Rosell, expresidente del Barça, no convence al Supremo: rechaza que se le indemnice con 29,7 millones 645 días en prisión preventiva
El Tribunal Supremo no da la razón a Sandro Rosell. La Sala Tercera ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoció al expresidente del FC Barcelona el derecho a ser indemnizado con 232.500 euros por los casi dos años (645 días en total) que pasó en prisión preventiva entre mayo de 2017 y febrero de 2019 antes de ser absuelto de integrar una organización criminal para blanquear comisiones de partidos de la selección brasileña de fútbol.
Los magistrados rechazan así el recurso de casación del exmandatario blaugrana, que reclamaba ser resarcido con 29,7 millones de euros por los daños morales y perjuicios económicos causados por su estancia en prisión, pues se vio obligado a aparcar sus negocios empresariales.
La Sala no aprecia interés casacional en su recurso "por el casuismo que preside las cuestiones suscitadas", cuestionando la valoración de las pruebas que efectuó la Audiencia y pretendiendo realmente, dice, que el Supremo se pronuncie "sobre la cuestión de fondo del pleito en un sentido diferente al acordado" por el citado tribunal, "lo cual resulta incompatible con el vigente sistema casacional".
Por si fuera poco, señala que la sentencia de la Audiencia Nacional no contiene, ni tampoco la defensa de Rosell lo justifica, "un apartamiento deliberado de la jurisprudencia existente". El tribunal, presidido por el magistrado Pablo Lucas, impone además las costas al expresidente del Barça, con un límite de 2.000 euros.
Los traslados de su familia a la cárcel
Entre los gastos por los que Rosell reclamaba una compensación millonaria se incluían los gastos en abogados y lo que se gastó su familia para ir a visitarlo a prisión.
La Audiencia Nacional acordó indemnizarle en contra del criterio del Ministerio de Justicia, que no apreció una responsabilidad patrimonial de la Administración que justificara indemnizarle por su estancia preventiva en la cárcel durante la instrucción del procedimiento.
La sentencia ahora recurrida fijó los daños morales en 50.000 euros y en 120.000 euros el lucro cesante, el dinero que dejó de percibir por la rescisión de un contrato con la auditora Ernst&Young que estaba vigente desde 2008. En esa misma línea, le reconoció otros 62.500 euros por lo que desembolsaron sus familiares para visitarle en la prisión de Soto del Real (Madrid). En total, 232.500 euros.
Pero la petición de Rosell iba mucho más allá, pues reclamaba 405.000 euros por el perjuicio reputacional; 320.000 por el perjuicio afectivo; otros 200.000 euros por daños psicológicos; 300.000 por la rescisión de diversos contratos y 27,7 millones por los negocios que se fueron al traste a consecuencia de su estancia en la cárcel. A eso unía 668.904 euros de gastos en abogados (que la Audiencia incluyó en las costas procesales); 62.950 euros por los desplazamiento de familiares a prisión; y 34.660 por gastos financieros.