirse en un factor de desgaste político capaz de erosionar la credibilidad de quienes han situado el feminismo como eje central de su discurso público.