La Fundación Franco consigue más tiempo para defenderse ante su ilegalización
La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) es consciente de que el tiempo juega en su contra, porque el Gobierno ha acelerado en el proceso para culminar su ilegalización.
Ya lo comprobó hace unos días, cuando la última resolución administrativa por parte del Ministerio de Cultura estaba siendo analizada por sus servicios jurídicos, y no habían pasado 24 horas y recibían otra del titular de la cartera, Ernest Urtasun, en la que proponía instar la extinción judicial de la Fundación Franco, otorgando a la entidad un plazo de diez días para formular alegaciones.
Por este motivo, la FNFF ha pedido al Gobierno que le dé un margen más amplio. «Dada la abundantísima documentación que acompaña a la citada resolución, que resulta preciso examinar, así como la extensión y complejidad de la resolución notificada, resulta materialmente imposible preparar en tan breve término unas alegaciones completas y fundadas que garanticen el pleno ejercicio del derecho de defensa».
Añade asimismo que «la resolución que da inicio a este procedimiento trae causa del acuerdo adoptado formalmente por el ministro de Cultura hace veinte meses (20 de junio de 2024), por lo que se trata de un expediente de largo recorrido en el que Ministerio ha ido acopiando múltiple documentación, con un volumen considerable de antecedentes administrativos y jurídicos que requieren estudio detenido y, en consecuencia, de un trámite equitativo».
Por todo ello y a fin de poder formular alegaciones «con la suficiente solvencia y rigor, dado que, en este procedimiento, no sólo se encuentra comprometido el derecho de defensa», sino «derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución de 1978 –entre ellos: la libertad ideológica y de opinión, la libertad de expresión y de comunicación, la libertad de cátedra, el derecho de reunión y de asociación, y la libertad para el ejercicio de las actividades propias de las fundaciones», la Fundación Franco reclama un respiro.
Su petición es que se pueda «acordar la ampliación del plazo inicialmente otorgado para formular alegaciones y aportar documentación, por un término adicional de diez días hábiles, al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/20 15, de 1 de octubre, atendiendo a la especial complejidad del expediente y a la trascendencia constitucional de los derechos y libertades afectados».
El Ministerio de Cultura ha respondido favorablemente, pero reduciendo a cinco días la ampliación del tiempo concedido. Los servicios jurídicos de la Fundación Franco trabajan ya para hacer llegar sus argumentos antes de que, como todo apunta, el asunto queda judicializado.