Mercadeo con los socios por el plan antiguerra
La guerra de Irán es la oportunidad que ha visto el Gobierno para que el Congreso le dé una victoria. Aunque sea solo una. El objetivo es armar una mayoría suficiente con la que sacar adelante el decreto que contendrá las medidas para hacer frente a los efectos económicos adversos que el conflicto en Oriente Medio está provocando y que, poco a poco, comienzan a notarse en el bolsillo de lo españoles. Las gasolineras son un buen termómetro. Y los carteles cambian a diario. Cada vez más céntimos.
El Ejecutivo culminó ayer, a través del ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la primera toma de contacto con los grupos parlamentarios. Fuentes gubernamentales explican a este diario que los socios del Gobierno –PSOE y Sumar– no han pactado paquete de medidas alguno. Los socialistas, de hecho, se han puesto a negociar con el resto de partidos en la Cámara al margen de Sumar, que se ha visto apartado, entre otras cosas porque sus reclamaciones, un impuesto a las energéticas y un límite al precio de los alimentos, son inasumibles para algunos socios del Gobierno, como el PNV.
Los socialistas no quieren que sus compañeros de gabinete interfieran en el mercadeo de favores y concesiones en que se va a convertir la negociación de los efectos de la guerra. Casi nadie en el Gobierno duda de que el decreto será el salvoconducto con el que intentar acercar a los socios a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Aunque estas mismas fuentes desvinculan el decreto con las medidas para contener los efectos del conflicto de las mismas cuentas. «Juntarlo todo complicaría mucho las conversaciones», explica una fuente del Ejecutivo curtido en miles de negociaciones.
Lo cierto es que Sumar va por libre. Por eso, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, intentó ayer influir en la negociación abierta por el PSOE con un dardo a las empresas, a las que pidió que se olviden de que el Gobierno vaya a dejar el IVA de los productos de la compra al 0%, porque eso solo aumenta su margen de beneficio, como sugiere el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Díaz, abiertamente enfrentada a Garamendi, quiere que las multinacionales «aporten y arrimen el hombro».
Por el momento, el Gobierno se ha limitado a pedir aportaciones a sus socios en la Cámara, a los que ha explicado la gravedad de la situación geopolítica que sacude al mundo. La realidad es que el presidente, Pedro Sánchez, está al frente de un Gobierno sin una mayoría que le respalde. La heterogeneidad de sus alianzas le obliga a hacer auténticos malabares para concitar un «sí» a cada norma. «Esto es como una manta: si estiras para taparte la cara, te destapas los pies», concede una importante ministra.
Pero la guerra en Irán, como en su momento el conflicto en Ucrania, puede ser la argamasa que pegue los ladrillos. O eso es, al menos, con lo que cuentan en la Moncloa. Además de con el «no» del PP y de Vox. Pero el resto de partidos que votaron la investidura del líder socialista son otro cantar. El plan del PSOE es seducir con lo que sea y que Sumar pierda parte de su capacidad para bloquear o condicionar el contenido final. «Si llegamos antes, ellos no nos marcarán las medidas», concede un dirigente socialista.
En cualquier caso, cabe reseñar que los socialistas se valen de otro punto a tener en cuenta para apartar a sus aliados. Sumar es un proyecto político en fase de mutación. Es una coalición que carece de liderazgo tras el paso atrás dado por Yolanda Díaz, quien no se volverá a presentar como candidata en unas elecciones generales. Es más, Sumar ya no se llamará así. Será otra cosa. Todos los partidos de izquierda que integran esa coalición carecen de capacidad por sí mismos para imponer nada en el Consejo de Ministros. El presidente Sánchez lo sabe y lo explota.
No obstante, en el Gobierno se mueven en la incertidumbre. Entre otras cosas porque admiten que cada palabra de Trump cambia por completo el marco y la toma de decisiones. Es probable que se tomen en diferentes consejos de ministros. Mientras, los organismos públicos, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), repasan al minuto la situación económica. Hoy será el turno de los agentes sociales, patronal y sindicatos para abordar la situación.
El ministro Bolaños explicó ayer que el plan previsto por el Gobierno tendrá dos pilares, uno de ellos con respuestas coyunturales desde el punto de vista socioeconómico, y otro de medidas «estructurales». Sánchez, comparecerá el 25 de marzo en el Congreso para pronunciarse sobre el conflicto en Oriente Medio, y se prevé que sea entonces cuando anuncie las medidas que pondrá en marcha. El presidente usará esa comparecencia para seguir en ciclo de campaña permanente en el que se mueve el Gobierno.
Ayer anunció que pondrá en marcha un «odiómetro», que dependerá del Ministerio de Inclusión, para monitorizar los discursos de odio en las redes sociales. Y todo con el fin de alimentar la tesis de que la ola ultraderechista, que sitúa en Estados Unidos, ha inundado el discurso público y altera la capacidad de conformar una opinión libre.