El día en que el rey le atizó a Feijóo en toda la cara

No se sabe qué es peor. Que en Génova no sepan qué hacer o que tengan una idea. Lo primero puede ser un error. Lo segundo a veces es una catástrofe. El viernes, Feijóo tuvo una idea que le pareció fenomenal. Castigar al Gobierno, apoyar a la monarquía y aprovechar una noticia que estaba en todos los titulares. Tres por el precio de uno. Una jugada maestra. Todo eso con un solo tuit. Es un genio.

Una vez desclasificados 153 documentos sobre el golpe del 23F, el líder del PP vio su oportunidad. Hora de echar un cable a Juan Carlos. Debería volver a España para quedarse. Es culpa del Gobierno que no este aquí y los papeles confirman que es un héroe. En Zarzuela se llevaron un susto de muerte. Y tuvieron que reaccionar. Seguro que no desean ningún mal a Feijóo, pero lo que hicieron fue hundirlo en la miseria. Que es un lugar en el que el líder del PP ha estado demasiadas veces. 

Ojo cuidao. Muy pronto, Génova se ocupó de comunicar dos cosas. En primer lugar, había sido una iniciativa personal de Feijóo. Una idea suya desde el principio al final. Lo otro es que había llamado media hora antes a Zarzuela para que Felipe VI estuviera enterado. Qué detalle. Así el rey tuvo 30 minutos para golpearse con la cabeza en la pared y decir: no, otra vez no. 

No es la primera vez que el PP afirma que le gustaría que Juan Carlos regrese a España y abandone su residencia de lujo, que a saber quién paga, en los Emiratos. Por ahí, nada nuevo. Pero Feijóo quiso sacar pecho y presentarse como un gran defensor de la monarquía, no como ese Pedro Sánchez que quiere cargársela. Hasta que Felipe VI le sacó de su ensoñación y se vio obligado a hacer algo que no quería. Básicamente, para desmentir a Feijóo y volver a recordar a su padre lo que ya sabe.

La Casa del Rey entregó a todos los periodistas que preguntaron este texto que no es muy difícil de interpretar: “Como ya se ha dicho, Don Juan Carlos puede volver a residir en España cuando él quiera. En tal caso, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, salvaguardar la de la Corona como institución, Don Juan Carlos debería recuperar su residencia fiscal en España”.

Ouch. Eso ha dolido. Un guantazo en toda la cara. Por decirlo de otra manera, un puñetazo a Feijóo propinado en la cara del exrey. Relacionar la estancia de Juan Carlos en el extranjero con cualquier cosa relacionada con los impuestos –los que no pagó cuando amasó una fortuna en el extranjero– es lo que esperas que escriba alguien en elDiario.es. Pero no Felipe de Borbón, rey de España, jefe de Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas. 

La Casa del Rey recuerda a Feijóo que Juan Carlos no está sufriendo ningún exilio o que el Gobierno le impida volver. “Puede volver a vivir en España cuando él quiera”. Lo peor viene después. Debe dejar claro su situación fiscal, como si eso fuera complicado, para proteger su imagen y, lo más importante, la imagen de “la Corona como institución”. Traducido en términos menos amables: vamos a ver si dejamos de tocar los cojones con el regreso de Juan Carlos no sea que pongamos en peligro el futuro de la monarquía.

El regreso definitivo de Juan Carlos no es tan fácil por razones fiscales. Las declaraciones de Zarzuela en nombre del rey apuntan a ese obstáculo y lo dejan todo a expensas de una decisión del padre de Felipe VI. Tiene que regularizar su situación fiscal si pretende pasar en España al menos 183 días en el país. Para conocer en detalle lo que supone, este artículo de Álvaro Celorio lo explica muy bien. No le saldrá barato. Debe declarar todas las rentas percibidas en cualquier país del mundo, incluidas las ganancias patrimoniales por comprar o vender acciones con independencia de dónde esté su cuenta de valores.

En relación al Impuesto de Patrimonio, “debería hacer una declaración informativa, a través del conocido modelo 720, de todos los bienes y derechos que posea en el extranjero si superan los 50.000 euros. Y aquí estaría el nudo gordiano, ya que si aflora patrimonio que no declaró en sus anteriores regularizaciones, podría enfrentarse a nuevos desafíos legales”, dice el artículo. Si financia su estancia en España con sus fondos en el exterior o con donaciones entregadas por sus amigos empresarios, todo eso también tiene consecuencias fiscales. 

El problema se podría solucionar en parte si Felipe VI vuelve a conceder una asignación económica anual a Juan Carlos con cargo a los fondos que los presupuestos del Estado entregan a la Casa del Rey. No es fácil porque la razón que adujo el rey para quitársela fue que su padre contaba con una fortuna en el extranjero. Por tanto, si quiere regresar, tendría que llevar a cabo un ejercicio de transparencia que quizá no quiera hacer. Parece claro que Felipe VI no tiene la intención de perjudicar la imagen de la monarquía, y la suya propia, con más tratos de favor. Ni siquiera permitiendo que Juan Carlos vuelva a residir en el Palacio de la Zarzuela.

