Analistas alertan: Sin nuevas medidas, hay riesgos sociales y económicos

Los analistas Mauricio Ríos y Vladimir Torrez coinciden en la urgencia de que el Gobierno asuma nuevas medidas, principalmente, para estabilizar la economía del país, caso contrario podrían devenir riesgos sociales y económicos.

“Si no se acelera la aprobación de leyes clave y profundiza el ajuste fiscal, enfrenta riesgos como un rebrote de protestas y bloqueos por el escándalo de la gasolina; una profundización de la recesión con caída del PIB y desempleo en alza, y tensiones sociales que podrían derivar en ultimátums masivos o rebelión fiscal en provincias”, alertó en La Razón.

Asimismo, considera que deben firmarse acuerdos con multilaterales o inversores, caso contrario “podría haber presiones en el dólar paralelo y una mayor contracción del consumo, exacerbando la pobreza, la desigualdad y la erosión del apoyo popular, con una crisis que se acumula despacio y explota de golpe”.

Torrez remarca que, si bien existe ya un rumbo trazado para la recuperación económica del país, urgen otras medidas concretas. “No cabe duda que aún es un gobierno de transición hacia la recuperación o hacia el fracaso y la convulsión social por las duras medidas que debe asumir para el ajuste. Eso lo veremos en los próximos seis meses”, dijo.

Ríos observa, además, falta de coherencia entre el discurso de reformas estructurales y la aplicación de medidas de hecho.

“Aspectos clave como la depuración de YPFB, la nueva ley de hidrocarburos y la liberación de mercados quedaron postergados por limitaciones políticas y gradualismo riesgoso. Esta desalineación se ve en el uso limitado de herramientas disponibles para implementar un programa ambicioso, pese a costos sociales y la magnificación de aciertos ajenos”.

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Medidas asumidas en 100 días

‘Economía ordenada’

Entre las principales medidas adoptadas por el gobierno de Rodrigo Paz está el ordenamiento del gasto público para reducir el déficit fiscal.
El ministerio de Economía inició el pago de deudas a aquellos pequeños proveedores y la reorganización del gasto público “con un presupuesto que refleje la realidad del país”.
Además, dispuso la eliminación del subsidio de la harina, lo que generó el incremento del precio del pan de batallas de 50 centavos a 80 centavos.
El Gobierno aplica también recortes de entre 30% y 44% de personal en ministerios y entidades gubernamentales, la prohibición de nuevas contrataciones y congelamiento de incrementos salariales para la gestión 2026.
Asimismo, se apunta a la transformación tecnológica del Estado, orientada a mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión pública.

Retiro del subsidio a combustibles

La principal medida ejecutada por el Gobierno fue el retiro de la subvención a los combustibles para aliviar la carga fiscal y frenar el contrabando de carburantes.
Desde diciembre de 2025 rigen nuevos precios. El litro de gasolina subió de Bs 3,72 a Bs 6,69 y el litro de diésel de Bs 3,74 a Bs 9,80. Tras el ajuste, se realiza un control del abastecimiento y la revisión de contratos de importación.
El combustible se vende más caro; sin embargo, existen centenares de denuncias por la mala calidad de la gasolina, que provocó daños en vehículos. YPFB activó un seguro solidario para resarcir a los conductores afectados.
Además, el Gobierno aprobó, de manera excepcional, que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las refinerías puedan importar petróleo para garantizar el abastecimiento.

Alivios tributarios

Al cumplir los 100 días, el Gobierno lanzó un paquete de cinco medidas tributarias orientadas a dinamizar la economía y aliviar la carga impositiva de empresas y contribuyentes.
Las disposiciones incluyen condonación de deudas, reducción de plazos de fiscalización, ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la creación de un nuevo régimen tributario. El perdonazo tributario será para quienes tengan deudas hasta el 31 de diciembre de 2017 y por montos menores a Bs 10 millones. La prescripción de los plazos de fiscalización se reducirá de 8 a 4 años y se anunció la creación del régimen tributario para promover la formalización.
Diputados aprobó la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras y el crédito fiscal al 100% de las facturas por combustible y rechazó el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF).

Aranceles y comercio exterior

El Gobierno dispuso arancel cero para la importación de productos tecnológicos (celulares, computadoras), electrodomésticos, maquinaria agrícola, repuestos de vehículos y soya, buscando abaratar costos, combatir el contrabando y fomentar la industria.
Además, aprobó el Decreto Supremo 5547 para la importación con arancel cero de soya hasta el 31 de diciembre de 2026.
En enero, el presidente Rodrigo Paz anunció el inicio de exportaciones de carne a Egipto, marcando el ingreso del país a un mercado de más de 118 millones de habitantes.
Y autorizó la exportación de 880.000 toneladas de grano sin cupos adicionales hasta fin de año.
La Aduana avanza en la modernización de los procesos aduaneros y la facilitación del comercio exterior con cooperación internacional.

Dólares, créditos y diplomacia

Una de las primeras tareas del Gobierno de Rodrigo Paz fue ordenar el tipo de cambio del dólar mediante la publicación diaria de parte del Banco Central de Bolivia del “tipo de cambio referencial”. Además, consolidó el financiamiento de unos $us 8.000 millones con el BID, CAF y Banco Mundial, lo que reforzó las Reservas Internacionales Netas, que a fin de enero llegaron a $us 4.041 millones, según el ministro de Economía. La obtención de financiamiento tiene que ver con la diplomacia económica que ejecuta el Gobierno. Bolivia acudió a foros internacionales clave, como el Foro Económico Mundial de Davos, los espacios de diálogo del Mercosur y el de la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina. Ese desempeño es valorado a nivel internacional, pues el riesgo país se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos.

Lucha contra la corrupción

Desde que inició la gestión, el Gobierno destapó varios casos de corrupción, principalmente en YPFB y Emapa, casos por los que hay exministros y exfuncionarios encarcelados.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que auditorías detectaron que aproximadamente $us 8.000 millones de dólares habrían sido drenados de empresas públicas, identificando unas 340 denuncias.
Se creó una Comisión de la Verdad para investigar presuntos casos de corrupción en el sector de los hidrocarburos vinculados a la administración anterior. Se suman actuales denuncias por presunto sobreprecio en la importación de combustibles por YPFB. Además, retomaron investigaciones como el desvío de recursos en el Fondo Indígena que salpica a exautoridades como el expresidente Luis Arce, recluido en la cárcel.

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