Batea SCJN acción contra la extinción de 109 fideicomisos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la extinción de 109 fondos y fideicomisos ordenada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para destinar esos recursos a la atención de la pandemia por Covid-19, por lo que puso fin a la disputa iniciada en 2020.
El ministro Arístides Guerrero propuso declarar infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición al estimar que la desaparición o modificación de los fideicomisos no elimina las obligaciones estatales sino que modifica la vía para cumplirlas, sustituyendolas por mecanismos presupuestarios directos u otros mecanismos. Su propuesta fue avalada por siete votos a favor.
Asimismo, el análisis del ministro descartó afectaciones a derechos fundamentales, pues diversas leyes reformadas prevén que las dependencias correspondientes deben seguir financiando las mismas finalidades con cargo a sus respectivos presupuestos.
Entre los fideicomisos sepultados se encuentran aquellos destinados a la ciencia, cultura, deporte, medio ambiente y atención a víctimas, cuya desaparición ya se había avalado el 12 de enero al resolver una controversia constitucional promovida por los gobernadores de Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y Jalisco.
El ministro Giovanni Figueroa, que votó a favor, se dijo en contra de eliminar la obligación de destinar un presupuesto suficiente para garantizar ciertos derechos económicos, sociales, culturales, lo cual, aseguró, es una “obligación que se desprende de la Constitución”.
El presidente de la Suprema Corte, el ministro Hugo Aguilar, indicó que el máximo tribunal no es “ajeno a que se requiere de estas garantías presupuestarias a favor de algunos derechos humanos”.
En la discusión, la ministra Lenia Batres afirmó que el gobierno federal llegó a contar con más de 300 fideicomisos y fondos, los cuales concentraron aproximadamente 835 mil millones de pesos, operados a través de instituciones financieras privadas y sujetos al secreto fiduciario, lo que acusó impedía su fiscalización.