El Supremo anula la sentencia que condenó al exalcalde de Calpe por amañar la adjudicación del servicio de basura
La Audiencia Provincial de Alicante deberá dictar una nueva sentencia, que tenga en cuenta las escuchas telefónicas a un empresario, tras anular el fallo que condenó a dos años y medio de prisión por cohecho, prevaricación y fraude a la Administración al exalcalde del PP en Calpe (Alicante) Francisco Javier Morató y a los extenientes de alcalde Fernando Penella y Juan Roselló por adjudicar en 1998 el servicio de recogida de basuras del municipio al empresario Ángel Fenoll a cambio de más de 600.000 euros en sobornos.
Morató, Penella y Roselló fueron condenados además a penas de diez años de inhabilitación. El tribunal les absolvió sin embargo del delito de malversación y, en el caso de Roselló, también de blanqueo.
El alto tribunal estima así el recurso de la Fiscalía contra la sentencia dictada el 24 de octubre de 2022 por la Audiencia de Alicante, que declaró nula una intervención telefónica al adjudicatario del servicio de basuras. Ahora, el TS anula esa resolución y ordena a la Audiencia dictar una nueva sentencia de esta pieza del "caso Brugal" que valore las pruebas indebidamente declaradas nulas.
La intervención estaba justificada
Los magistrados reproducen los argumentos que ya esgrimió el Supremo en 2024 al abordar la causa matriz del "caso Brugal". Entonces, la Sala Penal destacó que el auto por el que el instructor autorizó la intervención del teléfono del empresario, anulado por la Audiencia de Alicante, tenía motivación suficiente.
Fenoll también fue condenado, por los mismos delitos que los tres políticos, en su caso a dos años de prisión, mientras que al cuñado de Roselló, Francisco Artacho, se le impuso una pena de dos años de prisión por cohecho y prevaricación.
La Audiencia absolvió de diferentes delitos al exdirector de la concesión del servicio de recogidas de residuos, a la esposa de Roselló y a un hijo del empresario.
Respaldo al juez
El Supremo señala respecto al auto de 15 de enero de 2018, que la Audiencia de Alicante consideró insuficientemente motivado (razón por la cual anuló esas escuchas), que "al tratarse de un auto que ordena la ampliación de una intervención telefónica previa, porque el investigado ha cambiado de teléfono o utiliza otro, no se precisa de una especial motivación siendo suficiente la motivación realizada al acordar la primera intervención".
A este respecto, se remite a lo que ya apuntó en julio de 2024 al pronunciarse sobre este mismo hecho en relación a la causa matriz del "caso Brugal". Entonces, el Supremo expuso que ese auto "se limita a ampliar la observación a otra línea empleada por los mismos implicados", por lo que resulta "obvio" que si el teléfono "es usado por alguien que ya tenía intervenidas otras líneas, sobra una motivación complementaria: basta con haber comprobado que también usa este teléfono". Para la ampliación de esas intervenciones, recordaba la Sala, "basta que subsistan los indicios más la constancia de uso de las nuevas líneas".
"Cuando una persona está sometida a investigación fundadamente y se ha acordado la intervención de alguno de sus teléfonos, la intervención de una nueva línea que se descubre usada también por tal persona no es necesario más razonamiento que esa constatación", recalcó. "No es preciso cada vez volver a reproducir los indicios que fundan la primera intervención o que han determinado las prórrogas".