Renfe espera que su empresa propia de autobuses esté creada antes de acabar el año y que su gasto anual ascienda a 50 millones
Renfe espera que su nueva empresa para asumir los Planes Alternativos de Transporte (PAT) por carretera sin recurrir a terceros esté creada antes de que acabe el año y que su gasto ascienda a 50 millones anuales de media en sus 10 años de vigencia. En cuanto a los vehículos que necesitará, aunque no concreta una cifra, ya que dependerá de las ofertas que presenten las compañías interesadas, la operadora estima que usará entre 200 y 300 autobuses diarios en momentos pico.
Según han indicado fuentes de Renfe a los medios, más de 10 grupos de empresas -el 40% con una flota de más de 300 autobuses- han mostrado ya interés en formar parte de la empresa mixta que creará para no depender de terceros ante cortes ferroviarios que requieran la activación de Planes Alternativos de Transporte (PAT) por carretera. El proyecto, anunciado a inicios de mes, está en fase de solicitudes de participación, cuyo plazo acaba el 8 de abril.
Renfe explica que ya detectaba una "necesidad imperiosa" de atender a un número creciente de planes alternativos en 2023 como consecuencia de la mejora de la estructura ferroviaria gracias a la inyección de fondos europeos, que requiere cortes y la activación de servicios alternativos. Esta necesidad fue creciendo desde 2020 hasta 2023, cuando se pasó de una gran disponibilidad de flotas de autobuses por el descenso del ocio por las restricciones de movilidad a una importante dificultad para cubrir esos servicios. La falta de disponibilidad de flota del mercado ha dejado licitaciones desiertas, reconoce el operador, y otras se han cerrado con precios hasta cuatro veces superiores a los del mercados, como ha ocurrido con los planes alternativos de transporte de la línea R3 de Rodalies. Como referencia, el gasto de Renfe en autobuses por PATs alcanzó en 2025 los 68 millones de euros, un 825% más que en 2020 (7,3 millones de euros) y máximo de toda la serie. El año pasado, los autobuses medios diarios se situaron en 283, con picos de hasta 425 (33 y 40, respectivamente en 2020).
Ante este contexto de escasez y altos precios, Renfe considera que la creación de una empresa participada es la mejora alternativa para ofrecer servicios de transporte alternativo de calidad, al contar con el conocimiento y saber hacer de compañías de autobuses, a la vez que reduce costes. "Hemos evaluado muchas alternativas, entre ellas la de hacer una acuerdo marco", han apuntado, pero en el pasado han quedado “desiertos” porque no han sido capaces de satisfacer las necesidades de Renfe. "La única figura que se ajustaba a las necesidades era una empresa participada", han asegurado. No obstante, también advierte de que habrá un régimen de penalizaciones y habrá mecanismos para resolver la participada si no cumple los requisitos de calidad exigidos. Este mismo viernes, la CNMC y Renfe tendrán una reunión para ahondar en el proceso de creación de la empresa participada.
Renfe cifra en casi 1.000 millones de euros el valor del contrato que ha licitado para buscar una alianza con una compañía especializada en el transporte en autobús para crear una filial mixta de buses. Según los pliegos del contrato, el valor de esta licitación asciende a 923,3 millones de euros (IVA excluido) para un periodo total de 15 años. El contrato inicial baraja un plazo de 10 años por 588 millones, pero con posibles prórrogas por un periodo adicional de 5 años. Con esta licitación, Renfe busca un socio que controle el 51% de una nueva empresa, quedándose la operadora ferroviaria pública con el restante 49%, para disponer de una flota estable de autobuses y de personal de conducción suficiente para establecer planes de transporte alternativo por carretera (PAT) cuando el viaje en tren no es posible.
Para asegurar la eficiencia del servicio, Renfe busca que solo las grandes empresas se puedan presentar al concurso y ya ha establecido en sus pliegos requisitos económicos como que los interesados tendrán que tener una facturación igual o superior a los 75 millones de euros en alguno de los tres últimos ejercicios, haber firmado contratos de servicios similares en los últimos tres años que sumen más de 35 millones de euros anuales, contar con un mínimo de 500 autobuses en propiedad (o 300 si se presenta en consorcio) y tener capacidad operativa en Barcelona, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, por lo menos en una de las siguientes provincias: Sevilla, Málaga, Córdoba o Granada. Estas empresas, además, serán españolas. "Hay requisitos que van a hacer imposible que una empresa extranjera pueda licitar", señalan desde Renfe.
Este requisito ha puesto en "pie de guerra" a las pequeñas y medianas empresas, que quedan excluidas de la licitación cuando gran parte de los planes alternativos por carretera actuales los prestan ellos. De hecho, dos patronales de autobuses, Direbús y Anetra, han anunciado que van a recurrir el proyecto. Fuentes de Renfe insisten en que no está "cerrando la puerta" a que las pequeñas empresas puedan concurrir, siempre que en el consorcio haya una empresa con más de 300 autobuses. Ante la amenaza de las pymes, Renfe responde que "es muy complicado que ya lancen esta intención cuando no conocen lo que hay entro de los pliegos". Renfe entiende que "esta solución es la que mejor satisface las necesidades que tiene", para evitar que los planes queden desiertos o con precios desorbitados.
Asimismo, desde Renfe señalan que la empresa participada podrá subcontratar a pequeñas y medianas empresas que aportarán la capilaridad necesaria dentro del apartado de los servicios prestados por terceros, la tercera pata del modelo (las otras dos son los servicios prestados con recursos de la sociedad participada, que serán autobuses nuevos, y servicios prestados por el licitador), que se activará cuando haya necesidades repentinas y urgentes. Estos representarán en torno al 15% o 20% del volumen de los planes alternativos, ya que actualmente el 85% del gasto es planificado y el 15% restante corresponde a necesidades urgentes.