El PP ha exigido que el Gobierno de Pedro Sánchez se defina en público a favor de la vuelta del antiguo monarca. Si lo hiciera, el Gobierno estaría poco menos que dando órdenes a Felipe VI. Las condiciones que ha puesto el rey a su padre dejan claro en principio que es Juan Carlos quien tiene que dar los pasos necesarios para hacer posible el regreso, no el Gobierno. 

Hay mendrugos en la derecha mediática que siguen diciendo que Juan Carlos fue “desterrado”, se supone que por el Gobierno. No les importan los hechos conocidos sobre la fortuna en Suiza del exmonarca o los comunicados de Zarzuela. Seguro que creen que los escribe Bolaños desde un sótano. Frente a tanta estupidez, conviene escuchar lo que dijo esta semana Carlos Alsina en Onda Cero: “Lo segundo que ocurrió, inusual, es que la Casa del Rey quiso que se supiera que don Juan Carlos ni está desterrado, ni está exiliado, ni está nada. O sea, puede regresar cuando él quiera”. Alsina continuó diciendo que “parece obvio que, sin el tuit de Feijóo, la Casa del Rey no habría dicho ni media palabra”. 

Gran jugada, Alberto. Te hemos dejado en recepción el carné de miembro honorario de Izquierda Republicana. 

153 documentos del 23F de un interés escaso

En términos de transparencia democrática y memoria histórica, el mayor crimen en la Transición fue cometido por Rodolfo Martín Villa, ministro de los gobiernos de UCD hasta 1982. Ese Martín Villa que aparece en fotos haciendo el saludo fascista cuando era gobernador civil de Barcelona en 1974. Como ministro de Interior, ordenó destruir la mayor parte de los archivos policiales del franquismo. Lo contó en un libro Óscar Alzaga, dirigente de UCD en esos años: “España es el único país de Europa que, tras cuarenta años de dictadura totalitaria durante nuestro siglo XX, ha destruido, siendo ministro del Interior Rodolfo Martín Villa y presidente del Gobierno Adolfo Suárez, sus archivos con los informes de las direcciones generales de Seguridad y de la Guardia Civil sobre las actividades de quienes desde la ilegalidad combatieron el franquismo”. 

Ese fue uno de los últimos servicios que Martín Villa hizo al franquismo en un intento de ocultar el alcance del aparato represivo de la dictadura. Por eso, pensar a estas alturas que una desclasificación de documentos del golpe del 23F iba a arrojar una luz definitiva sobre esos acontecimientos era demasiado ingenuo o demasiado bonito para ser verdad. Es una decisión que llega muy tarde y es inexplicable que se haya tardado tanto tiempo (no miro a nadie, Margarita Robles). 

Los hallazgos son mínimos. La mayoría de ellos había aparecido antes en libros publicados en años posteriores. Toda la documentación encontrada, según lo que ha dicho el Gobierno, se reduce a esos 153 documentos. No hay que ser un desconfiado para suponer que fueron destruidos los papeles que podían apuntar a personas concretas no conocidas en la preparación del golpe. A fin de cuentas, muchos integrantes de los servicios de inteligencia del Cesid estuvieron implicados, aunque al final sólo dos de sus miembros fueron condenados. 

Se ha hablado mucho de las transcripciones de las comunicaciones telefónicas realizadas entre el Congreso y otras sedes de la Administración en la noche del 23F. No se incorporaron al sumario de la investigación judicial, probablemente porque ya habían sido purgados. Como ha explicado Carlos Fonseca, la documentación aportada “es irrelevante para resolver las dudas sobre los meandros del golpe que arrastramos desde hace cuarenta y cinco años”.

Los papeles cuentan “muy poco o nada del contexto previo o de la gestación del golpe”, escribe el historiador Gutmaro Gómez Bravo. Ese es el mayor agujero. “Todo lo que ha trascendido a lo largo de estos años evidencia que no fue una acción militar aislada, sino que tuvo una coordinación con una potente estructura organizada con anterioridad”. En el juicio sólo fue acusado y condenado Juan García Carrés de la que se llamó la trama civil, que ya se ve en las conversaciones que era un personaje estrafalario, como el personaje de cómic Martínez el Facha. 

Siempre he pensado que si Juan Carlos hubiera estado implicado en el golpe, este habría triunfado de una manera u otra. Y no fue eso lo que ocurrió. Pero lo que hizo antes del golpe, su interés manifiesto en deshacerse de Suárez y su relación con Alfonso Armada son asuntos muy diferentes. Escribí sobre ello en este artículo a cuenta de las relaciones –idílicas al principio y tormentosas al final– entre Suárez y el rey. Pero ese es un tema que es improbable que haya sido conservado en documentos por lo que decía antes. Lo que podría resultar incriminatorio o sospechoso habrá sido probablemente eliminado.  

Razón de más para que el Congreso apruebe una Ley de Secretos Oficiales, una tarea pendiente desde hace varias legislaturas. Ni el PSOE ni el PP han mostrado un gran interés a lo largo de los años.