El Congreso valora la medida de UPN para impedir que condenados por terrorismo trabajen con menores: "Ni ética ni moral"
El regreso de la actividad parlamentaria al Congreso de los Diputados tras las elecciones de Castilla y León cuenta con novedades para los etarras y los condenados por terrorismo. Con el propósito de modificar la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Subvenciones, Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha presentado una propuesta para terminar con los beneficios de los condenados.
En el documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN registrado el pasado mes de diciembre y que se debatirá en la Cámara Baja esta tarde, se propone que las personas que hayan cumplido condena por actividades terroristas no puedan optar a empleos públicos en los que se produzca un contacto con menores de edad. La medida, que también eliminará las subvenciones, se produce a raíz de la contratación en un Instituto público de Tudela, en Navarra, de un condenado por pertenencia a ETA como profesor.
Desde las filas de la formación navarra se apunta que "la deslegitimación del terrorismo es especialmente importante en las generaciones actuales y futuras" y el primer paso es eliminar los riesgos de adoctrinamiento en los centros educativos que "deben promover los valores de paz, democracia, respeto a los derechos humanos y rechazo de la violencia".
En este sentido, el único diputado de UPN en el Congreso de los Diputados, Alberto Catalán, ha señalado que la regulación no respeta los valores democráticos y el dolor de las víctimas. "Un pasado vinculado a acciones terroristas debe inhabilitar moral y éticamente para impartir docencia y ser responsable del desarrollo educativo de niños y jóvenes. No tiene ni ética ni moral", ha asegurado.
Respecto a las subvenciones, UPN reclama que tampoco se puedan beneficiar las personas jurídicas que tengan como empleadas o subcontraten a otras que se encuentren en dicha circunstancia.
Una requisito específico para reforzar la lucha contra ETA
Para reforzar el impacto de la medida que deberá obtener la luz verde del Congreso esta tarde se añade un artículo en el que se establezca "como requisito específico" para poder optar al proceso "no haber sido condenado por sentencia firme" por cualquier delito de terrorismo, tipificado tanto en el Código Penal. Siguiendo el ejemplo de la regulación migratoria se deberá presentar la certificación.
La medida fue firmada el pasado mes de diciembre ante la concesión de terceros grados fraudulentos por el Gobierno vasco y que superan la centena desde la llegada de Sánchez a la Moncloa. También se encuentra motivada por los diversos actos promovidos por la izquierda abertzale para "honrar" la memoria de los etarras. En este sentido, Covite registró 374 actos de apoyo a los miembros de la banda armada en 2025.