La causa de venta de material de doble uso Libia se desinfla y encara su recta final
La Guardia Civil ha entregado en la Audiencia Nacional el informe final sobre una supuesta trama que habría traficado con material de doble uso –aquel con utilidad militar y civil– hasta Libia. El documento se entregó el pasado 10 de febrero, y rebaja mucho las pesquisas iniciales, que llegó a tener una pieza separada en la que se señaló la venta de hasta 44 drones por 14,3 millones de euros. Ahí se pedía la responsabilidad de hasta tres empresas españolas, además de varias personas, aunque en sus conclusiones finales la Benemérita sólo señala a cinco personas y no hace mención a esa parte.
La investigación comenzó en 2023, cuando la Unidad Central Especial 3 (UCE-3) de la Guardia Civil, competente en la materia, detectó que dos personas llevaron sacaron de España 350 cascos de protección, 100 visores térmicos, 200 miras holográficas y 500 raíles picatinny. Todo ello valorado en 360.950 euros. En realidad, sólo llegaron a Libia 20 de los visores, ya que la Guardia Civil frustró el envío del material restante. Según los investigadores, lo intentaron sacar de España «falsamente» declarándolos como equipaje de mano. Todos los investigados lo niegan, según pudo saber este periódico.
La investigación siguió su curso, y se abrieron dos piezas más: una por los ya citados drones y otra por unos supuestos cursos de paracaidismo y buceo que se iban a impartir en Totana (Murcia) a 11 ciudadanos libios para que después, supuestamente, se integrasen en una unidad de élite del Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) que depende de Bengasi. Las defensas alegaron que los cursos eran civiles.
Libia es un territorio dividido en dos desde la guerra civil que vivió el país tras la caída de Muamar el Gadafi en 2011. El conflicto empezó en 2014 y terminó en 2020. Por un lado está Trípoli, la capital al oeste donde el poder se lo disputan distintas guerrillas, y por otro Bengasi, bajo el mando del mariscal Jalifa Haftar, líder del LNA. Este ejército controla el 80% del espacio libio, incluido los mayores pozos petrolíferos de África. Allí lleva operando Repsol desde hace años. El país ha sufrido un embargo total durante años, incluyendo armas, que fue levantado parcialmente el año pasado.
En la causa de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil mantiene que el material que se sacó de España de manera ilegal y el que se frustró, responde a productos prohibidos por las sanciones de Libia, y porque además no se pidieron los permisos necesarios para poder exportarlos. Los acusados, por lo contrario, defienden que se tratan de materiales totalmente legales, que se pueden adquirir en armerías o por plataformas de retail online sin ningún tipo de permiso y que son productos recreativos o deportivos, por lo que no estarían sujetos al embargo libio. Las defensas han presentado distintos informes periciales para demostrarlo y han pedido el sobreseimiento de todas las actuaciones.
Conflicto diplomático
La causa de la Audiencia Nacional levantó un conflicto diplomático entre España y Libia. En verano de 2024, el hijo del mariscal, el general Sadam Haftar, fue retenido en el aeropuerto de Nápoles. La Guardia Civil introdujo en el sistema Schengen un señalamiento por la investigación de la venta de material de doble uso. Al regresar a Bengasi, Haftar ordenó cerrar el principal yacimiento de Repsol, y el juez Manuel García Castellón, entonces al frente del juzgado, tuvo que emitir una providencia dejando claro que el alto mando libio no estaba siendo investigado.
El país africano está en plena reconstrucción después de la guerra civil. Fuentes del Gobierno de Bengasi señalan que el plan para levantar las infraestructuras contempla un presupuesto de «90 billones de euros» del que España se está quedando fuera. Algunas referencias del sumario, en el que se señala al LNA como una «milicia», han provocado un «enfado importante», y el Ejecutivo no tiene pretensión de contratar a empresas españolas.
La semana pasada, la Cámara de Representantes del Estado de Libia –el Congreso de los Diputados del país– dirigió una carta al ministro de Exteriores español a través del embajador que España tiene en el territorio, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN en exclusiva. En la misiva señalan que «los informes y declaraciones emitidos por determinadas instancias de seguridad españolas, que han contenido graves acusaciones y calificaciones incriminatorias infundadas contra las Fuerzas Armadas Árabes Libias, constituyen un acto abiertamente hostil».
El documento exige una «aclaración oficial, escrita y expresa por parte del Gobierno español» y señala al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que, de no hacerlo, será responsable de «cualquier consecuencia política, diplomática o económica que pudiera derivarse de la continuación de esta situación». Además, existe gran malestar con el embajador por su «ausencia de actividad diplomática» y su cercanía con Trípoli, la capital del oeste, «controlada por los Hermanos Musulmanes» (organización controlada por el Centro Nacional de Inteligencia), apuntan las fuentes consultadas. Aunque España abrió a finales de enero una sucursal del consulado en Bengasi, desde el Gobierno del país no tienen buena sintonía con el embajador, por lo que han pedido su relevo.